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Las protestas celebradas el martes hacen parte del "Paro cívico nacional", que promueven organizaciones populares y centrales obreras. La protesta no ha provocado la inclusión de la policía, a pesar de que los sublevados se tomaron las entradas y salidas de las principales ciudades del país.
Algunos protestantes afirman que las marchas tienen el apoyo económico del presidente Manuel Zeyala, quien no lo ha aceptado ni negado. Algunos agentes de la policía le confirmaron a la agencia de noticias Efe que han recibido órdenes de no desalojar a los protestantes.
En el centro del país, la carretera que comunica a Tegucigalpa con San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, está bloqueada impidiendo el paso de todo tipo de vehículos.
Adicionalmente los manifestantes se unieron hasta el centro de la capital del país para acompañar en una huelga de hambre a ocho fiscales que exigen que se acabe la corrupción en el Ministerio Público, desde hace 38 días. Piden, entre otras suspensiones, la del fiscal general Leonídas Rosa.
El miércoles se unieron a la protesta los maestros del sector público, por lo que 2 millones de estudiantes no tuvieron clases. El ministro de Educación, Marlom Brevé, dijo que cada día que los menores no reciben clases, el país pierde 50 millones de lempiras (unos 2,6 millones de dólares).