Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El presidente Donald Trump se preparaba para dar recibir a líderes conservadores de América Latina en una cumbre en Florida a principios de marzo cuando las autoridades estadounidenses divulgaron un video en el que se mostraba una gran explosión, y se captaba la destrucción de lo que dijeron que era un campo de entrenamiento de narcotraficantes en un área rural de Ecuador.
El video pretendía demostrar que el ejército de Estados Unidos, que durante meses ha bombardeado embarcaciones que, según afirma, transportan drogas desde Sudamérica, “ahora bombardea a narcoterroristas en tierra”, escribió en las redes sociales el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Pero una investigación de The New York Times plantea dudas sobre la operación que tanto Estados Unidos como Ecuador destacaron como parte de una nueva alianza militar contra los narcotraficantes.
Le puede interesar: Cooperación antidrogas: Ecuador y EE. UU., entre riesgos y promesas
El ataque militar parece haber destruido una finca ganadera y de producción de leche, no un sitio del narcotráfico, según las entrevistas con el propietario de la finca, cuatro de sus trabajadores, abogados de derechos humanos y residentes y líderes de San Martín, la remota localidad agrícola en el norte de Ecuador donde sucedió el ataque.
Y aunque el Pentágono aseguró en ese momento que había “ejecutado una acción selectiva” contra el lugar a petición de Ecuador, los soldados estadounidenses no participaron directamente en el ataque mostrado en el video, según cuatro personas con conocimiento de la operación, tres de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado.
En San Martín, localidad que el Times visitó durante dos días este mes, los residentes contaron una historia diferente sobre el bombardeo y las acciones de los militares ecuatorianos en los días previos al ataque.
Los trabajadores de la finca relataron al Times que los soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero el 3 de marzo, rociaron varios refugios y cobertizos con gasolina y los incendiaron después de interrogar a los trabajadores y golpear a cuatro de ellos con las culatas de sus armas. Tres de los trabajadores, que solicitaron el anonimato por temor a represalias del gobierno, dijeron que los soldados los asfixiaron después y los sometieron a descargas eléctricas antes de dejarlos irse.
Los habitantes de la localidad afirmaron que los helicópteros ecuatorianos volvieron a la hacienda tres días después, el 6 de marzo, y parecieron lanzar explosivos sobre los restos humeantes de la edificación. En ese momento, dijeron, los soldados ecuatorianos tomaron las imágenes que, según funcionarios estadounidenses y ecuatorianos, mostraban el bombardeo a un complejo de traficantes.
Lea también: “Quedé sin nada”: campesinos aterrorizados por bombardeos antinarco de Ecuador
El ejército ecuatoriano anunció en un comunicado de prensa que la propiedad era utilizada por un grupo armado para ocultar armas y como lugar para que los narcotraficantes durmieran y entrenaran. El propietario de la finca y los residentes locales negaron estas afirmaciones.
Los residentes dijeron que el ataque formaba parte de una operación más amplia, de varios días, realizada por soldados ecuatorianos, quienes incendiaron dos casas abandonadas cercanas a principios de esa semana y luego bombardearon una de ellas con un avión.
El Times visitó San Martín unos días después, en marzo, y trató de corroborar los relatos de los residentes con fotos y videos de la operación militar y sus secuelas.
Ecuador no produce cocaína, pero es uno de los principales exportadores de cocaína de contrabando desde Colombia y Perú al resto del mundo. Recientemente, las bandas de narcotraficantes ecuatorianas, asociadas con carteles extranjeros, han convertido al país, que solía ser pacífico, en uno de los más violentos de Latinoamérica.
También se sabe que grupos armados colombianos operan a lo largo de la frontera con Ecuador, donde la minería ilegal y el comercio de cocaína han prosperado. Pero los residentes dijeron que la granja lechera y otras viviendas que volaron los militares no estaban relacionadas con actividades ilícitas.
El gobierno ecuatoriano declaró en el comunicado de prensa que había contado “con apoyo” de Estados Unidos para atacar la finca, de la que dijo que era un campamento utilizado para entrenar a “aproximadamente 50 narcotraficantes”.
Las autoridades ecuatorianas dijeron también que era una “zona de descanso” utilizada por el líder de Comandos de la Frontera, un grupo armado colombiano que trafica cocaína a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia.
Agregaron que los soldados habían recuperado armas y otros “indicios vinculados a las actividades ilícitas” en la propiedad. Los militares ecuatorianos no ofrecieron pruebas de sus afirmaciones, a pesar de que suelen hacer públicas fotos de drogas, armas y contrabando que incautan durante las operaciones.
Los militares ecuatorianos respondieron remitiendo las preguntas al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien no respondió a una serie detallada de interrogantes.
Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono, dijo que el ataque del 6 de marzo se llevó a cabo “conjuntamente” con Ecuador, y añadió: “Debido a la seguridad de las operaciones, no hablaremos de tácticas específicas ni de detalles sobre los objetivos”.
Dijo que el Pentágono estaba comprometido a trabajar con socios latinoamericanos porque “las redes de carteles amenazan la estabilidad de nuestro hemisferio”.
Dos funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato para hablar sobre la operación dijeron que las Fuerzas Especiales estadounidenses habían proporcionado orientación a los ecuatorianos en la incursión en las dos casas abandonadas río arriba, que ambos ejércitos creían que estaban vinculadas a un grupo de traficantes. Uno de los oficiales añadió que el ejército estadounidense desplegó un helicóptero para ayudar a Ecuador en el ataque a la finca, pero que el ejército estadounidense no participó directamente en el bombardeo.
Mario Pazmiño, coronel retirado y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, dijo que era “un protocolo” destruir cualquier lugar utilizado por los traficantes colombianos en territorio ecuatoriano.
Pazmiño dijo que altos cargos militares y de seguridad de Ecuador le habían informado que el ejército había llegado a la conclusión de que la propiedad había sido utilizada por el líder de los Comandos y miembros de su grupo como lugar para dormir.
Pazmiño dio información independiente que coincide con los relatos de los residentes. Las fuerzas ecuatorianas interrogaron a cuatro personas en la propiedad, dijo, y utilizaron helicópteros para lanzar proyectiles a la finca.
También dijo que, aunque Estados Unidos y Ecuador habían cooperado en otros lugares de Ecuador, el ejército estadounidense no había participado en el bombardeo de la finca.
“Lo que hizo el ejército es atacar esa casa o esa finca y destruirla en su totalidad”, dijo Pazmiño, en referencia a las fuerzas ecuatorianas.
Un representante de los Comandos dijo al Times en una entrevista telefónica que el grupo no había utilizado la propiedad como campamento o escondite.
El propietario de la finca lechera, Miguel, dijo que compró el lugar de 350 acres hace unos seis años por 9000 dólares, y que en ella se crían más de 50 vacas que se utilizan para producir leche y carne.
Miguel, carpintero de 32 años y padre de dos hijos, pidió ser identificado solo por su nombre de pila por temor a represalias del gobierno. Mostró al Times el título de propiedad del terreno en el que aparecía como propietario, así como fotos de la finca antes de que fuera atacada.
De pie entre los escombros, Miguel negó que su finca se utilizara como campo de entrenamiento y dijo que le desconcertaba la decisión del ejército de atacar la propiedad.
Contuvo las lágrimas mientras explicaba lo que había antes: dos cabañas de madera, un cobertizo para hacer queso, cobertizos para su equipo. El prado de los caballos se salvó, pero el gallinero desapareció.
“La indignación”, dijo Miguel, mientras pasaba por encima de sus pollos muertos. “Esa mentira, 50 personas para el entrenamiento aquí. ¿A dónde van a poder entrenar? ¿En todo esto descubierto? No hay una lógica”.
Y añadió: “Mira, por donde la cara voltea hay animales: las vacas de ordeño, los terneros, los caballos”.
La Alianza por los Derechos Humanos, una coalición de grupos en Ecuador, presentó una denuncia de 13 páginas ante las autoridades ecuatorianas y las Naciones Unidas en la que afirman que las acciones de los militares eran ataques contra la población civil.
“Hasta ahora no hay un solo funcionario público que haya ido a hacer un ejercicio de verificación”, dijo María Espinosa, abogada de derechos humanos.
Algunos residentes de San Martín se preguntaron si el gobierno había utilizado el ataque en la finca para obtener apoyo a su ofensiva contra las violentas bandas de narcotraficantes del país.
Este mes, una franja de la costa del Pacífico ha sido sometida a un toque de queda nocturno mientras las fuerzas de seguridad de Ecuador, con el apoyo de los servicios de inteligencia de las fuerzas estadounidenses, combaten a las bandas.
“Nosotros lo que queremos es que se esclarezca la verdad”, dijo Vicente Garrido, vicepresidente de la junta de la localidad de San Martín. “Dicen que es campo de entrenamiento, pero ya se están dando cuenta que son solo viviendas”.
El ataque en la finca
San Martín, una localidad de dos decenas de familias en la selva amazónica, se encuentra en las orillas empedradas del río San Miguel, que separa Ecuador de Colombia.
Los habitantes viven en casas de madera y cosechan café y plátano. Se mueven libremente entre Ecuador y Colombia, y van a la escuela y al trabajo en lanchas.
El miedo marca la vida cotidiana: los residentes dijeron que llevan mucho tiempo equilibrando una frágil coexistencia con grupos armados a los que temen incluso nombrar, así como con patrullas militares que, aseguran, actúan con impunidad. Los campesinos dijeron que se enfrentaban a la sospecha constante de los soldados, que creen que son cómplices de los grupos armados.
“Aquí nosotros sobrevivimos”, dijo José Fernández, de 62 años, residente de San Martín.
Los Comandos de la Frontera, el grupo dominante en la región, es uno de los más poderosos del sur de Colombia y se ha extendido a Ecuador, donde el ejército de ese país lo tiene en su punto de mira desde el año pasado.
El 3 de marzo, más de una decena de soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero a la cercanía de la finca de Miguel.
Asaltaron la propiedad con las armas desenfundadas, según cuatro de los cinco trabajadores de la finca que se encontraban allí ese día. Los cuatro trabajadores describieron una secuencia similar de acontecimientos en entrevistas separadas.
Los trabajadores, todos colombianos, dijeron que los soldados los separaron, les ataron las muñecas y los acusaron de esconder drogas y armas, y de colaborar con grupos armados por ser colombianos.
El encargado de la finca, un hombre de 32 años, dijo que los soldados exigieron ver las “caletas” de la finca, aunque él insistió en que la finca era simplemente una granja.
Los trabajadores dijeron que los soldados les preguntaron por personas específicas de las que nunca habían oído hablar. Los soldados soltaron a un trabajador de 66 años y luego empezaron a golpear a los trabajadores más jóvenes, todos ellos de entre 20 y 30 años, dijeron. Un trabajador dijo que se desmayó dos veces después de que los soldados lo sumergieran de cabeza en un barril de agua y amenazaran con ahogarlo.
A continuación, los soldados subieron a cuatro de los trabajadores a un helicóptero, echaron gasolina a dos viviendas, cobertizos de herramientas y el de fabricación de queso, y les prendieron fuego, incendiando la mayor parte de las estructuras de la finca, según los trabajadores y un grupo de residentes que llegaron tras percatarse de la conmoción.
Al parecer, los soldados ecuatorianos efectuaron cinco disparos en dirección al grupo cuando Garrido, vicepresidente de la junta del pueblo, intentaba acercarse en busca de respuestas, según el video grabado por otro residente.
Los campesinos dijeron que los llevaron en avión a lo que creen que era una base militar a unos 20 minutos de distancia. Allí, dijeron, los soldados los asfixiaron con sus propias camisas y les aplicaron descargas eléctricas con pistolas aturdidoras.
Los hombres dijeron que finalmente los liberaron al amanecer y les dijeron que regresaran a Colombia.
“Prácticamente que, si piso el Ecuador, me van a matar”, dijo un trabajador.
Tres días después, el 6 de marzo, militares ecuatorianos reaparecieron en helicópteros, dijeron los residentes. Lanzaron al menos dos explosivos sobre los restos humeantes de la finca, según los videos que los militares ecuatorianos y estadounidenses subieron a las redes sociales.
Ese mismo día, Ecuador proclamó que “destruyeron” Comandos de la Frontera.
Federico Rios colaboró con reportería.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com
Conoce más