Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Varias sociedades padecen intensos debates cuando el ejecutivo busca reformar el código penal para favorecer a personas específicas. En Colombia abundan ejemplos de tales desatinos, siempre por la paz.
La semana pasada Isaac Herzog, presidente de Israel, se dirigió por TV a la ciudadanía en horario triple A para tratar de conjurar la crisis política generada por una polémica reforma judicial promovida por el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu. “Estamos al borde del colapso constitucional y social”, advirtió. Su angustia tenía contraparte en las calles: concurridas marchas contra los cambios legislativos. Más de 40.000 manifestantes llegaron desde todo el país a Jerusalem para gritar “democracia”, “no a la dictadura” … “vergüenza” frente al Knesset, el órgano unicameral legislativo del Estado de Israel .
Netanyahu y sus aliados, el gobierno más derechista en la historia del país, argumentan que los ajustes propuestos son indispensables para frenar el excesivo poder que ostenta la rama judicial. Pero sus adversarios anuncian que la reforma equivaldría a un golpe de Estado y destruiría la democracia. Además, señalan que una de las motivaciones no explícitas es alterar el proceso por corrupción que enfrenta el político reformador hace varios años.
Desde su primera comparecencia ante la justicia, el primer ministro denunció que las acusaciones contra él buscaban derrocar al gobierno: era un intento de la izquierda por lograr lo que no consiguió en las urnas. Cuando tres jueces leyeron los cargos, el mandatario se declaró inocente y reviró que las investigaciones “fueron contaminadas y preparadas desde el primer momento”. En su opinión, fiscales, policías y medios de comunicación confabularon para fabricar falsas infracciones y armar un juicio “contra la voluntad del pueblo”.
Como ejemplo de lo que el ejecutivo considera una extralimitación del poder judicial que atropella la voluntad popular está también la condena de Arie Dery, líder del partido ultraortodoxo sefardí Shas, quien fue condenado por delito fiscal. A pesar de que evitó la cárcel con un acuerdo extrajudicial que le impedía ejercer como ministro, como Netanyahu necesitaba sus votos le hizo un traje a la medida para nombrarlo en el gabinete: se limitó la prohibición a quienes hubiesen entrado en prisión. El elemento más polémico de la reforma permitiría que el Parlamento, por mayoría simple, pueda anular una decisión del tribunal supremo.
En España, a finales del 2022, se aprobó una reforma al Código Penal que deroga el delito de sedición -lo transforma en simples desórdenes públicos- y modifica el de malversación de fondos. Así, para favorecer a ciertos aliados específicos, el Estado se quedó sin herramientas legales para combatir dos lacras que corroen la democracia: el independentismo y la corrupción.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno que confeccionó la reforma a la medida, justificó los cambios como medidas para hacer frente al “conflicto político” en Cataluña superando su judicialización. Defendió “una apuesta decidida por el reencuentro y la convivencia” como si hacer cumplir la ley fuera equivalente a matonear.
En las toldas premiadas querían todavía más prebendas. Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat prófugo en Bruselas, no respaldó la reforma penal porque, según él, a pesar de los cambios en la legislación se sigue considerando que el “desafío secesionista de 2017 fue ilegal”. En su discurso de Navidad, el nuevo president Pere Aragonés habló de pactar en 2023 con el Gobierno las condiciones de un referéndum como aquel que condujo a varias condenas.
La debilidad de Sánchez ante el chantaje de quienes exigen favores legislativos para aprobarle los presupuestos es tal que Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, llegó a solicitar públicamente a la clase política que no ceda y “que no se diluya la responsabilidad penal” de quienes saquean las arcas del Estado.
En Colombia, en varias ocasiones se ha torcido o modificado el régimen penal para favorecen a unos cuantos. La violencia liberal conservadora terminó con un pacto de impunidad política y judicial. Por eso el preámbulo del plebiscito de 1957 puso en el mismo plano la paz y la justicia. El M-19 y el EPL fueron beneficiados con indulto y amnistía a pesar de haber cometido crímenes difíciles de asociar con el delito político, como el secuestro y el narcotráfico. La última ley de amnistía, apuntalada con reforma constitucional, también fue hecha a la medida de los beneficiarios farianos. Tal vez la mayor injerencia de un criminal en la adecuación del régimen penal a sus intereses fue la de Pablo Escobar, quien logró meterle mano a la Constitución.
Con bastante ingenuidad y poco sentido histórico, el actual ministro del Interior ha aclarado que la ley de “paz total” excluye cualquier negociación con organizaciones criminales no políticas. Según él, las mafias se someterán dócilmente al Código Penal en un proceso que “tendrá un camino de justicia, jurídico”. Como si los curtidos y diversos traficantes no supieran para qué sirven las armas.
Conoce más