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Aunque en agosto del año pasado debía ocurrir el cierre inminente del relleno sanitario El Carrasco, ubicado entre los municipios de Bucaramanga y Girón (Santander), el cumplimiento de esa orden aún está en veremos. De los 16 municipios que normalmente hacían uso de este espacio para el desecho de sus basuras, al menos 11 siguen haciéndolo, lo que no les ha permitido a las autoridades locales avanzar con la orden judicial que impartió un juzgado de la capital hace ocho meses. Los propios vecinos han pedido el cierre del botadero de varias maneras. Desde acciones populares, incidentes de desacato y acciones de tutela, porque su presencia en los barrios representa un riesgo a la salud de ellos y sus familias. Ahora el tema llegó a la Corte Constitucional. Uno de sus magistrados, a través de una instancia de 16 páginas, busca que sea el alto tribunal el encargado de darle fin a este asunto crítico para el departamento, pues de él depende el acopio de 1.200 toneladas de basura diarias
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez quiere que la Corte estudie en detalle lo ocurrido con el relleno sanitario que ha dejado a su paso varias órdenes judiciales, sin que ninguna de ellas se cumpla. Además, El Carrasco también ha dejado afectaciones a los derechos a la vida digna y la salud de los habitantes de Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta, Lebrija, El Playón, entre otros municipios de Santander. La decisión más reciente en el proceso la emitió, en agosto del año pasado, el Juzgado 15 Administrativo de la capital. En síntesis, la autoridad judicial dejó en firme la decisión de que el relleno debía cerrarse y las autoridades locales avanzar con planes de traslado de basuras a otras zonas.
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Esta decisión generó todo tipo de controversias. De ahí que ciudadanos y autoridades locales presentaran cinco acciones de tutela con las que buscan tumbar de tajo esa decisión de cerrar El Carrasco. Los documentos presentados exponen afectación a la vida digna, la salud, al debido proceso, al medio ambiente y al trabajo. Para ellos, el cierre definitivo del relleno supone una “grave afectación” para las personas que viven en los 16 municipios que llevan sus residuos a El Carrasco, precisamente, porque la falta de recolección de los desechos sólidos que permanecen en las calles generan una crisis ambiental y calamidad de salubridad pública.
En cuanto al derecho al trabajo, expresaron una preocupación por quienes laboran en las empresas de aseo públicas y privadas de los municipios vinculados, puesto que tendrían que reducir su planta de personal ante el cierre del relleno. Además, alegaron que dejar sin funcionamiento el botadero es una decisión desproporcionada porque El Carrasco aún tiene capacidad para recibir residuos y desechos por un tiempo mayor, mientras se concretan los acuerdos para activar y ejecutar el plan de contingencia que permita trasladar más de 1.200 toneladas de basura diarias a otro lugar o se construye y pone en funcionamiento un relleno sanitario alterno o sustituto.
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Las acciones de tutela, en primera y segunda instancia, no tuvieron la acogida que buscaban los demandantes. El Consejo de Estado, en dos secciones diferentes, dijo que existen unos trámites pendientes en el expediente que primero deben resolverse para darles desarrollo a las tutelas, lo que el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez consideró un desacierto. Para él, el alto tribunal no evidenció el fondo del asunto y la problemática en derechos fundamentales que acarreaba no fallar las acciones presentadas. Ante la negativa del Consejo de Estado, Ibáñez presentó su insistencia a la Corte Constitucional.
Para el magistrado, la autoridad judicial que ordenó el cierre definitivo del relleno no valoró las circunstancias en las que se encuentran los 16 municipios que no cuentan con otro espacio para la disposición de los desechos sólidos que se generan diariamente, así como tampoco valoró que El Carrasco aún cuenta con capacidad para recibir residuos. Ibáñez resaltó que cerrar el relleno se traduce en una posible afectación de los derechos a la salud y a la vida digna de los accionantes y los habitantes de esa zona del país. “Me permito insistir en la selección del presente caso, al considerar que se trata no solo de una cuestión que parece ser de extrema urgencia, sino además un asunto de relevancia constitucional”, indicó Ibáñez.
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Aunque la crisis se conoció hasta el segundo semestre del año pasado, la génesis de este caso empezó en 2009 por cuenta de una acción popular que interpusieron los habitantes de 20 barrios de Bucaramanga. En el recurso pedían protección del derecho al ambiente sano y a la previsión de desastres, por lo que pidieron el cierre de El Carrasco. En primera instancia, el Juzgado Cuarto de Bucaramanga les dio la razón y ordenó a las autoridades locales iniciar labores para al cierre definitivo del relleno sanitario. El plazo inicial era de un año, pero una decisión de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander fijó el cierre para septiembre de 2011.
En octubre de ese año, el entonces alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, declaró la emergencia sanitaria por seis meses y aseguró que su administración no contaba con otro lugar para la disposición final de los residuos. Con ese antecedente, extendió la calamidad hasta dos años y con ella el tiempo para el cierre del relleno. Esa decisión le costó una solicitud de incidente de desacato, de la cual salió bien librado. Sin embargo, sin mayor trascendencia en las directrices judiciales, la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) intervinieron dando un plazo máximo de cierre hasta el 31 de enero de 2019.
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Para febrero del mismo año, la ANLA emitió una resolución en la que dispuso la construcción de dos celdas para depositar los residuos sólidos en el mismo relleno y, mediante una segunda resolución, en 2020, la entidad prorrogó el plazo de cierre. Mientras eso ocurría, los demandantes de la acción popular, 11 años después de presentar su recurso, solicitaron un nuevo incidente de desacato por incumplimiento. Este último tema aún está pendiente por resolver y fue el motivo por el cual el Consejo de Estado no tomó decisión de fondo. No obstante, la determinación más reciente es el cierre definitivo que llegó por cuenta del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga.
La Procuraduría, en octubre de 2021, anunció que abriría las investigaciones correspondientes contra los alcaldes que no acataron la decisión de cerrar El Carrasco. “De acuerdo con la remisión que nos hizo la delegada preventiva de medio ambiente, les estamos abriendo indagaciones e investigaciones a los alcaldes que tienen relación con el Carrasco, porque hace rato debieron haber cumplido con el cierre del sitio”, afirmó la procuradora Margarita Cabello. La cabeza del Ministerio Público insistió en ese momento en que el problema de El Carrasco radica en la falta de planeación por parte de los mandatarios.
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“No se ha logrado por trabas y falta de planeación en el ejercicio de encontrar otro sitio para el desecho de residuos sólidos de las basuras de Bucaramanga y los alrededores”, sostuvo Cabello. Esta no es la primera vez que la Procuraduría hacía un llamado a los mandatarios frente a esta situación. El 13 de agosto pasado, cuando estaba programado el cierre del basurero, el Ministerio Público señaló que “se observa que, a lo largo de 10 años, las diferentes administraciones municipales han continuado disponiendo en El Carrasco vía decretos de emergencia y calamidad, pese a la orden judicial y administrativa de cierre, sin avanzar en la construcción de una solución definitiva para la disposición final de sus residuos”.
Aunque es incierto que el expediente que ya completa 13 años ante los estrados judiciales tenga una oportunidad en la Corte Constitucional, lo que sí está claro para el magistrado Ibáñez es que aún “no se vislumbra una pronta solución al grave problema estructural que afecta los derechos de los habitantes de los 16 municipios de Santander”, de ahí que pida insistentemente a las magistradas Paola Andrea Meneses y Natalia Ángel Cabo que, en la próxima Sala de Selección de Tutelas, que se llevará a cabo el 29 de abril, se escojan el proceso para su análisis.
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