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En un comunicado a la opinión pública de cuatro párrafos, el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio que dejó a más de uno al borde de la silla. El primer mandatario le pidió al fiscal Francisco Barbosa que investigue a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando para determinar posibles responsabilidades penales. Sin más detalles, el presidente puntualizó que tiene un compromiso y responsabilidad de “ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí”. Aunque en ninguno de los cuatro párrafos Petro explicó exactamente por qué hace al ente de control semejante petición, sí dejó entrelíneas la razón: la supuesta participación de sus familiares en el pago de sobornos de narcos a cambio de beneficios.
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“Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad”, escribió el presidente, después de aclarar que la única persona designada por el Gobierno para realizar acercamientos con criminales es el comisionado de Paz, Danilo Rueda. La sorpresiva reacción del primer mandatario se conoce un mes después de que la Fiscalía llamara a declarar al comisionado y a Juan Fernando Petro, precisamente por este tema.
Como lo explicó el mismo fiscal Barbosa, lo que se sabe hasta ahora de este caso es que, al parecer, abogados y funcionarios públicos habrían visitado cárceles en todo el país para prometer beneficios a cambio de dinero. Esos sobornos, que afectan la política de “paz total” del Gobierno, apuntan a que un cartel de abogados estarían pidiendo hasta US$1 millón para nombrar a criminales como gestores de paz y, de esa manera, poder salir libres y detener una eventual extradición. Juan Fernando Petro y Danilo Rueda fueron dos de los llamados por la Fiscalía a declarar, pero también lo hizo el abogado Pedro Niño, vocero del Clan del Golfo en los acercamientos entre ese grupo criminal con el Gobierno.
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Este nuevo tornado de polémicas que sacude la iniciativa gubernamental de paz llega a menos de un mes de que el mismo comisionado Rueda, denunciara públicamente la supuesta red de abogados corruptos que también menciona la Fiscalía. En febrero de este año, se conocieron casos los mencionados casos de supuestas coimas que pagarían algunos presos para que, en caso de no lograr la libertad o evadir la extradición con la “paz total”, al menos pudieran acceder a traslados de centros penitenciarios a voluntad y reducciones en las condenas.
Según dijo Rueda en ese momento, hay “unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas” falsas. En esa ocasión, el comisionado puso sobre la mesa el supuesto caso de una persona privada de la libertad que pagó a su representante legal para que lo trasladaran a otro centro penitenciario. Esto nunca ocurrió, afirmó el Gobierno, que además, a través de Rueda, añadió que “así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de paz total”.
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Tras exponer los supuestos casos, Rueda dijo que el Gobierno ya “ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones”. El documento con el que el comisionado hizo públicas sus denuncias señalaba también que para la administración Petro, las prácticas corruptas “son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho”. Además, agregó que a su parecer es lamentable que esos supuestos hechos opaquen el trabajo que han adelantado en distintos centros penitenciarios de todo el país, como las instalaciones de mesas de paz en los penales.
Juan Fernando Petro, desde el comienzo de esta historia, ha dicho que hay personas que han utilizado su nombre para propósitos oscuros. Su abogado explicó, en febrero de este año, que ni él ni su cliente tienen “conocimiento de ningún nombre, de ningún abogado (metido en estas vueltas). Por eso, en la apertura de la investigación se constituye como víctima. El más interesado en que esto se esclarezca es Juan Fernando”. Ahora, lo que tendrá que esclarecer la Fiscalía es hasta qué punto el hermano del presidente participó de estos acercamientos, así como Nicolás Petro que, en toda esa novela, solo parecía haber participado como testigo, hasta las revelaciones que hizo su exesposa a la prensa.
El otro lío
Un par de horas después de que se diera el comunicado del presidente Petro, se conocieron unas polémicas declaraciones. En entrevista con la revista Semana, Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, reveló que, a través de movidas secretas, el hijo del presidente se quedó con más de $1.000 millones que dos polémicos hombres prometieron entregar a la campaña presidencial de su papá: Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y Alfonso el Turco Hilsaca. Además, explicó que Nicolás Petro se quedó con una camioneta que le habría entregado un empresario de Villavicencio y de la que el hoy presidente jamás supo nada. Vásquez agregó que cuando le contó todo a Gustavo Petro, él quedó preocupado y decepcionado, y le dijo que “Nicolás se iba a meter en problemas y que, por ende, él terminaba también metido en problemas por el hijo.
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Santander López y el Turco Hilsaca son viejos conocidos de la justicia y expedientes colombianos. El primero fue un famoso contrabandista de licor y cigarrillos en los años 90, además de senador en 1994. Fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2006, pero solo pagó 18 años de su pena. El Hombre Malboro, además, ha dicho en varias en entrevistas que tenía conocimiento de un plan para matar al líder conservador, Álvaro Gómez, en el que incluso le habrían exigido una cierta cantidad de dinero para llevar a cabo el delito. En cuanto al Turco Hilsaca, se trata de un empresario que ha estado, por décadas, vinculado a todo tipo de expedientes judiciales, sin que haya salido condenado en uno.
Por ejemplo, el 15 de julio de 2009 fue detenido en Cartagena, investigado por sus supuestos nexos con grupos paramilitares. Su nombre, se creía entonces, figuraba entre los financiadores del bloque Norte que lideraba Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40. Además, el Turco estuvo señalado de haber coordinado con paramilitares el asesinato de cuatro prostitutas en Cartagena en el casco histórico, frente a un bar de su propiedad. Con todo esto, el empresario encontró en El Salvador un nuevo puerto para seguir con sus negocios y en 2016, consiguió millonarios contratos con autoridades locales. Al conocer la entrevista de su expareja, Nicolás Petro aclaró que nada es cierto.
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Para defenderse, Nicolás Petro aseguró en un comunicado de prensa que ni conoce a los hombres que dice Vásquez le entregaron dinero, “ni he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente (de parte de ellos). Al respecto, solicito una investigación para el esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”. En esa misma comunicación Petro también agregó su posición frente a la petición que le hizo su propio padre a la Fiscalía. “Me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía para adelantar una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mi persona”, explicó.
“No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable. (…) Me pongo en disposición de la Fiscalía en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia”, explicó Nicolás Petro, quien agregó que para él todo es un ataque político y personal que busca destruir su carrera y su vida personal. Por su parte, Gustavo Petro terminó su comunicado reiterando su compromiso con los colombianos. “Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”, concluyó el presidente.
Por Jhordan C. Rodríguez
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