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Nayib Bukele, “presidente millennial” de El Salvador, celebró a finales del año pasado la cifra más baja de homicidios en el país desde 1992. Fueron 1.140 muertes violentas, una reducción de casi el 14 % respecto a 2019, año de su llegada al poder, y seis veces menos homicidios que en 2015, cuando comenzó la más reciente tendencia a la baja de la violencia en el país. Según el gobierno, el logro hacía parte del Plan de Control Territorial desplegado por la policía y el ejército para quitar poder a los 70.000 pandilleros que manejan desde la movilidad hasta la economía legal e ilegal en barrios enteros.
Bukele jugaba a los anuncios de mano dura contra los pandilleros presos y a los patrullajes que, más que “control territorial”, proporcionaban algo de publicidad internacional. Mientras tanto, negociaba con los líderes de las maras en las cárceles. El periódico El Faro documentó desde septiembre de 2020 decenas de reuniones entre el director de Centros Penales y líderes de las maras llevados a las cárceles para lograr acuerdos con el gobierno. La posibilidad de vender pizza y pollo frito en las prisiones, el traslado de guardianes agresivos, las celdas exclusivas para miembros de las mismas pandillas y promesas de beneficios si el partido del presidente ganaba las elecciones legislativas de 2021. Las maras se comprometían a controlar los homicidios, a mantenerse “calmados” y a ejercer el “control territorial” que es esquivo al gobierno de Bukele y los anteriores. Hagámonos pasito, era la consigna.
Pero algo dejó de funcionar y El Salvador sufrió a finales de marzo el más violento fin de semana en lo que va del siglo XXI. En solo tres días, entre el 25 y el 27 de marzo, se cometieron 87 homicidios y de inmediato el gobierno logró aprobar en la Asamblea Legislativa un régimen de excepción por 30 días. Se pueden hacer detenciones sin orden judicial, al igual que interceptaciones y allanamientos; el ejército custodia las entradas a los barrios y obliga a identificarse como residente para entrar y salir; los medios solo pueden actuar bajo vigilancia de los militares y un simple grafiti alusivo a las maras puede dar hasta 15 años de cárcel. En apenas 15 días el gobierno muestra con orgullo más de 8.500 detenciones. Cientos de menores han caído en las “pescas” de la policía y el ejército.
Esas son medidas en los decretos gubernamentales, pero en Twitter y en las ruedas de prensa la cosa es a otro precio. Bukele publica fotos de los detenidos y anuncia 40 años de cárcel, jura por Dios que no les dará “ni un grano de arroz” a los presos si las pandillas desatan una nueva ola de violencia. La semana pasada la policía publicó videos donde se tortura a los capturados. Las imágenes se bajaron de las páginas oficiales minutos después. El secretario de Estado de EE. UU. criticó las violaciones de derechos humanos y Bukele respondió vía Twitter con las fotos de los abusos en Guantánamo: “Tengo un amigo periodista, quiere acceder a Guantánamo para ejercer su derecho a la ‘libertad de prensa’ y comprobar si los detenidos disfrutan de sus ‘libertades civiles’… Tienes terroristas que te amenazan y nosotros tenemos terroristas que nos amenazan”. El presidente de El Salvador reconoce que se tortura en las cárceles de su país, las compara sin problema con Guantánamo, está orgulloso de dirigir la violencia oficial.
En América Latina nos hemos acostumbrado a los alardes de violencia de muchos gobiernos, a su idea de que es posible igualarse a los criminales para vencerlos. Pero Bukele parece haber pasado un nuevo límite, ya no se trata de ocultar las torturas sino de publicitarlas. Sabemos de sobra lo que sucede cuando se busca el aplauso ciudadano exhibiendo la brutalidad.
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