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Le oí decir alguna vez a Alfonso Palacio Rudas –uno de los maestros de mi generación- que así como el manejo de la economía debía estar a cargo de los economistas y no de los econometristas, el manejo de la política correspondía a los políticos y no a los politólogos.
Era una frase cargada humor y Palacio la pronunció dentro de un contexto específico. Pero me viene ahora a la memoria, a propósito de algunas recientes columnas de prensa, escritas por politólogos y politólogas que pontifican sobre “hechos” políticos, como si fueran “conceptos” políticos.
Como decía el viejo López, en los tiempos de la revolución en marcha: “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”. La política es un ejercicio intelectual que maneja tesis. Pero también es un ejercicio aplicado que maneja contingencias. Por eso, desde la frontera imprecisa entre una y otra –que es el escenario cotidiano de la actividad pública- se la ha definido como el arte de lo posible.
Un buen ejemplo de aquella confusión resulta del proceso que culminó, la semana anterior, con la elección del nuevo Procurador General de la Nación. No lo conozco personalmente, no he cruzado jamás palabra alguna con él, no lo he visto nunca, ni siquiera de lejos. El país lo percibe como un conservador radical, y eso ya genera problemas en una sociedad plural, cuyo seno no es apropiado para los radicalismos. Por eso desde otras orillas critican sus posiciones tanto como, desde la suya, critican la posición de sus adversarios.
En todo caso, ambos tienen derecho a ocupar un espacio en el ámbito social y a ejercer dentro de él sus legítimos derechos. Es de la esencia del liberalismo propiciar la consagración de esos valores en normas y de la democracia garantizar efectivamente su cumplimiento. Cuando una sociedad se reconoce a sí misma como plural y se organiza en torno a formas democráticas, el ejercicio de la política supone acuerdos sucesivos entre contradictores.
El radicalismo es enemigo de tales acuerdos, pero el derecho está para garantizarlos. Por supuesto, yo hubiera preferido un procurador de formación liberal, comprometido con el libre examen y despojado del talante clerical del recientemente elegido. Pero eso es distinto a afirmar que, por cuenta de esa elección, se acabó el gobierno de las leyes o que el país se enterró en la más oscura caverna, sólo porque el funcionario tiene opiniones divergentes de unos principios a cuya defensa y respeto está obligado por mandato constitucional.
Pero además, tiene razón el senador Gustavo Petro, a quien tampoco conozco: Es difícil conciliar la sindicación de ser un recalcitrante de ultraderecha con la autoría de la sentencia que condenó al Estado por la masacre de La Rochela, o con la condena a otras acciones de miembros de la fuerza pública por encontrar en ellas connivencia con grupos paramilitares. En el famoso suceso de la fotografía de la revista Soho, Ordoñez acudió a los tribunales y se sometió a su decisión. En esos términos explicó Petro las razones para el acuerdo político que realizó su bancada con el candidato adversario, a nombre de un partido que defiende la diversidad, el pluralismo, la libertad religiosa.
Es preciso superar la dramática polarización que agobia a los colombianos y aclimatar una auténtica cultura de la democracia. Ahora resulta que hay unos radicalismos censurables y, en cambio, otros respetables. ¿Por qué el del procurador sería lo primero y el del presidente del Polo lo segundo, o al revés? Es preciso también entender la importancia de los acuerdos políticos. Gracias a ellos, en este caso, el nuevo procurador se sentirá obligado con todas las corrientes de opinión y no con una sola de ellas. El sentido de la política no es alejar a los contradictores sino aproximarlos, en función de decisiones que consulten la conveniencia pública. Por eso es el arte de lo posible.
Ex senador, profesor universitario.
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