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A Ana Virginia Sánchez le arrebataron a uno de sus hijos el 3 de septiembre de 2017. Su cuerpo fue hallado con dos disparos a la entrada del barrio minero Suba (Quibdó), en una cacha sintética, luego de haber ido a dejar a una de sus amigas a la casa. Juan Carlos Palacios Sánchez, en ese entonces, tenía 20 años, cursaba tercer semestre de Matemáticas y trabajaba en un taller de motos. “Mi hijo cruzó una frontera invisible, fue al barrio Horizonte y al salir de ahí lo siguieron dos hombres y lo asesinaron”, dice su madre. Para Sánchez, la muerte de su hijo fue la crónica de una muerte anunciada. En múltiples ocasiones le dijo que no ingresara a otros lugares porque sabía del riesgo. Él hizo caso omiso, pues creyó que podía caminar con total libertad por las calles de Quibdó.
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La historia de Sánchez coincide con la de María*, quien prefiere no decir su nombre, una mujer afro de 43 años que, en octubre de este año, perdió a su hijo. “Tenía 17 años, desapareció la primera semana de octubre, lo buscamos con varias personas de la zona y lo encontramos en una loma del barrio El Reposo. Tenía golpes y cortaduras por todo su cuerpo. Le habían quitado varios de sus deditos. Quedó irreconocible”, recuerda María con dolor. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal y un mes después, la impunidad gira en torno de su caso. Cuenta María que la Policía, cuando llegó al lugar de los hechos, asoció el caso a delincuencia común, aunque su cuerpo demostrara todo lo contrario.
Según la Policía, hasta el mes de junio de este año en el departamento de Chocó ocurrieron 95 homicidios. Sin embargo, Sánchez, quien hace parte de la Red de Madres Cuidadoras, asegura que solo en Quibdó, en lo transcurrido del 2023, han asesinado a 170 jóvenes. Ella, junto a otras madres, ha tenido la tarea de recolectar los testimonios de cada caso para exigirle a la Fiscalía respuestas rápidas ante la violencia sistemática que azota a los jóvenes del municipio. Por su parte, la Fiscalía asegura que estos asesinatos se deben al control de los grupos armados. Contrario a lo que asegura la institución, la Red dice que estas muertes suelen estar ligadas al cruce de fronteras invisibles, el no pago de extorsiones, el surgimiento de nuevas estructuras que se disputan los territorios para el tráfico de estupefacientes y la presencia del ELN, Clan del Golfo y otros grupos armados.
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Estas actividades delincuenciales hacen parte, en su mayoría, de tres bandas delincuenciales que se pelean el control en Quibdó. Los Locos Yam, Palmeños y Mexicanos son protagonistas de esta escalada violencia. A pesar de que decidieron, en el mes de agosto, sentarse en la mesa de diálogo que instaló el gobierno de Gustavo Petro con la política de Paz Total, las muertes continúan. María da fe de eso. A ella le tocó enterrar el cuerpo de su hijo en el cementerio central de la ciudad y la Fiscalía ha dilatado el proceso pese a que las cámaras de seguridad identificaron los rostros de quienes arrojaron el cuerpo en un matorral. “He tenido que rogarle a la Fiscalía para que me entregue el registro del Sistema Penal Acusatorio, he tenido que rogarles para una investigación”, recuerda María.
Los 170 jóvenes que han sido asesinados este año, se suman a los más de 600 que registraron el Círculo de Estudios Políticos y que fueron asesinados entre el 2017 y el 2022. Por su parte, José Ferney Ardila Vargas, director seccional de la Fiscalía en Chocó, dijo a este diario que la mayoría de víctimas de homicidios oscilan entre 14 y 26 años y aunque actualmente no estén llevando una ruta de atención rápida para las madres víctimas, han intentado activar el mecanismo de búsqueda urgente al momento de reportar la desaparición de los jóvenes. Ante esto, María recuerda que, el 2 de octubre, cuando reportó a su hijo como desaparecido, la Policía le dijo que quizás se había escapado con la “noviecita”. Aunque ella insistió en que él estaba amenazado por su liderazgo social en el barrio El Reposo, las autoridades, según cuenta, la ignoraron.
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Ana Virginia Sánchez conoce sobre esas dilataciones que menciona María*. Ellas, además de tener en común los espacios que programa la Red de Madres, comparten también el hecho de que las cámaras hayan grabado el rostro de los asesinos de sus hijos y que la Fiscalía, hasta hoy, no les haya brindado respuesta sobre sus casos. El dolor para Sánchez, no solo se quedó con la despedida de su hijo. El año pasado, al único hijo de su hermana, también lo asesinaron. Su hermana, en medio del dolor y el temor, huyó de Quibdó y se estableció en Medellín (Antioquia). Sánchez se quedó en Quibdó con el único recuerdo de su hijo: un nieto que actualmente tiene ocho años. “Cuando cumpla 10 años lo sacaré de Quibdó, este no es lugar para él”, dice acongojada.
En épocas de fin de año, las madres de Quibdó se pusieron de acuerdo para sacar a sus hijos del municipio. No quieren que uno de ellos sea la próxima víctima. “Para estas fiestas de fin de año, las bandas hablaron con la Alcaldía y dijeron que podíamos pintar las casas, decorarlas y que los niños iban a poder salir. Que iba a ser una festividad tranquila”, comenta Sánchez. Pero el miedo es mayor. Ella decidió enviar a su nieto de ocho años a Medellín. Aunque sea apenas un niño, ella afirma que cruzar una frontera para jugar con algún amigo, lo haría inmediatamente el objetivo de algún grupo delincuencial. Para estas festividades, el único lugar que tienen alumbrados navideños en Quibdó es la plaza principal, el resto de la ciudad es iluminado por el alumbrado público que, en su mayoría, está en mal estado. Los comerciantes de la zona comentan que prefieren no hacer nada para no ser un muerto más.
El miedo, dicen los habitantes, se ha apoderado de Chocó. Los residentes aseguran que los homicidios de los 170 jóvenes asesinados este año han sido la causa de que muchas familias se desplacen para huir de la violencia. María decidió quedarse en el municipio, le queda un hijo de tres años y asegura que lo único que la sujeta a su hogar es una lucha con la Fiscalía para que el caso de su hijo no quede en la impunidad. Sánchez, por su parte, le exige al Estado que incluya a la Red de Madres en los diálogos de paz. “La Unidad de Víctimas no nos admite porque creen que esto es delincuencia común”, afirma. Estas mujeres hacen entonces un llamado urgente al Estado para que se entienda que estas muertes no son ajenas al conflicto de la ciudad.
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Por Dayana Herrera Valbuena
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