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AÚN NO SABEMOS SI LOS ESFUERZOS de estímulo al crecimiento económico mediante gasto público se enfocarán realmente en inversiones de infraestructura, o si terminarán dedicados a gasto social asistencialista.
Cuando en los próximos meses la crisis económica mundial golpee fuertemente sectores críticos de la economía, y el desempleo comience a hacer estragos, no se harán esperar los llamados urgentes para que el Gobierno complemente su política de estímulos a la oferta, con una terapia keynesiana intensiva.
Esos llamados serán música para los oídos de un Gobierno apremiado por el decrecimiento de los ingresos fiscales, y crecientes necesidades políticas. Pero el debate sobre cómo invertir responsable y eficazmente el dinero de los colombianos está aún por hacerse. Aún en épocas normales, en Colombia es muy escaso el debate en torno al tema de la inversión pública, a pesar de su importancia política, pues significa la concreción de la política social y buena parte de la económica. La ausencia de debate público sobre el tema se produce porque éste ha sido reemplazado por el trueque clientelista, que es silencioso.
Aunque aparentemente hay consenso sobre la necesidad de que los esfuerzos fiscales anticíclicos se concentren en inversión en infraestructura, la realidad es que no es fácil hacerlo eficazmente. Primero porque, para que tengan verdadera capacidad de irrigar la economía en su conjunto, las obras de infraestructura deben ser ambiciosas, pero éstas, por su complejidad son difíciles de planear y estructurar. Y son demoradas, no solamente de concebir, financiar y adjudicar, sino que su efecto estimulante no sólo no es inmediato, sino que se extiende durante períodos tan largos como el tiempo que se requiere para construirlas. Se calcula que menos del 30% del valor de la inversión de una obra pública importante se ejecuta durante su primer año.
Eso hace que las inversiones en infraestructura, a pesar de sus ventajas estructurales, cuando no han sido planeadas con anticipación tienen limitaciones importantes para cumplir el propósito de estimular la economía en épocas de recesión, que requieren remedios agudos. La alternativa disponible es hacer las inversiones en proyectos de infraestructura más pequeños. Pero éstos tienen, como demostró ampliamente el Plan 2500 vigente, el problema de no solucionar los verdaderos déficits en materia de infraestructura que tiene el país, y que terminan influidos por el clientelismo, tanto en su concepción como en su adjudicación.
Por eso cuando los dolores del decrecimiento económico llevan a buscar remedios más expeditos, se termina mirando hacia la “infraestructura humana”. Las inversiones sociales puntuales, a pesar de su carencia de efectos perdurables, tienen eficientes efectos estimulantes porque introducen liquidez en la economía de manera casi inmediata. Sin embargo, la tradición asistencialista del Gobierno en materia de menudeo de recursos públicos, hace temer no sólo que este tipo de inversión termine siendo derrochadora, sino que en caso de que el Presidente decida reelegirse o imponer un sucesor, se convierta en una peligrosa arma electoral, y en un grave perjuicio para la democracia.