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Los ministros de comercio de 166 países se reúnen desde este jueves y hasta el domingo 29 de marzo en Youndé (Camerún), en el marco de la decimocuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El Espectador está en esta reunión, en la que se pretende avanzar en la reforma a la organización, que fue creada hace 31 años.
La mayoría de los países coinciden en que se necesitan cambios porque la OMC tiene una capacidad de acción limitada. Para la muestra, un botón: Donald Trump ha impuesto aranceles a diestra y siniestra sin que los países tengan muchas opciones de respuesta.
En la apertura, Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, reconoció que el comercio mundial atraviesa el momento más complejo en las últimas décadas. En palabras de la directora, el sistema de comercio global ha cambiado y no volverá a ser como antes, por eso es necesario reformarlo, rescatando lo que funcionaba bien y reemplazando lo que no.
Para Okonjo-Iweala, el sistema de normas de comercio ha permitido que el mundo resista perturbaciones y crisis, como la pandemia, y las reglas de la OMC dan certidumbre, son una especie de “software compartido” para las transacciones comerciales. Pero hay temas que no funcionan: la organización ha crecido, hay tensiones nuevas, pero las reglas siguen siendo las mismas.
Las dificultades para negociar acuerdos comerciales, las flexibilidades para los países en desarrollo y la necesidad de ajustar el funcionamiento del sistema de solución de diferencias (que está estancado desde 2017 por la decisión de Estados Unidos de no nombrar nuevos miembros del órgano de apelación), son algunos de los puntos centrales del debate.
La discusión no es nueva. Desde 2018, en Buenos Aires (Argentina), los dirigentes del G2O emitieron una declaración en la que reconocieron que el sistema no estaba cumpliendo sus objetivos y necesitaba mejoras. Desde entonces la reforma ha estado a la orden del día en la mayoría de encuentros.
Aunque los países que pertenecen a la OMC suscriben una serie de acuerdos y los ratifican en sus respectivos parlamentos y congresos, existe el riesgo de que el organismo caiga en la irrelevancia. José Roberto Concha, consultor y profesor adjunto de la Universidad Icesi, explicó a El Espectador que la organización está en una de las peores crisis de su historia por varias razones.
La primera es que las decisiones requieren consenso, pero con un gran número de miembros y pluralidad ideológica, el proceso es lento en un mundo que cambia rápidamente. Las rondas de negociaciones también son lentas: la ronda de Doha, que inició en 2001, buscaba limitar las negociaciones entre países cuando los gobiernos subsidian exportaciones. Han pasado 25 años y el proceso de negociación no ha concluido.
Otra de las razones es la diferencia de desarrollo entre países que genera desbalances y crisis en las decisiones: “Estados Unidos con todo su poder, mueve aranceles a su antojo, sin importar los tratados suscritos y las normas vigentes”, dice Concha.
Esta vez, desde África, el gran objetivo es que se adopte una declaración ministerial y una hoja de ruta para avanzar en la reforma. La directora dijo que se mantiene optimista respecto a los resultados que puede dejar esta conferencia ministerial y pidió a los países miembros trabajar en equipo.
Ahora bien, hay distintas posturas respecto a cómo reformar la OMC. En entrevista con El Espectador, Abhijit Das, experto en comercio internacional y exdirector del centro de estudios de la OMC, aseguró que los países en vía de desarrollo durante años han advertido que los acuerdos del organismo son asimétricos y que se necesita una reforma que permita poner en el centro la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. En cambio, los países desarrollados quieren “inclinar la organización más a su favor” eliminando el consenso.
“Cuando la pandemia de covid-19 estaba en su punto más crítico, un gran número de países en desarrollo habían puesto una propuesta sobre la mesa para dejar temporalmente de lado las reglas de los derechos de propiedad intelectual de la OMC para aumentar la disponibilidad de vacunas, terapias, diagnósticos. Habríamos esperado que los países desarrollados unieran fuerzas, pero en cambio bloquearon esta propuesta como lo han hecho con muchos otros temas”, dijo.
Los países desarrollados, explicó el experto, también quieren eliminar el principio de no discriminación. Este implica, por ejemplo, que si un país quiere imponer a otro un arancel de 10 %, debe aplicarlo a todos, pero Estados Unidos, especialmente, busca cambiar la regla para poder imponer distintas tarifas.
Para Das, es problemático que la reforma incluiría acuerdos plurilaterales. “Las negociaciones y resultados involucran la participación de todos los miembros y las reglas que se negocian son vinculantes para todos los miembros. Los países desarrollados quieren abrir la puerta para ignorar las reglas de la OMC e introducir acuerdos plurilaterales, que permiten que un grupo de países negocie entre sí sobre temas de su interés y que las reglas solo apliquen para ellos”.
Con una medida de este tipo, asegura, los países en vía de desarrollo no lograrán que sus temas avancen. “Colombia quiere, por ejemplo, algunas mejoras en las reglas sobre derechos de propiedad intelectual que podrían requerir que los países desarrollados asuman nuevos compromisos. En este escenario en el que la OMC se convierte en un foro para negociaciones plurilaterales, Colombia puede iniciar una negociación y concluir un acuerdo, pero seguramente los países desarrollados no harán parte”.
Das considera que la reforma debería enfocarse en restaurar el mecanismo de apelación de la OMC.
¿Qué pasa si no hay ningún avance en la reforma? En palabras de María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, de no avanzar en la reforma, el sistema seguiría existiendo, pero con menor capacidad para producir reglas nuevas, resolver disputas de forma vinculante y contener la fragmentación. “El resultado sería un comercio internacional menos uniforme y más costoso de administrar, especialmente para los países que dependen más de reglas comunes que de poder de mercado. Para Colombia, eso implicaría navegar un entorno más incierto, con mayores costos regulatorios y más presión para compensar externamente, vía diplomacia y acuerdos, lo que el sistema multilateral ya no garantice plenamente”, explicó a El Espectador.
Dicho de otra forma, el riesgo de que fracase la reforma va más allá de lo institucional: tiene implicaciones geoeconómicas por un mundo comercial menos previsible.
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