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Tras superar su primer debate, la reforma laboral buscará avanzar esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes. Algunos analistas consultados por este medio anticipan que esta discusión será compleja, no solo por lo difícil que le ha sido llegar hasta este punto (pues se hundió en su primera legislatura y a la actual se le recortó una parte sustancial del articulado), sino porque Colombia continúa atravesando un escenario económico desafiante, en donde encarecer los costos de contratación, dicen estos expertos, no pareciera ser lo más conveniente para la preservación del tejido empresarial (especialmente para las mipymes).
Los principales incrementos se darían en el recargo nocturno, ya que esta reforma laboral propone que la mencionada jornada se inicie desde las siete de la noche (y no desde las nueve, como rige ahora); así como la remuneración en días de descanso, la cual pasará a ser del 100 % (hoy es del 75 %). Tenga en cuenta que este último ajuste se aplicaría de forma gradual, pues en julio de 2025 sería del 80 %, en el mismo mes de 2026 del 90 %, y en 2027 el alza llegaría al 100 %.
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Para la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, así como para la ponente de esta reforma, María Fernanda Carrascal, más allá de calificar estos incrementos como “costos excesivos para la contratación”, se debe pensar que este tipo de ajustes lo que buscan es dignificar el empleo, garantizando así los derechos que deberían tener los trabajadores en Colombia.
Otro de los peros que se le ha hecho a esta reforma es que no ataca lo que, dicen sus críticos, son los dos principales malestares que tiene el mercado laboral colombiano: el alto desempleo y la elevada informalidad.
Según lo explicado por la codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, esta reforma no ofrece un real impulso a la formalidad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas; tampoco promueve la vinculación laboral de los jóvenes (en quienes los índices de desempleo son particularmente altos), de los que no estudian ni trabajan; ni adopta medidas que promuevan el aprovechamiento del denominado bono demográfico.
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En contraste, Carrascal sí cree que esta reforma apunta a mitigar la informalidad. Muestra de esto es que la ponencia que será debatida incluye todo un capítulo (el IV) que se dedica a este punto.
En este figura, por ejemplo, la consagración de los contratos de aprendizaje como contratos laborales especiales y que deben celebrarse a término fijo; el trabajo en plataformas digitales de reparto (cuyos repartidores deberán estar afiliados al sistema de seguridad social); los contratos agropecuarios; el jornal agropecuario; los trabajos de servicios domésticos; medidas más flexibles para que los micronegocios hagan aportes al sistema de seguridad social; y las contrataciones para la población migrante.
Decir, además, que parte del espíritu de esta reforma es la promoción del contrato a término indefinido, que se ha encontrado y denunciado que otras formas de contratación (como el de prestación de servicios) se están usando para labores misionales en las empresas e instituciones.
Lo que propone la reforma es que los contratos a término fijo no sean superiores a los cuatro años. Si esta condición se incumple automáticamente pasará a configurarse como un contrato a término indefinido. También establece cambios positivos para los trabajadores, como ajustes en las sanciones por despidos sin justa causa y la fijación de los casos en los que aplica la estabilidad laboral reforzada.
Parte crucial de este debate también se ha centrado en el componente sindical pues, desde el principio se propuso un avance significativo en los compromisos adquiridos por el país ante organismos como la OIT, la OEA y la OCDE. No obstante de los 23 artículos que se eliminaron de la ponencia original (en el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes), el grueso fue del capítulo colectivo.
Según lo manifestado a este medio por Carrascal, la salida de estos artículos pone en evidencia la “arraigada cultura antisindical” que tiene el Congreso, pues muchos congresistas hacen ver a las organizaciones sindicales como “enemigos públicos”.
El abogado laboralista, Víctor Julio Díaz, insiste en que Colombia sigue sin cumplir lo que establece el artículo 54 de la Constitución, es decir, la expedición del estatuto del trabajo. “Esa norma tiene más de 33 años y aún no se ha expedido. Este sería un buen escenario para que las partes se pongan de acuerdo y hagan una modificación de las leyes de acuerdo a nuestras necesidades. Hay muchos puntos que ha venido aclarando la jurisprudencia, como el fuero de salud, pero que requiere una decisión de fondo para evitar controversias y polarizaciones”, detalla.
Mencionar también que, en los debates que le restan a la laboral, se le podrían realizar adiciones, como lo es la inclusión del gremio de los transportadores (tal y como se acordó en los compromisos para el levantamiento del paro) en el grupo de trabajadores sobre los cuales avanzar hacia mayores índices de formalidad.
Lo cierto es que aunque el mercado laboral colombiano necesita una reforma que mitigue parte de sus problemas más estructurales, la discusión no ha sido sencilla. Muestra de esto son las ponencias de archivo que ya se han radicado, pues aunque todos coinciden en que se necesitan cambios, el cómo hacerlos es un punto que, de momento, no ha logrado reunir grandes consensos.
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