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Lo que ha sido causa de prosperidad para algunas regiones del país, para otras es motivo de condena y preocupación. La riqueza del petróleo no siempre se ha traducido en desarrollo económico y social. El color del petróleo ha sido una premonición para las regiones donde se encuentra: detrás del llamado “oro negro” ha llegado la violencia disfrazada de desarrollo, riqueza y frustración.
Pero, a la vez, también llegaron recursos que han sido despilfarrados por la clase dirigente de las regiones. Han proliferado las obras faraónicas que nunca llegaron a su fin, ni menos cumplieron su papel social de convivencia y desarrollo. Al final, no es culpa del petróleo que los dineros de las regalías se hayan deslizado hacia fines claramente ilícitos.
En un país que pareciera buscar intensamente, y desde hace varios años, una diversificación en su oferta exportadora, que a su vez le permita despegarse de la adicción a las industrias extractivas, la paradoja básica es que el petróleo ha sido la ruina o la gloria para muchos lugares y para miles de personas.
Es una relación que no se define en blanco y negro, sino en un gris en el que se ven matices claros de abandono estatal, pero también de abusos corporativos, de pueblos que subsisten (y nacieron) de la mano del petróleo y otros que encontraron casi que una ruina con este combustible.
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El mundo en gris
Los estudios y las experiencias muestran que los municipios petroleros tienden a tener mejores niveles de vida y desarrollo que sus vecinos sin hidrocarburos. También es cierto que las afectaciones medioambientales han sido mayores donde hay presencia de hidrocarburos que donde no los hay. Los municipios productores de petróleo, en su mayoría, se han vuelto monodependientes, lo mismo que le ha pasado al país. Hasta el momento ni los unos ni Colombia han encontrado la fórmula para reemplazar esos ingresos provenientes de otras actividades productivas.
Un estudio de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) mostró que en promedio los municipios petroleros aportan a la economía de sus departamentos, a través del PIB, cerca de 11 veces más que los municipios no petroleros. Los cinco departamentos más productores de petróleo (Meta, Casanare, Santander, Arauca y Boyacá) reciben cinco veces más ingresos que los no petroleros en materia de tributos, regalías y Sistema General de Participaciones.
Precisa el gremio que en 10 años, hasta 2015, los municipios de estos cinco departamentos obtuvieron $7,7 billones por regalías, un 90 % fue recibido por los municipios petroleros. “Hay un efecto multiplicador en impuestos municipales asociado a la cadena de bienes y servicios del sector petrolero”, sostiene la ACP.
Un informe de Fedesarrollo para Ecopetrol determinó la importancia del petróleo en los municipios productores donde muestra que “en los últimos 15 años los sectores de minería e hidrocarburos han tenido una dinámica que ha contribuido de manera importante a la evolución de las exportaciones, la inversión extranjera y a los ingresos fiscales, tanto del Gobierno central como de las entidades territoriales”.
Todo este panorama para el país y las regiones productoras de hidrocarburos podría cambiar en los siguientes años. La transición energética que busca acelerar la administración Petro podría frenar la producción petrolera en el futuro. Mientras siga en el limbo la suerte de los nuevos contratos petroleros, los ingresos por la producción y exportaciones de hidrocarburos podrían descender dramáticamente afectando las finanzas nacionales y regionales.
Entre enero de 2021 y mayo de 2022 se aprobaron 2.943 proyectos por $15,7 billones de regalías minero-energéticas, de los cuales el 93 %, es decir, cerca de $14,6 billones, corresponden a los recursos del Sistema General de Regalías. Las iniciativas aprobadas están relacionadas principalmente con educación, vivienda, transporte, energía, agricultura y desarrollo rural, ciudad y territorio, y recreación y deporte.
“Renunciar a los recursos que nos proveen nuestros energéticos no salvará al mundo, pero sí condenará a nuestro país a no contar con los recursos para financiar su transición económica, social y energética”, señala la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec).
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Sabor petrolero, ¿más dulce que agrio?
Las cifras que maneja la industria petrolera sobre los beneficios que ha dejado el petróleo en las regiones productoras tienen un duro contraste en términos ambientales, en los pasivos que han dejado las industrias extractivas en todo el país.
Por ejemplo, Óscar Sampayo, integrante de la Corporación Yariguíes, grupo de estudios extractivos y ambientales del Magdalena Medio, considera que la extracción de hidrocarburos en esta región, y en particular en los municipios de Barrancabermeja, Carmen de Chucurí, Puerto Wilches, Yondó y Cantagallo, “evidencia que ese supuesto desarrollo que trae la explotación de petróleo y gas solamente queda en teoría, porque en la realidad son pueblos sumidos en un empobrecimiento donde las condiciones de vida de sus habitantes es precaria”.
Contrario a este pensamiento, la ACP destaca que las mejores condiciones económicas en los municipios petroleros van de la mano con indicadores de calidad de vida más favorables frente a los municipios no petroleros de sus respectivos departamentos. Explica el informe del gremio petrolero que el 70 % de las variables del Índice de Pobreza Multidimensional, utilizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para medir calidad de vida en su análisis de tipologías municipales, evidencian mejores resultados en los municipios petroleros frente a sus vecinos no petroleros. Este índice mide el nivel de privaciones que presentan los hogares en varios aspectos: educación, salud, servicios públicos, condiciones de vivienda, niñez, juventud y empleo, precisa el estudio.
A su vez, Luis Guillermo Vélez Álvarez, economista, profesor y consultor, sostiene que las ventajas de los municipios petroleros frente a sus pares que no lo son son evidentes. Una tiene que ver con los recursos que reciben por regalías, “pero también por concepto de impuestos como industria y comercio asociado a esa actividad”.
Pero lo cierto, al final de cuentas, es que “hay algunas inversiones de proyectos de infraestructura que cuando se construyen se ven sumidos a unos hechos de corrupción muy notorios”, sostiene Sampayo.
El destino de los dineros que pagan las empresas petroleras vía regalías muchas veces no cumple su objetivo, que es contribuir al desarrollo de los municipios productores.
Y en buena parte esto tiene que ver, bajo la visión del DNP, con la ausencia de una visión estratégica de país. Para el director de la entidad, Jorge Iván González, Colombia casi que está pensada institucionalmente para impedir la planeación de largo plazo.
En una entrevista reciente para este diario, González dijo: “Colombia ha creado una lógica sectorial, departamentalizada. Para mí el ideal es que se reunieran los congresistas del Eje Cafetero o del Caribe y propusieran los cinco grandes proyectos para estas zonas (…) ¿Cómo, con la riqueza ambiental que tenemos, hay gente tan pobre, por qué una de las regiones con mayor precipitación pluvial en Colombia no tiene acueductos, cómo se explica que el Magdalena Medio lleva sacando petróleo durante 100 años y sigue con gente pobre?”.
Por su parte, para César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), la industria del petróleo tiene un pasivo social con las comunidades en las zonas de explotación petrolera. Señala que “hace 105 años nació la industria petrolera en el corregimiento Centro. Sumando la producción que durante toda la historia han aportado los campos del Magdalena Medio: Centro, Lizama, Llanito, Sabana, Tisquirama y Cantagallo se superan los 3.500 millones de barriles, sin embargo, en la zona no tenemos industria, no tenemos un hospital de cuarto nivel, no hay desarrollo de economías alternativas porque los territorios han perdido su vocación, y el agua potable en Barrancabermeja, que tiene la refinería más grande del país, es de pésima calidad”.
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Los pasivos ambientales
El mayor problema que arrastra la industria petrolera es la contaminación del medio ambiente.
Se estima que entre 2015 y junio del año pasado se registraron en el territorio colombiano 2.133 incidentes y derrames petroleros. Santander fue el territorio en donde más incidentes y derrames fueron reportados, con 879 casos. Le siguen Boyacá, con 274 casos; Antioquia, 224; Meta, 172, y Casanare, con 125.
Vélez señala acá un punto evidente: “Las desventajas (de una región petrolera) tienen que ver con los impactos ambientales de estos proyectos. Todos estos, de cualquier tipo, tienen unos impactos ambientales y unos requisitos deben cumplir. Corresponde a las autoridades hacer cumplir esos compromisos ambientales”.
Muchos de esos problemas de contaminación vienen de los malos manejos de las empresas petroleras, es claro. Pero aquí también habría que mencionar que una proporción nada despreciable está relacionada con atentados contra la infraestructura petrolera y por las bandas criminales que extraen el contenido de los oleoductos.
“Los efectos de la extracción del petróleo han sido muy negativos. En más de 100 años de explotación petrolera lo que hemos visto son impactos ambientales, contaminación de las aguas, del aire, afectaciones a la salud humana y deterioro a la naturaleza, y nos preocupa que este modelo se profundice en el territorio y en otras regiones de Colombia”, explica Sampayo.
De acuerdo con información de Planeación Nacional, en los últimos 35 se han vertido 4,1 millones de barriles en la tierra (asociados a ataques y accidentes), lo que equivale a 16 veces la catástrofe del Exxon Valdez, uno de los mayores desastres ambientales en el mundo.
Lo que estas cifras muestran, en el fondo, es el enorme impacto económico que la exploración petrolera tiene en la vida de las regiones. Y esta relación, para muchos lugares, se ha convertido con los años en total dependencia. Si las industrias extractivas salen de ciertos sitios no solo es una caída inmediata de recursos, sino una alteración inmediata de cómo se vive en esos lugares.
Este panorama lleva a cuestionar el papel del Estado en estas regiones: hablamos ahora de transición energética, pero la conversación debe incluir cómo se redefine la vida en sitios en los que las empresas casi que han hecho las veces de Estado ante el abandono de gobiernos locales, regionales y nacionales.
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