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ENTRE NOSOTROS, LA LEY ES UNA pildorita que lleva por dentro el gen de su minusvalía. La ley no es un mandato democráticamente adoptado para que rija el comportamiento social, sino apenas un consejo, una insinuación, un indicador. Ese gen implica que, desde su nacimiento, la ley encierre, de una vez, una negociación sobre su incumplimiento.
Ejemplos menores: un sabio del Ministerio de Transporte encontró que el exceso de velocidad es causa de la mayoría de los accidentes. Conclusión correcta. Para enmendar eso, resolvió plagar las carreteras con avisos sobre un tope máximo de 30 ó 40 kms/hora, lo cual es irrisorio. El razonamiento del sabio fue éste: “como la ley de todos modos va a ser violada, pongamos 30 kms. para quedar, diga usted, en 60”. Y en carreteras principales, pongamos 80 para quedar en 100. Y como otra causa de accidentes es que la gente adelanta en curva, pues pongamos doble línea amarilla en todo el trayecto. El amarillo del semáforo, realmente no quiere decir nada. El rojo señala: “pase con cuidado pero, eso sí, acelere a fondo”. Las zonas de cebra son mamarrachos pintados en el suelo. La vida del peatón cede ante la fuerza del vehículo, con cebra o sin ella.
Que el Consejo Superior de la Judicatura se queje porque la Fiscalía no aplica el principio de oportunidad, es una aberración. Como lo señaló Reyes Alvarado, ese principio juega a favor del Estado frente a un delincuente vencido. No a favor del delincuente remiso. No puede ser un artilugio para combatir, apenas de manera ficticia, la impunidad reinante.
Y algo ya de mayor calado: la condición genética de nuestra cultura legal, esa conciencia difusa de que la ley es apenas una ecuación aproximativa, ha contribuido a que los numerosos conflictos armados que han acompañado desde siempre nuestra historia, estén signados por la impronta del perdón. El que toma las armas parte de la base de que, al final, habrá un perdón, vestido de amnistía, indulto, libertad condicional, pena alternativa o cualquiera otra figura de igual pelambre. Entre todos estos artilugios legales que nos acompañan desde el principio para no castigar al que toma las armas, hay apenas diferencias técnicas, pero en el fondo todos ellos implican la ausencia de sanción, la parálisis de la ley, como si el Estado tuviera cierta vergüenza cuando aplica una norma que debía ser manifestación limpia de la voluntad general.
La hipótesis de trabajo es ésta: ¿cuánto ha contribuido la presencia permanente del perdón en la prolongación de nuestro conflicto? ¿Ha servido ese perdón genético y ancestral más bien como acicate para nuevos eslabones de violencia en vez de, como se ha creído y motivado en cada caso, un elemento para la solución?
En ese contexto, aunque se reconoce la eficacia de la decisión gubernamental de favorecer a los que se entreguen trayendo de vuelta a los secuestrados, vale la pena una reflexión más a fondo, no sólo ligada al benéfico efecto táctico de momento, sino pensando estratégicamente en la consolidación real del estado de derecho.