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Veinte vicerrectores y directores de investigación de las universidades del SUE (Sistema Universitario Estatal) se pronunciaron nuevamente en las últimas horas alrededor de la situación que están viviendo las convocatorias de la Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 2023-2024.
En una carta, señalan que “no ha sido posible tener una respuesta formal del Ministerio de Ciencia” y reclaman soluciones de fondo ante lo que llaman una “falla estructural, sistemática y recurrente de la Secretaría Técnica del OCAD CTeI”. Para entender esto, hay que saber que el OCAD (siglas de Órgano Colegiado de Administración y Decisión), es la entidad que se encarga, entre otras funciones, de aprobar las convocatorias que son financiadas con la plata de regalías, producto de la explotación minera y de hidrocarburos. Solo para 2023 y 2024, el Gobierno dispuso de COP 2,9 billones para distribuirlos a través de convocatorias públicas.
El punto es que Minciencias juega un rol clave en ese OCAD, pues entre sus tareas está estructurar, administrar y operar esas millonarias convocatorias públicas, que, luego, presenta a los otros integrantes de ese organismo (gobierno central, gobernadores y universidades) para que sean aprobadas.
La discusión reciente es que, según denunciaban estos actores del sector ciencia, hay convocatorias que ya no van a ser financiadas. “Una cantidad de proyectos se van a quedar sin fondos, pese a haber hecho un esfuerzo gigante para tener las propuestas que, además, implican reunir muchos aliados”, nos decía hace unas semanas Enrique Vera, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y uno de los seis representantes de las universidades ante el OCAD.
Al parecer, varios proyectos de investigación que estaban en el proceso para ganar una de las convocatorias del bienio 2023 y 2024 no van a recibir la plata que esperaban. Estos proyectos “ya habían surtido evaluaciones, revisiones técnicas, subsanaciones y demás etapas institucionales previstas en el Acuerdo 12 de 2024 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías”, nos contaban. En otras palabras, para estos actores del sector, la decisión significa la extinción de los recursos para las convocatorias del Sistema General de Regalías No. 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43, “dejando sin ejecutar de $2,7 billones de pesos”.
En el nuevo pronunciamientos, los vicerrectores y directores de investigación insisten en que la “imposibilidad de continuar con la revisión de los proyectos postulados (…), crea un precedente de inseguridad jurídica respecto a la postulación de iniciativas para atender las convocatorias públicas”. A la fecha, agregan, “no se conocen los avances ni resultados de las actuaciones adelantadas por órganos de control” y no “se cuenta con claridad del alcance de las citadas actuaciones de los órganos de control, ni a los interrogantes generados y remitidos desde actores sectoriales, y que se hacen extensivos al plan 2025-2026”.
Los académicos reiteran que la suspensión del trámite de los proyectos del bienio 2023 y 2024 “genera impactos administrativos y fiscales” y repiten que “tres años de trabajo se pierden”: “Los proyectos presentados en estas convocatorias implicaron un trabajo articulado con aliados nacionales e internacionales, por lo que su suspensión no solo afecta su ejecución, sino que lesiona gravemente la confianza institucional y la credibilidad del país frente a sus socios estratégicos”.
La decisión del Ministerio de Ciencias, como Secretaria Técnica del OCAD, explicamos hace algunos días, se tomó tras un concepto emitido por el Departamento Nacional de Planeación. Frank Olivares Torres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DNP y quien remitió el documento, le explicó a este diario que “lo que dice el concepto es que los recursos que no estén aprobados al 31 de diciembre en el que finaliza ese bienio pasan automáticamente como disponibilidad del bienio que sigue”. Es decir, que la plata de las convocatorias del bienio 2023-2024 que no fue ejecutada pasaría a las convocatorias del 2025 y del 2026.
De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, que en la noche del martes publicó un comunicado, la decisión se tomó pues “la aplicación de este criterio [lo explicado en el concepto del DNP] no corresponde a una decisión discrecional, sino al cumplimiento del marco jurídico vigente y de la interpretación institucional definida por la autoridad competente”. Sin embargo, Olivares le explicó a El Espectador que el concepto no es jurídicamente vinculante y que, por lo tanto, el Minciencias no debe obligatoriamente aceptarlo. ¿Habría alguna consecuencia jurídica en este caso? “Técnicamente, no. Pero apartarse del concepto requeriría una explicación un poco más extensiva por parte del Ministerio”, dijo el funcionario de la DNP.
En la carta reciente, los firmantes cierran así: “reiteramos el compromiso de las Vicerrectorías y Direcciones de Investigación de las Universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal para tender puentes de comunicación y espacios de diálogo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS y los demás actores del Sistema Nacional de CTeI con el propósito de encontrar salidas a esta coyuntura y avanzar hacia el fortalecimiento de un ecosistema de CTeI que atienda las demandas del territorio y garantice el ejercicio digno de la labor de nuestros investigadores”.
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