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El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) realizó por primera vez una convocatoria de estímulos a través de la Comisión Fílmica de Cartagena, destinada al fortalecimiento del sector audiovisual local. La iniciativa buscaba apoyar y promover la creación cinematográfica en la ciudad, pero un posible caso de corrupción ha hecho que se cuestionen los procesos de la entidad.
La convocatoria se abrió con el fin de “impulsar el talento local y dinamizar el ecosistema audiovisual de la ciudad.” La oferta económica ascendía a 200 millones de pesos, distribuidos en 14 estímulos en categorías como escritura de guiones, producción, postproducción, animación y circulación de contenidos.
En la categoría -Creación y producción de cortometraje documental- se entregaban 15 millones de pesos a cada ganador. Uno de ellos fue Jessica de la Barrera Cabeza, quien no podía participar, debido a que es una contratista vigente de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
Barrera se inscribió como persona natural, pese a que en EL Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) hay un contrato vigente con la alcaldía hasta septiembre de 2025, por “prestación de servicios profesionales en la gerencia de espacio público y movilidad”.
Luego de dar a conocer los resultados y ante denuncias sobre su inhabilidad, el IPCC revocó el estímulo mediante la Resolución 75 de 2025. Pero la acción se tomó después de que Diego Armando Paternina enviara una carta al director encargado del IPCC, Walter Navarro, señalando inconsistencias en el proceso de selección.
El Espectador conversó con Lucy Espinoza, directora del Instituto de Patrimonio Cultural (IPCC), quien ratificó su respaldo al equipo que entregó los estímulos. “Recibimos las postulaciones con buena fe, las evaluaron jurados especializados y, posteriormente, recibimos dos denuncias: una de un ciudadano y otra del Consejo de Cine. Eso encendió las alertas”.
Sumado a eso, la funcionaria asegura que “revisamos todo desde cero y descubrimos que la beneficiaria era una contratista. Por eso revocamos la resolución. Ella, como cualquier ciudadana, ejerció sus derechos al solicitar que analizáramos la situación”, agregó.
Para Espinoza, el que no se haya entregado el dinero, hace que lo que pasó no se considere corrupción, sin embargo, la veeduría que hizo tanto el ciudadano como el Consejo de Cine evidencia que sí hubo irregularidades en el momento de verificar si los concursantes cumplían las condiciones.
La revisión independiente evidenció varias cosas: el primer puesto no cumplía con los requisitos establecidos para recibir el premio, y el control de las inscripciones resultó ser insuficiente, especialmente considerando que las condiciones para participar estaban claramente definidas.
Este incidente resalta una preocupación recurrente entre los cartageneros, quienes han cuestionado durante años la transparencia y la gestión de procesos culturales impulsados por el IPCC. “Estos hechos dañan la confianza que estamos intentando reconstruir en una ciudad que ha cuestionado el apoyo a las manifestaciones culturales durante décadas”, afirmó la directora, quien ha resaltado que había un director encargado cuando se otorgaron los estímulos.
“Hay un equipo interdisciplinario conformado por abogados, técnicos y especialistas en convocatorias, pero yo soy la responsable final. No me gusta acusar a mi equipo; somos un todo, y como tal, el instituto debe responder ante estas situaciones. Es algo que estamos revisando minuciosamente”, dijo Espinoza.
Al ser consultada sobre las medidas que tomará para evitar futuros errores, la directora fue enfática al decir que habrá una exigencia mayor en los procesos. “Lo que hice fue redoblar esfuerzos, y ahora el equipo está mucho más nutrido y comprometido. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío para garantizar la transparencia y la equidad en nuestras convocatorias.”
El portal la Contratropedia Caribe, público que los resultados de la convocatoria pasaron desapercibidos hasta el 22 de abril, cuando el concejal de oposición Javier Julio Bejarano denunció en el cabildo la entrega del estímulo a De la Barrera.
En entrevista con El Espectador, Bejarano destacó que: “lo grave de este asunto es que hemos logrado demostrar cómo un contratista del distrito, es decir, personas que trabajan al servicio del mismo, han recibido estímulos”.
Puntualiza que las personas involucradas en la producción audiovisual, los artistas y los actores culturales y artísticos tienen una característica distintiva: su trabajo suele ser por proyecto. “Es difícil que tengan empleo todo el tiempo. Por eso, es crucial que estas convocatorias se realicen con total transparencia”.
Otras denuncias para el IPCC
Paralelamente a la denuncia sobre una presunta violación de las normas de inscripción por parte del ganador de una convocatoria, el concejal Bejarano ha presentado dos nuevas denuncias que ponen bajo escrutinio al Instituto de Cultura y Patrimonio de Cartagena y sus procesos administrativos.
La primera es por la convocatoria “Cartagena, Ciudad de Derechos” en la categoría “Creación artística”, que se entregó en 2023 a Andrés Porras Villamil, presidente de la Federación de Surf de Colombia. El concejal cuestiona los mecanismos de escogencia y ¿Qué trayectoria en el ámbito cinematográfico y audiovisual posee esta federación para haber obtenido una calificación perfecta del 100%?
En respuesta a estas acusaciones, el IPCC, emitió un comunicado en el que asegura que, en la convocatoria “Portafolio de Estímulos 2024 – Cartagena, Ciudad de Derechos”, en la línea “Creación artística”, no se registraron inhabilidades ni incumplimientos de las normas establecidas por los participantes. Además, el instituto sostuvo que los estímulos fueron otorgados bajo las condiciones del jurado.
Sumado a esto, el concejal Bejarano presentó ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud de denuncia penal y una queja disciplinaria relacionadas con presuntas irregularidades en el Festival de Música del Caribe 2025.