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El pasado fin de semana, una embarcación que llevaba a casi 200 migrantes que habían partido desde Turquía colapsó cerca de la costa en el sur de Italia, lo que hasta el momento ha cobrado la vida de 67 personas.
Mientras la identificación de las víctimas mortales avanza, los sobrevivientes reciben atención de organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), que se ha enfocado en las necesidades de salud mental tras el naufragio.
En esta entrevista, Juan Matías Gil, jefe de misión del Geo Barents, una nave de búsqueda y rescate operada por MSF en el mar Mediterráneo, entrega un reporte de la situación y se refiere a las acusaciones que desde el gobierno italiano señalan la labor de oenegés como esta de promover el tráfico de personas.
Además, critica las normas puestas en marcha por Italia en enero pasado que, según él, han restringido la labor de este tipo de organizaciones. Fue precisamente bajo la acusación de incumplimiento de esas reglas, ratificadas esta semana por el Parlamento, que el Geo Barents se encuentra detenido por 20 días.
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¿Cuál es el balance actual?
Fueron más de 60 muertes confirmadas, unas 80 personas sobrevivientes, de las cuales 20-25 personas fueron inmediatamente al hospital una vez encontradas. Esto sucedió en la madrugada del domingo del 26, estaban en un barco pesquero, a 150 metros de la costa, y entendemos que el barco colapsó, probablemente al haber tocado alguna roca. El barco había partido hace cinco días de Turquía, con afganos, pakistaníes, iraníes, palestinos y sirios, entonces venían muchos grupos familiares. De los sobrevivientes hay historias horrendas, como la de un niño que perdió a su hermana, venían viajando solos, y luego el niño llama a los padres y no sabe cómo decirles que su hermana había muerto; un padre con cuatro hijos y la mujer, y solo sobrevivió el padre y uno de los hijos, de unos 14 años. Hay otros padres que también perdieron a sus hijos.
¿Cuál ha sido el papel de Médicos Sin Fronteras?
Esta no es una zona donde nosotros, que tenemos los barcos de búsqueda y rescate, normalmente hagamos búsqueda porque lo hacemos más en la ruta que viene desde Libia. También hay que decir que ha habido una obstaculización hacia los barcos de la sociedad civil para rescatar gente, entre esos el nuestro, que está detenido desde el jueves pasado por unos 20 días debido a unas nuevas normas restrictivas y que tienen como “target” nuestros barcos. Todo esto hace parte de una falta de un sistema de búsqueda y rescate oficial con los mandatos de salvar vidas. El año pasado alrededor de 1.500 personas murieron en este pedazo de mar y 25.000 personas desde el 2014. Esto hace mucha impresión porque los cadáveres terminan en las costas italianas, pero son muchísimas las personas que siguen el mismo destino, fruto de las políticas de gestión migratoria totalmente perversas.
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¿Cuál es la prioridad ahora?
Hay otras ONG apoyando. La prioridad es el bienestar de los sobrevivientes y crear mecanismos de resiliencia para superar el estrés postraumático y acoger todas las demandas de los familiares que están buscando a sus parientes entre los sobrevivientes. Desde distintos puntos de Europa llega gente buscando a su familia, están reconociendo los cuerpos. Llegan con una gran incertidumbre al no saber si sus seres queridos están vivos o si están muertos y lamentablemente van a nutrir este gran cementerio que es el Mediterráneo central.
¿Qué viene para las personas una vez en tierra? ¿Cómo pueden empezar a rehacer su vida, cuáles son sus principales necesidades?
El sistema de recepción en Italia sufre un deterioro desde hace por lo menos cuatro años. Muchos de los sobrevivientes, a juzgar por los países de los que vienen, y esto no es determinante, podrían acceder al asilo o carácter de refugiados. Hay posibilidad de que por la situación accedan a lo que se conoce como visas humanitarias. Sería muy extraño que puedan venir deportadas. Algunos de ellos que tienen familias en otros lugares de Europa podrían solicitar la reunificación familiar. Donde cada uno termine van a tener que pasar por estos procesos de recuperación psicológica, pero no es seguro que lleguen a un sistema de salud que garantice esos servicios. Les espera una recuperación muy dura.
A la crisis en Afganistán, la guerra en Siria y otros factores, recientemente se sumó el terremoto en Turquía y Siria. ¿Creen que esto tendrá alguna incidencia o producirá un aumento en el número de personas que tratan de huir por estas vías?
Es muy temprano para hablar del impacto del terremoto en la fuga de estas personas. Por ahora nadie nos ha mencionado estos factores. Con gente que viene de Siria, hablamos de un conflicto que lleva 12 años, o de Afganistán, con el régimen talibán; de Irán, con la crisis social y económica. Sabemos que la ruta de Turquía a Italia aumentó en un 30 % el año pasado respecto a 2021: en 2022 llegaron 32.000 personas en comparación con 20.000 del año anterior, según datos de Acnur. Al no tener vías seguras y legales para requerir protección internacional estas personas se ven forzadas a tomar estas vías que ponen en riesgo su vida.
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¿Cuáles han sido los efectos sobre su trabajo de las medidas puestas en marcha en Italia?
Es un decreto ley que entró en vigor en enero pasado. Es una serie de imposiciones a los barcos de la sociedad civil como el nuestro que no hacen más que cubrir el vacío que los estados miembros y firmantes de las convenciones marítimas están dejando. Hay tres puntos conflictivos: uno es que nos hacen ir a puerto a desembarcar a las personas rescatadas después de la primera operación de rescate. Nosotros sabemos que cuando el tiempo es propicio para las partidas de la costa libia, salen en cantidad el mismo día. Hemos llegado a rescatar 11 botes diferentes en el arco de 72 horas, uno detrás de otro. Al obligarnos a ir después del primero estamos dejando a mucha gente atrás que puede sufrir dos destinos: uno, ser interceptadas y reportadas en Libia, que es precisamente el lugar de donde escapan, o sufrir un accidente que pueda terminar probablemente en muerte.
Los otros dos puntos son, por un lado, que debemos entregar toda la información para que se puedan reconstruir las operaciones de búsqueda y rescate. Se nos pidió la “caja negra”, un sistema que se usa solo cuando hay un incidente marítimo bien delimitado por la ley, que pueden ser incendios o hundimiento del barco. Obviamente un rescate no hace parte de esa lista de incidentes, no lo entregamos y nos vino impuesta una detención de 20 días, así que también es una arbitrariedad total en la información que se nos puede pedir, desproporcionada a los fines, que termina en detención y que nos reduce el tiempo operativo que podemos estar en el mar haciendo nuestra misión social de salvar vidas.
Y lo tercero es un pedido de que recojamos información de aquellas personas que quieran presentar solicitudes de protección internacional. No se detalla cuál información precisa, entonces se nos puede pedir alguna información ridícula y eso ser interpretado como que no cumplimos con la ley. Un barco no es un lugar donde recoger información para protección internacional, esto debería ser hecho por personas calificadas una vez que tengan los pies sobre la tierra. Y por último, hay una práctica, que no es parte del decreto porque sería contraria al derecho internacional, y es que nos están mandando a puertos muy lejanos, los más lejanos que puede haber en el norte de Italia. Cuando podríamos desembarcar a 200 o 300 kilómetros del lugar en donde estamos rescatando, nos mandan a 1.500, que significan cinco días de navegación de ida y cinco de vuelta… Una manera más para tenernos lo más lejos posible de la zona donde las embarcaciones se encuentran en peligro. Es negligencia total para dejar morir a las personas.
En este debate las ONG han sido acusadas de que con su labor promueven el tráfico de personas. ¿Qué dice sobre esto?
Obviamente es una acusación totalmente infundada, instrumentalizada, irresponsable, perversa, nefasta e hipócrita. Tenemos que entender por qué las personas toman la decisión de poner su vida en riesgo para escapar de sus países de origen. El traficante es un medio en una situación de personas desesperadas por escapar. No es por la existencia de un traficante o de naves que salvaguardan la vida en el mar que las personas deciden partir. Las naves de las ONG el año pasado solo contribuyeron al 10 % de las llegadas en Italia, entonces cuando no estamos en el mar las personas siguen saliendo lo mismo; ha habido tantísimas otras personas que llegaron autónomamente al territorio italiano o rescatadas también por la Guardia Costera, la Marina militar… Entonces focalizarse en las organizaciones es una hipersimplificación del fenómeno migratorio y una total negligencia frente a los motivos por los que las personas deciden partir. Cualquier persona que esté acá que mira a la cara y hable con las personas que rescatamos, familias enteras, madres con niños pequeños o hijos menores enviados por sus padres en estas embarcaciones, se dará cuenta de que no tenían otra opción. Si pudieran mandarlos en un avión, con una visa preacordada, no existiría una sola persona que pondría su vida en riesgo de esta manera.
Hemos hablado solo de Italia, pero ¿cómo evalúa la corresponsabilidad de los otros países del continente en esta situación?
Hay una corresponsabilidad fundada también en la carta fundacional de la UE, que habla de un principio de solidaridad. El fenómeno migratorio no es un problema italiano, sino también europeo, y habría que encontrar los mecanismos para solucionar conjuntamente, por ejemplo, mecanismos de búsqueda y rescate que podrían ser liderados por cualquier país. Aquí hablamos de Italia por una mera cuestión geográfica, pero lo mismo podemos discutir de Grecia, de los Balcanes, también podemos hablar de políticas de expulsión, por ejemplo, de la gente que llega a Canarias desde Marruecos y el Sahara Occidental. Hemos visto los muros que se construyeron en Polonia, en Lituania, antes del inicio de la guerra en Ucrania. No es un contexto aislado. Las políticas migratorias europeas en los distintos puntos de ingreso van en la misma línea. La responsabilidad recae en todos los estados miembros. Las instituciones europeas, y en este caso la Comisión Europea como ejecutora de las políticas, tienen un grado de responsabilidad en la creación de corredores humanitarios para que las personas lleguen a salvo y de forma regular.
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