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La relación entre el Gobierno y el Congreso pende de una cuerda cada vez más tensa. La presión que ahora la somete es la de la plata, por cuenta del Presupuesto General de la Nación de 2025, con el que el Gobierno busca $523 billones y que la Casa de Nariño quiere sacar vía decreto por la falta de respaldo en el Capitolio.
Más allá de la discusión que habrá en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional este miércoles, para aprobar o rechazar el monto, el diálogo institucional se calienta por un presidente con una narrativa cada vez más drástica y llamando a las calles para presionar decisiones a su favor, un Ejecutivo que no logra impulsar la ambiciosa agenda que anunció hace apenas un par de meses -solo se mueve la reforma laboral- y un Legislativo que ya calienta motores para las elecciones de 2026; pero que tampoco se queda quieto con sus dardos al jefe de Estado.
Todo el escenario al que se enfrenta Petro lo conversó en su consejo de ministros de este martes en la Casa de Nariño. Incluso, el presidente primero anunció en sus redes una alocución a las 7:00 p.m. para “el pueblo de Colombia”, pero a los pocos minutos decidió reversar esa decisión.
No obstante, este 11 de septiembre las comisiones del Senado y Cámara esperan votar el monto de $523 billones y todo apunta a que no será aprobado tan fácil. Además, hay una nueva manzana de la discordia -que se suma al desfinanciamiento de la iniciativa oficialista-, como quedó en evidencia por el cruce de mensajes de los últimos días. Se trata de la ley de financiamiento, radicada este martes en la Cámara y con la que el Gobierno de Petro quiere subsanar el hueco de $12 billones de su presupuesto.
Desde la semana pasada, la cancha se ha calentado. Petro y Efraín Cepeda, presidente del Senado (Partido Conservador), se reunieron el pasado jueves en la Casa de Nariño, sin embargo, desde que terminaron la cita los dos han lanzado mensajes que muestran que van por vías distintas en los temas económicos. Por un lado, el senador dice que tiene los votos para hundir el monto. Y como respuesta, Petro ha dicho que, entonces, sacará por decreto su presupuesto.
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Sobre el tema de la ley de financiamiento, por ejemplo, dijo: “Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el Gobierno lo decreta (…) Si el Congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”.
Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la constitución dice que el gobierno lo decreta.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2024
Como está desfinanciado se entrega al congreso la ley de financiamiento, cuyo principal artículo es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y… https://t.co/5RFPW3pjen
El argumento clave de Cepeda para decir que el Congreso hundiría la ley de financiamiento es que no se conoció con tiempo y estuvo demarcada por rumores que enrarecieron el ya tenso ambiente. Carlos Meisel, senador del Centro Democrático y miembro de la Comisión Cuarta (de presupuesto), lo expone así: “No es por capricho, es porque apenas radicaron el texto con el que él pretende financiar el monto que ellos mismos aceptan estar desfinanciado”.
Pero también hay voces que cuestionan la postura de la oposición y que, en todo caso, defienden el actuar del Ejecutivo. Es el caso de la senadora Clara López, del Pacto Histórico: “Me parece que plantea una contradicción en los términos: dice que el Congreso no es un notario, pero resulta que los votos que él tiene sí son de notario porque dice que votarán negativo a algo que no conocen”.
De cualquier manera, lo anterior contrasta con la promesa que hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de que lo que promoviera el Gobierno en el Congreso sería consensuado con “todos los sectores”. Eso lo llevó a varias semanas de reuniones, acompañado por otros ministros como el de Salud, Guillermo Jaramillo, y la de Agricultura, Martha Carvajalino, con varias bancadas, menos la del Centro Democrático que no quiso sentarse a hablar con el ministerio.
Sin embargo, esas conversaciones no han sido tan efectivas como quisiera el Gobierno. Cuando se realizó con la bancada independiente, la representante Katherine Miranda, de Alianza Verde y cada vez más crítica de la administración Petro, le hizo una advertencia a Cristo: “Yo le dije al ministro del Interior en esa reunión que no saliera a los medios a decir que había habido un consenso, porque solo fue una presentación”.
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En ese sentido, Miranda, quien hace parte de las comisiones que se reunirán este miércoles para hablar del monto del presupuesto, criticó la postura del Ejecutivo a la hora de socializar sus propuestas: “Si de verdad se iban a para prestar un diálogo nacional, era con documentos en las manos y con la disposición a ceder. Pero que no podía ser simplemente que se hablara de acuerdos con una sola presentación, mostrándonos los cinco puntos. Hablan de acuerdos y consensos cuando es falso, porque no conocemos los textos”.
En esa misma reunión, Miranda chocó con la ministra Carvajalino por la ley de jurisdicción agraria. La gran preocupación que hay es que reviva la expropiación exprés. Este mecanismo lo tumbó la Corte Constitucional del Plan Nacional de Desarrollo, lo que llevó a que Petro se fuera lanza en ristre contra los magistrados del alto tribunal, asegurando que con la decisión le ponían un palo en la rueda a la reforma agraria y a la implementación del acuerdo de paz de 2016.
Y es que no son nuevos los choques del presidente con las otras ramas del poder. A la anterior mesa directiva del Senado, en cabeza de Iván Name (Alianza Verde e investigado por el escándalo del saqueo a la UNGRD), en varias veces la tildó de “corrupta” y “filibustera”. Incluso, acusó a Name de engavetar las reformas de la Casa de Nariño, algo que el legislador negó.
En todo caso, Petro ha optado por una estrategia de presión en las calles más que por un diálogo con los contrarios. Lo hizo con la reforma pensional que, aunque aprobada en el Congreso, ya fue demandada en la Corte Constitucional. También con la reforma agraria, el pasado 20 de julio. Y lo hará el próximo 19 de septiembre, con la convocatoria de los sindicatos cercanos al petrismo para respaldarlo en la plaza pública.
Y de cara a lo que viene, también se ven nubes de tormenta en el panorama. Para la próxima semana, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, agendará la reforma laboral, para que se discuta en segundo debate. Es la única de las grandes reformas que tiene el Gobierno avanzando en el Congreso. Las primeras semanas se irán en votar los impedimentos de los representantes, que son varios.
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El problema es que el tiempo es poco -el proyecto sería archivado si a diciembre no se dan los tres debates que le faltan- y, según han dicho varios congresistas, hay poca interlocución desde el Gobierno para asegurar que se dé la discusión en los plazos necesarios. Según dijeron parlamentarios a El Espectador, la responsabilidad de garantizar los votos y que el quórum se mantenga, para que la discusión no se frene, corresponde al Ejecutivo.
Para el senador Humberto de la Calle, que es independiente pero ha apoyado en varias ocasiones iniciativas del Gobierno (como la jurisdicción agraria), esta incertidumbre llega desde las mismas declaraciones del presidente.
“El presidente pasa del acuerdo nacional a la guerra, incluso diciendo que es una apelación al pueblo basada en la fuerza del pueblo. A mí me ha satisfecho mucho el diálogo propuesto y las expresiones de Juan Fernando Cristo. Pero primero hay serias diferencias entre lo que dice él y lo que dice el presidente”, afirmó.
Así las cosas, el primer termómetro de qué tanta gasolina tiene el gobierno para promover un acuerdo legislativo será el debate sobre el monto del presupuesto. Y, de momento, parece que la temperatura es fría para las aspiraciones progresistas.
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Por Leonardo Botero Fernández
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