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Johan Alexánder Torres tiene 16 años, es un chico trans, bisexual y estudiante de último grado en un colegio distrital de Bosa. Tras la pandemia, no solo cambió de colegio, sino que llegó asumiendo su nueva identidad de género, por lo que uno de sus primeros pasos fue pasar una carta a la orientadora pidiendo permiso para usar el uniforme de hombres.
“Nadie sabía de mi identidad anterior. Al principio, los directivos, el coordinador, los compañeros me apoyaron, pero hubo un momento en que se quitaron la máscara y empezaron a tratarme feo, a hacerme comentarios horribles. Y este año empeoró todo, porque me empecé a maquillar y eso iba en contra de los estereotipos del género con el que me identifico”, comentó en entrevista para El Espectador.
Para él, su colegio no ha sido un espacio del todo seguro. Incluso llega a percibir que se permite la discriminación y denuncia que ha sido víctima de amenazas en la institución. “Pasaban al frente de los profesores, pero no hacían nada. Una vez, en educación física, me intentaron golpear y el docente me respondió que debía irme de la cancha. Otros me decían que, si había tomado la decisión de ser trans, tenía que aguantarme ese tipo de cosas”.
Ante el hastío por esta serie de discriminaciones, Johan decidió interponer hace tres meses un derecho de petición ante la secretaría de Educación, que terminó con una inspección y ofrecimiento de un taller de la Personería de Bogotá, “pero al final, la secretaría nos respondió diciendo que no era bullying, sino un conflicto”.
Su vivencia no es el único caso. Julián Carreño es un joven universitario, que igualmente recuerda a su colegio como un espacio poco seguro. “Hasta décimo grado prácticamente tuve que ocultarme por ser gay, pues la presión del mismo entorno me impedía salir del closet. Cuando lo hice, frente a profesores que ni se lo esperaban o estudiantes que me persiguieron, fue un acto reivindicativo y político, porque siempre me hicieron sentir como la oveja negra del colegio, como si mi voz no valiera”.
Fue entonces que, a partir de lo que vivieron, Torres y Carreño tomaron sus experiencias para impulsar su activismo y este lunes acompañaron, por casi cuatro horas (junto a otros estudiantes), el debate en torno al Proyecto de Acuerdo 399 de 2024, que busca espacios libres de discriminación para la población LGBTIQ+ en los colegios distritales. Esta vez, contrario a lo que ocurrió hace dos meses cuando archivaron el proyecto (varios concejales se salieron de recinto para no darle trámite), finalmente recibió luz verde en primer debate.
Con 10 votos a favor y dos en contra, el proyecto obtuvo ponencia positiva, que recibió con júbilo Juan Pablo Otero, uno de los autores del texto, que fue respaldado por el concejal José Cuesta (Colombia Humana). “Este proyecto iba a casi para cuatro años sin ser aprobado. Aunque no va a solucionar muchísimas cosas, porque la problemática es gigante, tengo el sueño que nadie más sea asesinado o torturado. Ojalá lo aprueben en plenaria y los concejales no se llenen de argucias”.
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Sin embargo, para el concejal liberal, Darío Cepeda, su voto negativo “no fue porque sea homofóbico, sino que considero que el proyecto es excluyente, porque no está toda la población educativa”. Afirmación que se replicó en el recinto por otros concejales como Clara Lucía Sandoval, Marco Fidel Acosta, Julián Uscátegui, Andrés Barrios, entre otros, quienes mostraron su inconformismo apelando a que no era necesario tener un abordaje diferenciado para la población LGBTIQ+ y, en cambio, se debía tratar, de manera general, toda forma de discriminación o bullying.
“Lamento que haya sido un debate de un sesgo en particular y después de escuchar a los jóvenes que han sido víctimas de bullying por su condición física y creencias religiosas, fueron desconocidos. El matoneo es algo general, hay que acompañar a todos los niños sin excepción alguna”, instó Uscátegui.
Expertos como Enrique Chaux, investigador en competencias ciudadanas y prevención de la intimidación escolar, sentencia que “el bullying LGBTIQ+ es más fuerte que el matoneo general. A las víctimas las afecta más, porque las están molestando por un aspecto central de su identidad. Hay que despertar en los estudiantes, que no son víctimas y que tampoco lideran el matoneo, la sensibilidad o empatía para que puedan decir: ‘Si yo veo que están tratando mal a otro estudiante tengo que actuar’. Y hacerlo, además, de manera colectiva”.
Asimismo, datos de la organización Sentiido, evidenciaron que con corte al 2022, el 54,6 % de los estudiantes dijeron sentirse inseguros en la escuela por su identidad de género, y más de un tercio reportó haber perdido al menos un día de colegio en los últimos 30 días debido a la sensación de inseguridad en el ambiente escolar. En gran medida, detallaron, esto se desprende del hecho de que la mayoría de los estudiantes LGBTIQ (92 %) escucharon comentarios homofóbicos o transfóbicos en su colegio; más de la mitad (52,9 %) reportó que esto era cotidiano, y el 65,5 % respondió que la discriminación vino de profesores o personal administrativo.
¿Qué busca el Proyecto?
La redacción del texto liderada por cabildantes estudiantiles, discutida con concejales para su proyecto de acuerdo final, y que contó con el aval de la secretaría de Educación, plantea la necesidad de una actualización en los manuales de convivencia de colegios distritales; acompañamiento para padres y madres de familia y cuidadores; y estipular rutas de atención, todo con el fin de construir ambientes saludables y positivos, de apoyo y empatía, de cohesión y respeto mutuo, en particular para las y los estudiantes LGBTIQ+ y con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.
En el Artículo 5 del proyecto se plantean seis principios para que las instituciones educativas públicas aplican las perspectiva de género, estos son: igualdad y no discriminación, garantizando que los estudiantes reciban el mismo trato y oportunidades sin distinción alguna; respeto y dignidad, promoviendo un ambiente en el que todas las orientaciones sexuales e identidades de genero sean respetadas y valoradas; de inclusión; de prevención, mediante la educación y la promoción de una transformación cultural orientada al respeto, la convivencia pacífica y la valoración de la diferencia; de intervención para actuar ante casos de acoso, hostigamiento y discriminación, asegurando una respuesta inmediata, adecuada, sostenible y no revictimizante; y de apoyo y protección, que garantice que todas las personas afectadas reciban apoyo, protección y asistencia durante y después del proceso de resolución de situaciones de acoso o bullying.
Para ello, su artículo 5 plantea seis principios para que las instituciones educativas públicas, basen sus decisiones medidas, herramientas, protocolos y escenarios, con perspectiva de: igualdad y no discriminación, garantizando que los estudiantes reciban el mismo trato y oportunidades sin distinción alguna; de respeto y dignidad, promoviendo un ambiente en el que todas las orientaciones sexuales e identidades de genero sean respetadas y valoradas; de inclusión; de prevención, mediante la educación y la promoción de una transformación cultural orientada al respeto, la convivencia pacífica y la valoración de la diferencia; de intervención para actuar ante casos de acoso, hostigamiento y discriminación, asegurando una respuesta inmediata, adecuada, sostenible y no revictimizante; y de apoyo y protección, que garantice que todas las personas afectadas reciban apoyo, protección y asistencia durante y después del proceso de resolución de situaciones de acoso o política pública LGBTIQ+ (que va hasta 2032 y que reconoció que esta comunidad tiene dificultades para ingresar y permanecer en colegios, por lo que se les debían garantizar ambientes libres de discriminación), “para reforzar los documentos guía que va a tener el programa de educación sexual integral que está hecho para ciertas edades y ciertos momentos y que está desaparecido en todos los colegios, donde creo, parten de las violencias, el acoso, etc”, explicó la secretaria, Isabel Segovia.
Un paso más que queda en el camino
Tras la aprobación en la Comisión Segunda de Gobierno, el Proyecto de Acuerdo le resta un debate en Plenaria del Concejo, donde uno de sus ponentes, el concejal Juan Daniel Oviedo, cree que habrá consenso suficiente para que se convierta en un acuerdo de ciudad y así los colegios distritales acojan en sus manuales de convivencia.
“Hay dos proyectos que se complementan: el de Julián Triana, alrededor de la discriminación en general y este en específico para la población LGBTI+, entonces vamos a tener un ambiente favorable para que los dos proyectos tengan trámite y ya sea la administración distrital la que cumpla el mandato genérico y del enfoque diferencial”, aseveró.
Para Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, que lleva el nombre de su hijo quien se quitó la vida a sus 16 años tras ser discriminado en su colegio por su orientación sexual, es una felicidad la aprobación de este Proyecto, pero los retos continúan. “Seguiremos implementando la sentencia. Los colegios no tienen que liderar de manera individual, sino que tienen que ser pluralistas y creada para todos los jóvenes en Colombia”.
Finalmente, el autor del Proyecto, José Cuesta, resaltó que eventualmente el texto sugerirá “a los colegios privados que también hagan una revisión de los manuales de convivencia y acojan estos lineamientos”.
Johan, Julián, Juan Pablo y otros estudiantes LGBTI+, esperan sentar un precedente para las demás generaciones, y contribuir a que otros niños, niñas y adolescentes, puedan ser ellos misma/os sin miedo y sin discriminación, por lo que esperan con ansias que este Proyecto de Acuerdo también pase cualquier obstáculo en Plenaria, que probablemente, por cronograma, se daría en el mes de noviembre.
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Por María Angélica García Puerto
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