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A finales de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) concedió la licencia ambiental que dio vía libre al primer piloto de fracking en Colombia en Puerto Wilches (Santander). Pese a que la entidad argumentó que la decisión cumplió con todos los parámetros técnicos y jurídicos, la decisión no cayó bien en las comunidades. Por eso activaron acciones jurídicas para frenarlo. Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios también expresaron su preocupación por los “afanes del Gobierno” de dejar marchando los pilotos de fracking antes de terminar su mandato. La misma premura que se advierte sobre la posible reactivación de las fumigaciones con glifosato, la extracción de carbón en el cauce original del arroyo Bruno, la delimitación del páramo de Santurbán o el proyecto Libero Cobre en Mocoa (Putumayo).
Una de las alertas es de Rosa Mateus Parra, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar): “Estamos ante un estado corporativo. Creemos que el gobierno ha tenido un discurso en lo internacional hacia la protección y la defensa de los páramos, pero a nivel interno se advierte lo contrario: es un gobierno que avanza en licenciamiento y que permite que sus entidades no cumplan con sentencias de la Corte Constitucional”. Un afán que, según Mateus, se evidencia en los tiempos cortos con los que algunas entidades están actuando, como sucedió en el caso del piloto de fracking en Puerto Wilches. Según el abogado ambientalista Rodrigo Negrete Montes, quien además apoya procesos de defensa del territorio en Tolima, Antioquia, Tribugá y Caquetá, esa licencia ambiental otorgada a Ecopetrol para el piloto de fracking fue otorgada en menos de cinco meses.
Según Negrete Montes, se hizo desconociendo la participación ciudadana, la presencia de comunidades afro en Puerto Wilches y convocando a una “audiencia pública abiertamente ilegal”, porque versó sobre un proyecto inexistente. El abogado explicó que el mismo día que Ecopetrol solicitó la licencia ambiental, el Ministerio de Ambiente pidió realizar la audiencia pública para socializar el proyecto. “Es la primera vez que un ministro de Ambiente pide una audiencia pública el mismo día en que se solicitó la licencia. Advierto un acuerdo entre Ecopetrol y el ministerio para acelerar el proceso. Esa solicitud de licencia fue rechazada por la ANLA, porque no cumplió con requisitos de forma y, en consecuencia, se volvió inexistente”. En consecuencia, recalcó Negrete, las comunidades no tuvieron suficiente tiempo para leer el documento de evaluación de impacto ambiental.
La Anla, por su parte, afirmó que su actuación si ha sido eficiente y que, por ley, tiene la obligación de evaluar las licencias en 90 días hábiles. “En 2019, 2020 y 2021 tuvimos el 89%, 100%, y 98% de oportunidad de cumplimiento de esos tiempos”, afirmaron desde la entidad. “Esa ha sido la meta de la autoridad, que venía preparándose desde hace varios años y ha modificado la estructura y los procesos para ahorrar tiempo”. Y agregaron desde la autoridad ambiental, que la calidad de sus informes está demostrada por la tasa de éxito frente a las demandas y las tutelas que se interponen en su contra de manera permanente. “Es del 97%, lo que nos da tranquilidad frente a las decisiones que tomamos, porque indica que son defendibles”, explicó a este diario el procedimiento Josefina Sánchez, subdirectora de Evaluación y Seguimiento de la Anla.
El abogado Negrete replicó que, si bien la ANLA actuó en los tiempos legales, para un proyecto tan complejo y pionero como el fracking, se requería más rigurosidad, involucrar a otros actores, contratar expertos internacionales y garantizar derechos. “En aras de la agilidad, por cumplir una formalidad, no se respetaron derechos fundamentales. Se cercenó a las comunidades su opción de acceder a información y participar en la decisión”. Andrés Gómez, investigador de la organización Censat – Agua Viva agregó que las comunidades se enfrentaron a un documento de más de siete mil páginas, con escaso tiempo para emitir comentarios. “Ese archivo puede pesar cerca de 500 gigas que, en un municipio con condiciones paupérrimas de internet, es casi imposible de descargar. Se enfrentaban a un mar de información completamente técnica”, aclaró Gómez.
En paralelo, organizaciones de la sociedad civil también cuestionan los afanes del Gobierno por la reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato, suspendida en 2015, luego de que la Organización Mundial de la Salud reconociera que el herbicida es probablemente cancerígeno. Una sentencia de la Corte Constitucional mantuvo la suspensión en 2017, pero condicionó su reanudación al cumplimiento de una serie de requisitos. El gobierno Duque, en su empeño por reactivar las fumigaciones, solicitó incluso a la Corte modificar su sentencia. Aunque la Anla aprobó en 2020 un nuevo plan de manejo ambiental para retomar las aspersiones aéreas, a comienzos de este año la Corte Constitucional volvió a frenarlo y lo tumbó al considerar que estuvo plagado de irregularidades porque las comunidades no fueron consultadas ni participaron del trámite.
Según informó Luis Felipe Cruz, investigador de la organización Dejusticia, a finales de marzo la Policía Nacional presentó una nueva solicitud de licencia ambiental a la Anla para modificar el plan de manejo, pero en un escenario específico: la región del Catatumbo, en norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela. De acuerdo con el investigador Cruz, aunque ya se convocó a la audiencia pública para socializar el plan propuesto por la Policía, aún no se conoce el edicto que fija la fecha del evento, ni tampoco los detalles de los documentos para que la sociedad civil intervenga durante el encuentro. “Me preocupa porque están haciendo un fast track para agilizar la expedición de ese plan de manejo ambiental, tal como pasó con el fracking” en Puerto Wilches, sostiene Cruz.
Otra disputa ambiental en la Corte Constitucional es la del arroyo Bruno, en La Guajira. El arroyo fue desviado de su cauce natural en el año 2016 por la empresa Cerrejón -encargada de uno de los proyectos de explotación de carbón más grandes del mundo-, para expandir su área de extracción. Pese a que el cauce sigue desviado, a través de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte ordenó suspender las actividades cercanas al arroyo hasta que no se resuelvan, de manera clara y con participación de las comunidades, varias incertidumbres. El pasado 7 de abril, las comunidades wayuu y varias ONG defensoras del ambiente denunciaron en las redes sociales que el ministerio de Ambiente envió su versión del estudio técnico para aportar soluciones a los dilemas, pero sin la participación real y efectiva de las comunidades e intervinientes y, además, con vacíos técnicos y científicos.
“El gobierno está afanado en dar vía libre a la explotación del arroyo Bruno”, afirma Rosa Mateus, abogada de Cajar. “Es una respuesta a la demanda de Glencore. Hay afán de dejar todo concluido y que un próximo gobierno encuentre el caso cerrado”, agrega. No muy distinto a lo que alegan los habitantes de los municipios que hacen parte del páramo de Santurbán. Como el municipio de California, donde sus líderes manifiestan que se sienten presionados por el Gobierno para facilitar y acelerar el proceso de delimitación del páramo, como fue ordenado por la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. En dicha decisión se exigió una nueva delimitación del ecosistema, con la participación de las comunidades. El fallo dispuso que el Gobierno tuviera lista la delimitación para diciembre de 2019, pero se han planteado tres prórrogas por parte del Gobierno para cumplir la orden.
“La sentencia dice que este proceso se debe reanudar con participación de las comunidades, y yo, como administración municipal, tengo que ser garante, objetivo y neutro, de que estas concertaciones se hagan con el total de la gente y que la comunidad esté presente”, resaltó Genny Gamboa, alcaldesa de California. “Como al proyecto Soto Norte de la empresa Minesa le archivaron la licencia ambiental y se viene el cambio de Gobierno, se tiene la percepción en la comunidad de que quieren agilizar la toma de decisiones”, añadió Víctor Arias, gestor Social de California. “Dicen que tiene que ser así y que toca ya porque la sentencia lo exige. Cuando, desde hace años, esa decisión de la delimitación se ha aplazado, no solo en California sino en los 35 municipios”. A las presiones se agregan capturas y otras formas de persecución a los habitantes que históricamente han desarrollado pequeña minería.
Ahora se les estigmatiza como “mineros criminales o ilegales”. La comunidad ya entregó un pliego de peticiones en el que, entre otros puntos, se resalta la necesidad de que las concertaciones se hagan con calma. “Cuando una comunidad no se deja llevar por lo que el ministerio le impone en términos de concertación, sino que realmente discute, busca participación, argumenta, enreda la ligereza o la rapidez con la que quieren hacer ese proceso”, agregó el gestor social del municipio de California, Víctor Arias. No muy distinto a lo que alegan varios líderes sociales en otras región del país, en Mocoa (Putumayo), por cuenta de la compañía Libero Cobre, que en breve comenzará los estudios de perforación de un megaproyecto minero en la región para extraer más de 4.200 millones de libras de cobre de la cuenca alta del río Mocoa.
El proyecto implica excavar al menos cinco pozos con taladros, pese a que existe un acuerdo vigente del concejo municipal de Mocoa que prohíbe cualquier tipo de actividad minera en ese territorio específico. Por eso, las partes involucradas no se ponen de acuerdo y hoy no es claro el estado del proyecto minero. A comienzos de febrero, la empresa Libero Cobre informó que inició actividades mineras exploratorias y que cumple con los requisitos legales y ambientales para adelantarlas. Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) dice que deben estar suspendidas y Corpoamazonía comprobó que la explotación sigue generando impactos ambientales menores sobre los recursos naturales. La Agencia Nacional de Minería aseguró a este diario que Libero Cobre es titular de cuatro contratos de concesión minera localizados en Mocoa y que se encuentran en etapa de exploración.
El objetivo es verificar si existe el mineral. Si los resultados son buenos, se continuará la construcción y montaje, previo otorgamiento de la licencia ambiental y la consulta previa. En la actualidad, solamente el 1% de los proyectos mineros en etapa de exploración llegan a la fase de explotación, bien sea porque las condiciones de calidad y cantidad del mineral no son técnica ni económicamente explotables o porque no se concedieron los permisos. De acuerdo con la entidad, hasta junio estarán “suspendidas las obligaciones” por solicitud de la compañía. Eso implica que no se pueden adelantar actividades de exploración. “El Concejo de Mocoa, a través del Acuerdo No. 020 del 06 de diciembre de 2018, prohibió la actividad minera en el municipio, por lo que no ha sido posible para el titular adelantar las actividades de exploración programadas”, respondió la entidad a El Espectador.
No obstante, según habitantes de Mocoa consultados, las labores continúan. “No vemos que las actividades se hayan suspendido. Lo hemos puesto en evidencia desde principio de año cuando todos en Mocoa veían el helicóptero que transportaba maquinaria, sobrevolando el municipio. Las autoridades no especifican qué intervención se hizo en el proyecto”, aseguró un habitante que pidió reserva de su nombre. Corpoamazonia le ordenó a la empresa suspender las actividades y le advirtió que las conductas desplegadas pueden constituirse en delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que trasladará la información a la Fiscalía. La ANM respondió que coordina reuniones de trabajo para “verificar el cumplimiento de las obligaciones”; y reiteró que, de constatarse incumplimientos, se iniciarán procesos sancionatorios. Este diario contactó a Libero Cobre, pero no recibió respuesta.
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