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La renuncia del concejal Andrés Camacho Casado causó polémica en el Concejo de Bogotá. El cabildante, involucrado en el escándalo del carrusel de la contratación, presentó este viernes una carta a los 44 concejales de la ciudad en la que hace un balance de su gestión y pone a consideración de la mesa directiva su curul.
Como el Concejo no está en sesiones ordinarias no se puede definir si se acepta su renuncia o no; ante la situación, se pensó en la posibilidad de que el alcalde Gustavo Petro definiera el tema; sin embargo, el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que eso es solo competencia del Cabildo y que la Administración Distrital no tiene nada que ver.
La Registraduría tendría que definir quién sigue en la lista del partido de La U para ocupar la curul. Frente al tema, la concejal Angélica Lozano ha insistido en que la curul de los concejales corruptos quede vacía y que nadie los remplace para que los partidos pierdan poder.
Desde el pasado 25 de julio, cuando fue citado a imputación de cargos el concejal Camacho Casado, Lozano pidió su renuncia, así como la devolución del “dinero robado” por todos los responsables del ‘Carrusel de la Contratación’.
“De los $2 billones a los que puede ascender el saqueo a Bogotá sólo se habrían recuperado $19.356 millones, y lo único que se evidencia es la manera como los concejales llamados a imputación de cargos se aferran a su curul mientras negocian con la justicia, aceptando su culpabilidad en el multimillonario desfalco a Bogotá”, señaló la concejal Angélica Lozano.
Recordó, por ejemplo, que el exconcejal Hipólito Moreno solo devolvería un apartamento avaluado en $1.300 millones así como $59 millones (100 salarios mínimos de multa), pese a que se habría apropiado de comisiones por más de 10 mil millones de pesos, por contratos como el de las ambulancias –de 67 mil millones de pesos- o los suscritos por la Unidad de Mantenimiento Vial.
Por otra parte, se refirió a las constantes dilaciones de los implicados en el ‘Carrusel de la Contratación. “Para robar están sanos y listos, pero para responder ante la justicia se enferman y no tienen para pagar abogado, convirtiendo el Sistema Penal Acusatorio en ‘aplazatorio’. Los ‘honorables’ delincuentes que asumen sus delitos y negocian una rebaja de pena deben ser custodiados por el Inpec, y no escoltados por la Policía”, aseveró la concejal.
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