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En más de cuatro reuniones de muy alto nivel se terminó de delinear un documento de seis páginas con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro les da un nuevo sustento jurídico y político a las mesas de conversación que tiene con grupos criminales urbanos y rurales en el marco de la llamada paz total. Y –pese al hermetismo con el que se ha manejado– El Espectador accedió a su contenido completo y halló temas espinosos que seguro desatarán un duro debate, en especial el relacionado con establecer “una zona de ubicación temporal” con cada una de esas organizaciones cuando se den avances certeros en los diálogos.
La medida está consignada en un borrador de decreto al que solo le falta la firma de Petro para que entre a hacer parte del ordenamiento jurídico del país y cuyo objetivo central es modificar “el Título 6 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República y se desarrolla la Política de Paz Total”.
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Allí, en la página seis, quedó consignado en uno de los parágrafos que las negociaciones de paz, como las que se adelantan con un sector de las disidencias de las FARC y el ELN, al igual que las mesas sociojurídicas que se siguen con bandas ligadas al narcotráfico sin un gen político en sus orígenes –Clan del Golfo, Los Pachenca, Los Shottas y, entre otros, La Oficina– pueden derivar en el establecimiento de regiones en las que se ubiquen quienes vayan a dejar las armas y buscar su retorno a la legalidad.
“Una vez se constituya una zona de ubicación temporal por acuerdo o compromiso entre las partes en proceso, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicará tal decisión al Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, para efectos de la suspensión de órdenes de captura”, se estableció en ese apartado.
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Y, además, se dejó claro que “la comunicación deberá incluir la ubicación geográfica de la zona, los GAOML, EAOCAI y GAO que harán presencia en la misma, y los listados de personas que la ocuparán, conforme con la información brindada por los miembros representantes”.
Este movimiento jurídico hace parte de los ajustes que viene haciendo la Casa de Nariño desde hace algunas semanas y cuyos puntos clave reveló este diario hace 15 días, cuando mostró que el Ejecutivo y sus asesores de paz exploran varias rutas para dar alternativas penales dentro de la paz total. Y, precisamente, uno de los puntos a suplir es la falta de un marco jurídico claro que permita los desarmes de narcobandas como con las que se está negociando. Además, tema que aún se está trabajando, se requiere intervenir la vigencia de la Ley 975 de 2005 de Justicia Paz, pues sus 20 años de vida se terminan en 2025 y aún hay al menos 10.000 exparamilitares esperando sentencia.
Lo que sí está descartado, según varias fuentes oficiales con las que habló este diario, es que se den espacios como el que caracterizó El Caguán durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), cuando se despejó una amplia región del Caquetá para que las entonces FARC se ubicaran libremente. Esa medida se analiza en la actual administración como “un error” que no se puede volver a cometer.
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“El Consejero Comisionado de Paz, al verificar la voluntad real de paz y de tránsito a la paz de los GAOML, GAO y EAOCAI, podrá reconocer y valorar el desarrollo y ejecución de acciones previas, tales como las expresiones públicas de paz, acciones humanitarias, contribuciones al desminado humanitario, el diseño de acciones restaurativas, los ceses al fuego, las acciones de desescalamiento de la violencia, la contribución a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la liberación de personas secuestradas, la entrega de niñas, niños y adolescentes reclutados/as. Los actos que demuestran voluntad para el desarrollo de procesos se deben caracterizar por buscar el desescalamiento de las actividades y conductas delictivas que afectan a la población civil”, se consignó en otro de los puntos del borrador de decreto.
Pero, y con todas esas siglas para referirse a las bandas urbanas y rurales con las que se negocia, ¿qué quiere decir cada denominación? En el mismo documento se estableció que GAOML son grupos armados organizados al margen de la ley, cuya definición es la de “organizaciones armadas rebeldes que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y con la cuales se adelante un diálogo de un carácter político”.
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Los GAO son los grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, “ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”; no se les reconoce carácter “rebelde” o político. Y las EAOCAI son las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que se definieron como “organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dedican a la ejecución permanente o continua de conductas punibles (…), que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.
Eso es importante para el Ejecutivo. Con los primeros, los denominados GAOML, se hacen diálogos de carácter político que deriven en un proceso de paz; y con las otras dos –GAO y EAOCAI– se hacen conversaciones para “lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.
“Sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Finalidad legítima de los acercamientos y conversaciones con sujeción a los términos que establece el Código Penal y la Ley 1908 de 2018 aplicable exclusivamente a GAO o EAOCAI”, se dejó explícito en un apartado de la página 5 del borrador de decreto. Con esto, en principio, se descartaría tramitar en el Congreso, donde cada vez el presidente Petro tiene un ambiente más adverso, una reforma legal que permita abrir nuevos beneficios para estas bandas.
Otro de los aspectos que generará polémica es la especificación en torno a que son las autoridades regionales las que deben facilitar económicamente los desarrollos de estos procesos, por supuesto con el apoyo del Gobierno Nacional. Administraciones como las de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, y la de Meta, liderada por Rafaela Cortés, han sido muy críticas a la paz total de Petro y se han mostrado en desacuerdo con los ceses al fuego y la pasividad con los ilegales que operan en sus regiones.
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Pero el documento es explícito: “En el marco de su autonomía administrativa y presupuestal, las autoridades territoriales dispondrán de los recursos necesarios para la financiación de las acciones que se desarrollen en su jurisdicción”.
Este nuevo intento de darle legitimidad a los diálogos con criminales llega en momentos en que el comisionado de Paz, Otty Patiño, advirtió que el ELN está “matando” la negociación y que el Clan del Golfo se quiere “tomar” Quibdó (Chocó) permeando las bandas con las que en esa capital hay acercamientos oficiales. Además, como también lo advirtió este diario, personas del entorno de Petro confirmaron que el relato constituyente se retomaría para que la paz sea un tema crucial en las elecciones del 2026, en las que el progresismo de Petro quiere retener el poder y la oposición recuperar su espacio en la Casa de Nariño.
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En todo caso, como dijo Patiño en la memoria justificativa del borrador de decreto –documento de 10 páginas y también en poder de El Espectador– “con estos elementos, el Presidente de la República ha decidido fijar un marco operativo para los procesos en el marco de la política de paz que es consistente con las leyes vigentes en la materia, así como concordante con la reglamentación existente, y también con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la condición de los procesos”.
La polémica está servida y aún hay expectativa no solo por el revuelo que causarán estas disposiciones, sino también por la forma en que los grupos criminales la recibirán.
Este es el borrador de decreto que analiza el Gobierno del presidente Petro:
Vea aquí la memoria justificativa del decreto firmada por el comisionado Patiño:
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