Caso Gelman, el poeta contra las dictaduras

Mujica, que estuvo preso por sus acciones como guerrillero durante la dictadura militar en 1976, asumía la responsabilidad de sus mismos victimarios 36 años después. “Para eso hace falta coraje moral”, añadió Gelman.

Ese acto dirigido por el presidente se hacía en cumplimiento de uno de los puntos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en mayo de 2004 tomó una decisión final sobre una demanda presentada por Juan Gelman para exigir justicia ante los crímenes cometidos contra él y sus familiares.

Exilio, persecución, secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos, robos de recién nacidos, sustracción arbitraria de la identidad, instrumentalización del cuerpo… el caso de Juan Gelman, María Claudia García de Gelman y María Macarena Gelman García reúne un inventario de atrocidades cometidas por las dictaduras de Suramérica, especialmente las de Argentina y Uruguay, y de la cooperación que había entre ellas durante las décadas de 1970 y 1980.

Desde 1967 Gelman se integró a la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para combatir la dictadura militar argentina, para entonces encabezada por el comandante Juan Carlos Onganía. Debido a su lucha guerrillera fue amenazado por la organización ultraderechista Triple A y tuvo que exiliarse en 1975.

Uno de los capítulos más tristes de su vida empezaría un año después, cuando el 24 de agosto de 1976 el hijo de Gelman, Marcelo, fue secuestrado junto con su esposa, María Claudia García Iruretagoyena, por hombres armados que ingresaron a su casa en Buenos Aires. Allí también estaba la otra hija del poeta, Nora Eva, quien volvió a casa cuatro días después.

Marcelo y María Claudia fueron llevados al centro de Automotores Orletti, una cárcel clandestina bajo la fachada de un taller mecánico. Allí, Marcelo fue torturado y asesinado el 13 de octubre del mismo año con un disparo en la nuca. Sus restos fueron encontrados 14 años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en un río de San Fernando (Buenos Aires), dentro de un tambor de grasa lleno de cemento.

María Claudia tenía 19 años de edad y siete meses de embarazo cuando ocurrió el secuestro. Desde Automotores Orletti fue trasladada en un avión militar a Montevideo, donde permaneció encerrada en otro centro de reclusión ilegal en la antigua sede del Servicio de Información y Defensa.

El secuestro de la pareja y el traslado de María Claudia a Montevideo ocurrieron en el marco de la Operación Cóndor, un pacto criminal entre los regímenes militares que imperaban en la región para ejercer una represión sistemática. Ese acuerdo fue firmado en noviembre de 1975 entre agentes del gobierno chileno, argentino, boliviano, paraguayo, brasileño y uruguayo. Con la asesoría secreta de agentes estadounidenses y la esporádica complicidad de Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, decenas de miles de guerrilleros, sindicalistas, líderes sociales y disidentes políticos fueron desaparecidos.

La hija de María Claudia nació en cautiverio el 1º de noviembre de 1976 en el Hospital Militar de Montevideo. Cuando tenía apenas dos meses fue dejada en una canasta frente a la casa de un policía uruguayo y su esposa, quienes la adoptaron bajo el nombre de María Macarena. Ella no descubriría su verdadera identidad hasta mucho después.

En 1978 Gelman se enteró de que tenía una nieta. Exigió la colaboración de los gobiernos de Argentina y Uruguay en la investigación para encontrarla, pero el entonces presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, se opuso a investigar. Durante el primer mandato de Sanguinetti había sido aprobada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, simplemente conocida como la Ley de Caducidad, una amnistía que evitó la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios militares y policiales que cometieron crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

En 1995, sin perder las esperanzas, Gelman publicó una carta abierta a su nieto, o nieta, porque no sabía si era varón o mujer: “Sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto cuál ha sido tu destino. Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras ‘papá’ a un militar o policía ladrón de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que, cualquiera hubiese sido el hogar al que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, nunca dejé de pensar que, aún así, algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son los biológicos —como se dice—, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho…”.

En el año 2000, sin colaboración de las autoridades uruguayas, la joven fue localizada y recuperó sus apellidos. Un feliz logro en la búsqueda obstinada del poeta por la verdad. María Macarena Gelman ya tenía 23 años, se convirtió en una destacada activista, actualmente trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, colabora con Abuelas de la Plaza de Mayo, impulsa la búsqueda de personas que fueron robadas por los regímenes militares después de nacer y fue fundamental para lograr que el Estado uruguayo fuera condenado en 2011 por la Corte Interamericana.

María Macarena interpuso una demanda ante la ley uruguaya para exigir justicia por la desaparición forzada de su madre y por los perjuicios causados a su familia. Sin embargo, el proceso judicial se bloqueó, de nuevo, gracias a la Ley de Caducidad. Debido a esa norma, Macarena no tuvo el derecho a ser escuchada por un juez.

Al agotar los recursos ante la justicia uruguaya, ella y su abuelo decidieron llevar el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2006, patrocinados por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. Después de un año en que el Estado uruguayo se negó a cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta instancia elevó el caso Gelman contra Uruguay ante la Corte Interamericana en enero de 2010.

El 24 de febrero de 2011, el Estado uruguayo fue condenado por primera vez por la Corte IDH por la desaparición forzada de María Claudia García y por las violaciones sufridas por Macarena y su familia. El tribunal ordenó al Estado continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia, “o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación”. También lo obligó a reparar económicamente a los familiares de la joven desaparecida y a realizar un homenaje público, el mismo que encabezó, paradójicamente, Mujica.

Además, la Corte IDH definió que la Ley de Caducidad, aun cuando haya sido aprobada bajo un gobierno democrático y refrendada dos veces por la ciudadanía, no tiene legitimidad ante el derecho internacional, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Al decir que la Ley de Caducidad carece de efectos jurídicos y que no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos y la identificación y el castigo de los responsables, ni tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos en Uruguay, la Corte generó consecuencias jurídicas para el Estado uruguayo que van mucho más allá del caso Gelman.

El logro del poeta ante la justicia internacional es emblemático, porque dio lugar a varias causas judiciales también en Argentina, como la que juzga a antiguos altos mandos militares por el secuestro, tortura y asesinato de 65 víctimas en Automotores Orletti, lugar que fue comparado por un juez del caso con los campos de concentración del nazismo y donde se calcula que más de 30.000 personas fueron desaparecidas. Macarena Gelman fue testigo en este juicio y también lo ha sido en otros que juzgan el Plan Cóndor y el robo de bebés durante la dictadura argentina.

El caso también le recordó al mundo la contradicción que viven o han vivido varios estados de la región respecto al derecho internacional al que, paradójicamente, se han acogido mediante una decisión soberana. En esa histórica sentencia, la Corte reiteró la jurisprudencia que ha esgrimido en casos similares de Chile, Brasil y Perú, en la cual ha establecido que los estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de investigar y sancionar a los responsables de crímenes contra los derechos humanos.

Por ser la primera sentencia de un tribunal internacional contra Uruguay, fue traumática y generó debates entre los sectores políticos y militares del país. Después del fallo, el Parlamento uruguayo aprobó una ley que en la práctica dejó sin efecto la Ley de Caducidad. La justicia ordenó el procesamiento con prisión preventiva de José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medinade por el homicidio especialmente agravado de María Claudia García Iruretagoyena.

Sin embargo, en febrero del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de ese país declaró inconstitucional la norma que acababa con la Ley de Caducidad y cerró definitivamente las investigaciones pro derechos humanos, argumentando que los delitos ya habían prescrito. Ante esto, el 20 de marzo la Corte IDH emitió una resolución en la cual rechazó que el Estado deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, amparándose en una situación de impunidad que los propios poderes del Estado han creado.

El tribunal interamericano afirmó que “la imprescriptibilidad de este tipo de conductas delictivas es una de las únicas maneras que ha encontrado la sociedad internacional para no dejar en la impunidad los más atroces crímenes cometidos en el pasado, que afecta la conciencia de toda la humanidad y se transmite por generaciones”. Hoy sigue vivo el debate en Uruguay alrededor de la posible derogación de la amnistía.

En aquel acto público en el Palacio Legislativo, Mujica se comprometió a lograr la ubicación definitiva de los restos de María Claudia García y a individualizar a los responsables de su asesinato. Sin embargo, Juan Gelman murió sin encontrar los restos de su nuera, pero dejó una lección universal: la de no desistir en la lucha de una sociedad por conocer y superar su pasado vergonzoso y violento.

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@DanielSalgar1