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Pasaron cinco años antes de que el proyecto de ley para seguirle el rastro a la carne que llega a nuestros platos, buscando que sea libre de deforestación, recibiera luz verde en el Congreso. El pasado 24 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la iniciativa, que había sido presentada por primera vez en 2021 por el representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, pero que se hundió en un par de ocasiones.
Aunque todavía hace falta que el Senado y la Cámara acuerden el texto definitivo que pasaría a sanción presidencial (un proceso conocido como conciliación), a ojos de Losada no será una tarea complicada. “Creo que después de Semana Santa lo tendremos conciliado”, dice. Al fin y al cabo, ya se lograron las mayorías en el Congreso para atender una situación que no es menor, la deforestación, que ha impactado especialmente a la Amazonia.
Durante 2024, según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), alrededor del 68 % de la pérdida de bosque en el país, equivalente a 77.124 hectáreas afectadas, se concentró en esta región, sobre todo en los departamentos de Meta y Caquetá. Esto representó un aumento del 74 % de la deforestación en la Amazonia, en comparación con los registros de 2023.
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Cómo han indicado el Ministerio de Ambiente y centros de pensamiento como el CESED de los Andes, entre los principales motores de deforestación están la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras y otras actividades relacionadas con la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas. Por eso, Losada espera que la iniciativa que ha promovido permita que en un futuro (aspira que no tan lejano) se reduzca la deforestación amazónica.
El objetivo del recién aprobado proyecto de ley, cuyos autores fueron, además de Losada, la representante Julia Miranda (quien en el pasado fue directora de Parques Nacionales Naturales) y el senador del Partido Conservador Marcos Daniel Pineda, es básicamente disponer de instrumentos para garantizar una cadena productiva de ganado sostenible y libre de deforestación. En otras palabras, se trata de seguirle la pista al ganado “desde su origen hasta el plato”, para así sacar del mercado formal aquella carne que provenga de áreas deforestadas.
Para ello la propuesta busca crear una interoperabilidad entre los sistemas de trazabilidad del sector agropecuario, el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques y Carbono del sector ambiental, el Sistema Nacional Catastral y el registro de la propiedad inmueble. De ese modo, se involucran entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
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El objetivo de “poner a hablar” todos esos sistemas de información se puede entender fácilmente así: la idea es identificar qué vacas se ubican en zonas deforestadas, donde no deberían estar. En manos del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura y con el apoyo del Ministerio de Ambiente, quedaría entonces la tarea de reglamentar lo que se requiera para ajustar los procedimientos de recolección de la información.
De acuerdo con Losada, esto permitiría la trazabilidad prácticamente plena del ganado. “Claramente, en principio, los efectos se van a ver dentro de la industria y de la cadena de producción. Pero cuando se consolide el sistema interoperable, complementado con el resto de medidas, va a haber una reducción de la deforestación”, apunta.
La información, de acuerdo con el proyecto de ley, sería de acceso libre, abierto y transparente para las entidades administrativas y judiciales que tengan funciones y competencias legales para combatir la deforestación. También se pretende garantizar la publicidad a la sociedad en general.
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Para Carlos Devia, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, también se está buscando atender las complejidades de una actividad tan importante en Colombia como lo es la ganadería. El proyecto, en sus palabras, genera una aproximación mucho más detallada para verificar lo que está pasando en ese sector, y así llegar a un nivel de organización y control mucho más claro, y robustecer el sistema. “Es una apuesta de desarrollo del país”, explica.
Una visión compartida
Para evitar que la iniciativa se hundiera de nuevo, sus impulsores optaron por una estrategia diferente: empezar por lo más difícil, que es el Senado. La vez pasada, recuerda Losada, las discusiones quedaron hacia el final de la legislatura. “Llegamos muy encima porque el debate más duro, sin duda, se dio en la Comisión Quinta del Senado”.
Sacar el proyecto adelante implicó llegar a acuerdos entre distintas bancadas. El senador Marcos Daniel Pineda pasó de ser uno de los críticos férreos del proyecto a ser coautor y ponente del texto en el Senado. En su opinión, antes se imponían múltiples trabas a la actividad ganadera y había un estigma sobre el sector. “Sin embargo, reconocíamos el espíritu inicial: articular distintos sistemas de información que facilitaran la lucha contra la deforestación y permitieran diferenciar a los ganaderos legítimos de aquellos acaparadores de tierra que deforestan”.
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Entonces, cuenta Pineda, uno de los principales cambios que se pactaron fue que el proyecto promovería la ganadería sostenible a través de diversas medidas. Por ejemplo, que los productores que se certifiquen con el Sello Ambiental Colombiano de Ganadería reciban acompañamiento del Estado y que se incentive la comercialización de sus productos.
El senador agrega que la propuesta anterior obligaba a todas las plantas de beneficio, exportadores y otros actores de la cadena a adoptar políticas de debida diligencia que garantizaran proveedurías libres de deforestación. No obstante, el sector consideraba ese trámite excesivo e innecesario. “Logramos que estas medidas se apliquen únicamente al ganado proveniente de núcleos de alta deforestación. Así, no afectamos a toda la cadena productiva, pero sí mantenemos estándares de verificación en las zonas más críticas”, asegura Pineda.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), complementa que, luego de seis años desde que surgió la idea, finalmente se llegó a “un punto de madurez de lograr no solo acuerdos políticos, sino también técnicos”.
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Se refiere al consenso en torno a las ventajas de la trazabilidad ganadera. Además de ser necesaria para garantizar la protección de los bosques, permite fortalecer la competitividad de la cadena ganadera tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, abre la puerta para que Colombia entre en mercados que tienen cada vez más criterios y requerimientos de sostenibilidad, como demostrar que sus exportaciones no provengan de áreas deforestadas. Ejemplo de ello es el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que exigirá este tipo de garantías.
Tanto Losada como Botero concuerdan en que la aprobación de la iniciativa en el Congreso es una muestra de que es posible un trabajo en conjunto. Para sacarlo adelante hubo participación desde distintas vertientes políticas, así como desde la academia, el Gobierno con el Ministerio de Agricultura, el gremio, así como grupos empresariales. “Esta es una noticia de trascendencia histórica para la ganadería nacional, ratificando el hecho que la productividad y la conservación no son caminos opuestos, sino complementarios”, expresa, por su parte, Rafael Torrijos, gerente del Comité de Ganaderos del Caquetá.
Los retos venideros
Aunque la aprobación de esta ley de trazabilidad ganadera consolida años de esfuerzos y es un gran paso, creen las personas que consultamos para este artículo, también reconocen que aún queda camino por recorrer. Devia, de la U. Javeriana, anota que lograr la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información va a implicar un mayor trabajo para los funcionarios y entidades públicas, por lo que se requieren estructuras más robustas.
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Botero, por su parte, menciona algunos de los desafíos en regiones como la Amazonia, donde es necesario avanzar en la actualización y articulación del catastro, especialmente en zonas de deforestación. A esto se suma el reto de cruzar esos datos con los registros de vacunación del ganado, que no siempre coinciden con la identificación predial, pues a veces los animales son vacunados en un predio distinto al que figura en los registros o posteriormente se trasladan a otra zona.
Además, “hoy por hoy Colombia sigue manejando guías de movilización ganadera en papel, lo cual las hace extremadamente vulnerables y susceptibles de corrupción”, explica Botero. “Tenemos que pasar a un sistema electrónico de seguimiento que no pueda ser manipulable a través de guías físicas”.
Algunos de los objetivos, dice, son que en el futuro cada animal pueda tener su identificación desde el principio hasta el final, y que se tenga una certeza cada vez mayor sobre cada uno de los actores de la cadena.
Losada resalta un último aspecto clave para que la ley se implemente adecuadamente: la iniciativa del Gobierno de asumir esta tarea, lo cual dependerá de los resultados de las próximas elecciones presidenciales. “Ya veremos si llega alguien que tenga una voluntad política grande para implementar rápidamente este proceso”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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