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El presidente Gustavo Petro le puso fin a la discusión jurídica en torno a si era viable o no la extradición de un indígena de 76 años a quien Estados Unidos acusa de oficiar como narcotraficante para grupos criminales como el ELN.
Se trata del guajiro Rafael Valdeblanquez Jusayu, al que las agencias federales identifican con los alias de ‘don Rafa’ o ‘tío Rafa’ y quien se encuentra tras las rejas desde febrero de 2022, cuando un comando antinarcóticos llegó hasta su casa en Maicao para efectuar una orden de arresto por tráfico internacional de estupefacientes.
Valdeblanquez, reconocido por el Ministerio del Interior y las autoridades indígenas como miembro de la comunidad Wayuú, tiene un expediente penal en la Corte del Distrito sur de Florida, en el cual consta que –de acuerdo con fuentes en terreno– tendría alianzas con los escuadrones del ELN que operan en la región de Catatumbo (Norte de Santander), donde adquiriría la cocaína.
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De acuerdo con el indictment federal, rotulado como Caso 21-20213-CR-UNGARO/REID, este sujeto movía el alcaloide desde esa zona hacia la Alta Guajira, específicamente hacia Parajimaruhu y Puerto Inglés. Cuando el cargamento ilegal arribaba a esta región, su zona de influencia durante las últimas cinco décadas, lo encaletaba –según el expediente– en propiedades suyas y de presuntos testaferros.
Cuando ultimaba los contactos necesarios con enlaces en el Caribe y Centroamérica, movía la cocaína en lanchas go fast hacia puertos clandestinos en Aruba, Honduras, República Dominicana y, entre otros países, Puerto Rico. Sus contactos en estas regiones, dijo la justicia estadounidense, eran quienes terminaban metiendo la droga ilícita en territorio norteamericano.
Al cargamento por el que terminó acusado de cuatro cargos en Florida, según documentos oficiales en poder de El Espectador, se le hizo una trazabilidad que arrancó el 4 de diciembre de 2018 desde La Guajira y terminó en Estados Unidos el 4 de enero de 2019. Lo que se lee en la acusación es que Valdeblanquez logró, con ese trayecto, meter 253 kilos de cocaína de alta calidad. En todo caso, de acuerdo con la investigación, hubo más envíos ilegales de droga que los aliados de este guajiro lograron coronar.
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Pero este caso sería el de otro presunto narco más que cae en territorio colombiano por solicitud judicial estadounidense, si no fuera por los detalles de su expediente. Este diario estableció que, en octubre pasado, apeló la extradición que en su contra autorizó el Gobierno del presidente Petro, alegando –entre otras cosas– su avanzada edad y su pertenencia jurídicamente reconocida a una comunidad indígena.
Y si bien ese mismo argumento lo quiso esgrimir durante el trámite de su caso en la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Penal le dio el visto bueno a la Casa de Nariño para concretar su envío a una cárcel en Florida a mediados del año pasado, ni el Ministerio de Justicia ni el alto tribunal le dieron credibilidad. Incluso, coincidieron en advertir, según consta en la resolución ejecutiva 395 del 20 de diciembre de 2023 –firmada por Petro–, que ni el hecho de contar con una sanción de la jurisdicción indígena podría ser impedimento legal para su extradición.
En efecto, según consta en los folios penales contra alias ‘don Rafa’ o ‘tío Rafa’, la jurisdicción indígena de la comunidad Wayuú lo sancionó con la obligación de estar al menos durante 14 años consecutivos sin salir de las fronteras del resguardo de la Alta Guajira y, de paso, le expropió varias de sus riquezas.
Eso pasó en el primer semestre del 2021, antes de que se ejecutara la orden de captura que se libró por pedido de la Corte del Distrito Sur de Florida. En ese momento, además, se le quitaron 187 cabezas de ganado vacuno, 346 cabezas de ganado ovino y, entre otras propiedades, una camioneta Ford F-350 de color blanco y modelo 2007, cuyas placas –A22DA2M– están registradas en Venezuela.
También se quiso alegar que en al menos dos despachos judiciales colombianos se le estaba juzgando por narcotráfico y que, por ende, su extradición no se debería avalar por tratarse de un escenario jurídico similar. Incluso, se dijo que “padece estrechez uretral como consecuencia del tratamiento de un cáncer de próstata, (…) lo cual se le acentuó por la infección del covid”.
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Pese a todo esto, y a que en medio está un proceso de diálogo con el ELN con el anuncio condicionado del fin del secuestro por parte de esa guerrilla y de un cese al fuego varias veces violentado por sus integrantes, ni el Ministerio de Justicia ni la Casa de Nariño le dieron viabilidad jurídica a la apelación que Valdeblanquez interpuso para intentar frenar su extradición y, por eso, en la penúltima semana del 2023 Petro formalizó su envío a una cárcel federal en Estado Unidos. Ese proceso ya está andando.
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