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El presidente Gustavo Petro recibirá este miércoles, en la Casa de Nariño, el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crisis en el Tapón del Darién, una situación migratoria de la que no solo hay datos y cifras inciertas, sino que también ha generado grietas diplomáticas entre Colombia, Panamá y Estados Unidos. Nada más en el último año y medio, más de 700.000 personas cruzaron irregularmente esta selva.
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El documento se tituló “El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de las Américas”, y será entregado por la directora global de la organización, Tirana Hassan, quien 24 horas antes estuvo junto con su equipo en Necoclí (Antioquia), municipio en el que inicia la peligrosa ruta hacia el norte y que está en la tarea de construir un albergue para atender temporalmente a la población migrante.
Precisamente, la Defensoría del Pueblo le pidió a la administración local que adecuara un espacio a más tardar la próxima semana, una tarea difícil de cumplir por la alta cantidad de recursos que se necesitan para esto.
“Acabamos de regresar de estar en el Darién. Es muy preocupante ver de primera mano la falta de control por parte de las autoridades colombianas del proceso migratorio. Migración Colombia es un convidado de piedra en la operación migratoria que lidera el Clan del Golfo en el puerto de Necoclí”, indicó Hassan a El Espectador.
El fortalecimiento del crimen organizado en el Tapón del Darién, en cabeza del Clan del Golfo, es uno de los puntos abordados en el informe de HRW –conocido en su integridad por este diario– y de los temas a tratar con el jefe de Estado. Esta organización criminal, además de regular las rutas habilitadas para los migrantes y solicitantes de asilo, extorsiona a los comerciantes que se benefician del flujo migratorio y ha establecido “normas de conducta” en el territorio.
Según datos suministrados por el ministerio de Defensa, que dirige Iván Velásquez, por cada persona que cruza el Darién, el Clan del Golfo recauda en promedio 125 dólares. Y como varias organizaciones lo han denunciado, en caso de que el migrante no cuente con los recursos, el cruce se le permite hacerlo si lleva sustancias ilegales escondidas en sus pertenencias, las cuales deberá entregar en Panamá.
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“Si la estimación es exacta, este grupo armado puede haber ganado un total de 65 millones de dólares en 2023 por cuenta del control de esta ruta migratoria”, se mencionó en el informe de HRW, en el cual también se advirtió que los esfuerzos de Colombia “por investigar y judicializar al Clan del Golfo en la región han dado resultados mínimos”.
Igualmente, la organización señaló que otro de los puntos preocupantes de la crisis migratoria es que Colombia no cuenta con datos claros del número de migrantes que hacen presencia en Necoclí y que luego cruzan la selva, dificultando el suministro de asistencia sanitaria, alimentos y agua.
“Las alcaldías locales carecen de capacidad suficiente, incluyendo experticia, personal y recursos, para gestionar el alto número de migrantes que atraviesan la zona”, dijo Human Rights Watch. Además, así también lo ratificó recientemente el alcalde de Necoclí, Guillermo José Cardona, quien cuestionó que se le haya pedido adecuar un lugar en tiempo récord para albergar a los migrantes que están en la playa o en las calles.
Aunque el gobierno de Panamá hace un registro de cuántos migrantes llegan a su territorio tras cruzar el Darién, le ha manifestado a Colombia que se debe hacer lo propio desde Necoclí, para así tener certeza de cuántas personas deben recibir.
La relación entre ambas naciones se ha ido tensionando, pues mientras el gobierno colombiano habla de un represamiento de migrantes en territorio nacional y de la falta de recursos para atender la situación, el gobierno de José Raúl Mulino viene instalando alambrado para bloquear ciertos puntos de entrada, bajo acuerdo con los Estados Unidos.
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Este tipo de medidas han sido criticadas por el presidente Petro, quien ha reiterado que es imposible cerrar el Darién, y que la crisis migratoria debe ser abordada con un enfoque distinto. Como lo hizo el año pasado, no se descarta que el mandatario vuelva a referirse a esta problemática durante la Asamblea General de la ONU que se realizará en dos semanas en Nueva York.
Ahora bien, volviendo al informe que se le entregará a Petro en la cita a puerta cerrada en Palacio, la directora Hassan destacó que se debe implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a los migrantes, que en su mayoría son de nacionalidad venezolana o haitiana, un estatus legal por un plazo fijo con una duración adecuada y renovable.
Además, HRW reconoció que la responsabilidad debe recaer en varias naciones y, por ello, sus gobiernos deberían crear un mecanismo regional para examinar toda solicitud de asilo y protección de la población migrante, “incluyendo el patrocinio legal, el acceso a vivienda y la rápida obtención de permisos de trabajo”.
Pero no es lo único que la organización discutirá con Petro. También llevarán temas como la crisis en Venezuela, sobre la cual ha hecho duras críticas por las acciones del régimen de Nicolás Maduro, y la situación en Palestina, por la guerra de Israel contra Hamás.
Lea el informe completo:
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