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El Gobierno Nacional presentó el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, que empezará a regir a mediados de año. El documento redefine la metodología para calcular los costos de estos servicios públicos en el país y marca el inicio de una nueva etapa en su regulación. El modelo, diseñado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), reemplazará el esquema vigente desde 2014 y fija nuevas reglas que, sin entrar en vigencia, ya generan críticas de expertos y asociaciones de usuarios.
Así se calculará la tarifa
Según el Gobierno Nacional, la nueva metodología para calcular las tarifas garantizará precios justos, al reorganizar los componentes del servicio como operación, inversión, administración, impuestos y tasas ambientales, bajo una fórmula más detallada, para reflejar el costo real de la prestación. hoy, en las facturas se agrupan los componentes.
Por ejemplo, en Bogotá, sin subsidios, el cargo fijo cuesta COP 9.795; el metro cúbico de agua básico es COP 3.664, y aparece otro item denominado “otros cobros”. En estos conceptos se incluyen tasas ambientales, inversiones, administración, entre otros. Uno de los cambios es que en las facturas se desagregará cada item, con el objetivo de que los usuarios puedan identificar con claridad qué están pagando. Sin embargo, dice la CRA, el ajuste de fondo no está en la presentación, sino en las reglas que lo determinan el cobro.
¿Más o menos cobros?
Si bien, desde la CRA señalan que la tarifa podría reducirse en los hogares, en especial, porque no se les cobrará a los usuarios “por inversiones que no se han hecho todavía”, esta particularidad ya genera reparos. Asocapitales, por ejemplo, señala que esto se traduciría en riesgos para la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales, ya que “afectaría la capacidad de los gobiernos locales para garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos”.
De acuerdo con Diego Polanía, profesor de Derecho Económico de la Universidad Externado y consultor en temas de servicios públicos, aún no es certero hablar de una reducción en las tarifas de acueducto y alcantarillado, “porque nadie ha hecho un análisis real de los impactos que va a tener. Es más, es probable que la tarifa aumente”. A los reparos se sumó el de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), que rechazó la forma cómo se adelantó el proceso, advirtiendo tiempos limitados para hacer una transición adecuada.
“La propuesta entraría en vigor el próximo 1 de julio (…) lo que, en la práctica, podría traducirse en condiciones de cumplimiento inviables para los prestadores. Lo anterior, teniendo en cuenta que en procesos anteriores la discusión de los marcos se demoró aproximadamente un año”.
Aterrizaje en grandes ciudades
El nuevo marco aplica para más de 30 millones de colombianos, lo que representa cerca del 60% de la población nacional. A pesar de que existen 2.979 prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, este marco solo aplica para 188, que son las que tienen más de 5.000 suscriptores en el área urbana. En ese grupo se encuentran las principales ciudades, donde el impacto del modelo será más visible.
En el caso de Bogotá, el servicio lo presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), uno de los operadores más grandes del país, con casi 2,3 millones de usuarios. Con las nuevas reglas, tendrá que calcular y ajustar las tarifas. El asunto es que, pese a la magnitud de la operación de la empresa capitalina, desde la academia observan con escepticismo el panorama.
Es clave recordar que la nueva tarifa no puede incluir obras que no se han entregado. Y, de acuerdo con Diego Polanía, proyectos como la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas podrían comprometerse económicamente y repetirse en otros proyectos de saneamiento.
“Esa inversión no se puede empezar a amortizar desde ya. En algún momento tocará subir las tarifas con un impacto grande. Los inversionistas pueden decir que con esta incertidumbre prefieren no invertir y mejor esperar a que los sistemas aguanten hasta que se revienten y el servicio empiece a mejorar”. Aunque buscamos a la Empresa de Acueducto para conocer sus observaciones, indicaron que hasta no conocer la Resolución en detalle, no se pronunciarán.
¿Cuándo se aplicará?
La nueva metodología comenzará a regir el 1 de julio de 2026, con un periodo inicial de ajuste hasta diciembre. A partir de 2027 se iniciará el primer ciclo tarifario completo bajo las nuevas reglas. Antes de esa fecha, los prestadores deberán adelantar estudios de costos; definir planes de reducción de pérdidas, y estructurar estrategias de sostenibilidad hídrica.
Aunque el discurso oficial resalta la transparencia y la equidad del nuevo modelo, su impacto no será inmediato ni necesariamente visible. Esto implica que los efectos se verán de manera progresiva, a medida que los nuevos criterios —especialmente los relacionados con eficiencia e inversiones— se incorporen en el cálculo tarifario.
En teoría, el modelo busca evitar que los usuarios asuman ineficiencias, pero en la práctica, advierten expertos, abre interrogantes sobre la exigencia de los estándares; los tiempos que tienen las empresas para elaborar sus planes tras el nuevo decreto, y su impacto en el cálculo final.
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