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El gobierno de Gustavo Petro ha usado como bandera el respeto a la protesta social. También, ha pedido la no estigmatización de las guardias indígenas y campesinas, pero ahora, la situación de orden público de Los Pozos, en San Vicente de Caguán (Caquetá), le conlleva a un reto de concertación por la violencia que se ha ejercido contra la fuerza pública y empleados de la petrolera Emerald Energy, que, según las autoridades, ya dejan un policía y un indígena muertos, además del secuestro de 79 uniformados. La problemática en esta población, aunque está haciendo ruido en este momento, era una bomba de tiempo que hasta ahora empieza a estallar.
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Las manifestaciones de los indígenas y campesinos en la zona es por los daños ambientales y de movilidad que deja el trabajo de la compañía petrolera y que, según expresan los manifestantes, afecta aspectos como su salud, alimentación y educación, entre otros, por dañar las vías de acceso. Para atender la situación, hasta la zona han llegaron los ministros del Interior, Alfonso Prada; de Defensa, Iván Velásquez; y de Minas, Irene Vélez, quienes por orden de Gustavo Petro deben intervenir para llegar a acuerdos con la comunidad y que levanten la manifestación. Aún así, el mismo Prada, como vocero del Gobierno, dijo que esto no será posible sin que antes se deje en libertad a los retenidos.
Los antecedentes
El problema que ahora estalla se viene presentando desde hace mucho tiempo atrás, pues la empresa Emerald Energy está en Caquetá desde 2013 y no es la primera vez que hacen llamados por daños ambientales y en las vías. Además de esto, está la presencia de disidencias de las Farc como el Frente 40 y la Segunda Márquetalia que, según la Defensoría, han impuesto restricciones de movilidad. En diálogo con este diario, uno de los manifestantes de la zona, quien por seguridad pidió no revelar su nombre, asegura que “desde hace años había unos acuerdos y eran estos mismos acuerdos de que la Emerald Energy, la petrolera, supliera las necesidades de la comunidad y de tantos años de explotación petrolera que han vuelto la carretera una nada”.
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Las exigencias puntuales que hacen los habitantes de la zona en esta ocasión son: la pavimentación de 42 kilómetros de vía, porque la mala condición en la que se encuentran obliga a la mayoría personas deba transportarse en motos o vehículos pequeños, por vías alternas. También exigen que haya protección del territorio, pues las extracciones de la petrolera dañan el suelo, afectan la fauna, así como generan un alto impacto en humedales y fuentes de agua que se están agotando, según dicen defensores ambientales de la región, que además dicen que este problema se agrava el histórico abandono estatal y la poca inversión que hace la Emerald Energy en los lugares que explota.
Algunos de los manifestantes que conversaron con este diario resaltan que “las comunidades son las que ponen el dinero para arreglar las carreteras y pues desde que llegó Emerald las vías están vueltas nada”. Este problema, según ellos, ha dificultado la llegada de vehículos con comida y todo tipo de ayudas, porque sencillamente no tienen por donde pasar, además, la espera de que la situación mejore los ha llevado a tener “tierras devaluadas, pobreza, sin agua, ni inversión de un puesto de salud, hoy no hay ni siquiera antibióticos, no había nada, entonces pues la gente se cansó, se mamó y empezó esta protesta”.
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Los manifestantes que se contactaron con El Espectador aseguraron que “esto viene de muchos años atrás” y que volvió a estallar por incumplimiento en los acuerdos por parte de la petrolera y del Estado. “Esos acuerdos ya habían quedado plasmados con esas mismas comunidades en el paro nacional que hubo el año antepasado y el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, del Partido Conservador no se la pasó sino paseando y hablando mierda, digámoslo así, porque promesas, promesas, promesas y no llegó ni una obra a San Vicente del Caguán”, expresan. También, expresan que esperan que con la presencia que está haciendo el Gobierno “le dé solución a esos problemas que le quedaron heredados de Duque, del uribismo, de Santos, que desde hace más de 10 años no le cumplen a las comunidades”.
¿Por qué se tomaron las instalaciones?
Las protestas contra la petrolera se venían presentando desde noviembre del año pasado, pero fueron escalando hasta el estallido de esta semana. Según la secretaria de Gobierno de San Vicente del Caguán, Sandra Rodríguez Pretelt, en el campo petrolero ya solo quedaban nueve trabajadores que temían por la situación. Por esto, la fuerza pública se hizo presente en el lugar para defender la empresa, como lo dijo el mismo ministro Alfonso Prada, pero la situación empeoró cuando hubo provocaciones de parte y parte, en la que la guardia campesina lanzó insultos a los policías y estos a su vez respondieron, hasta que escaló a la violencia física, según cuentan los campesinos de la zona.
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Los manifestantes y la fuerza pública estaban separados solamente por una malla y, según los manifestantes que hablaron con este diario, el plan inicial nunca fue tomarse las instalaciones de la empresa, pero decidieron hacerlo cuando “los policías, sobre todo los veteranos, empezaron a picarle la lengua a los campesinos, les decían ladrones, pícaros, indígenas hijos de puta”, hasta que la comunidad decidió ingresar por la fuerza. Al tratar de entrar, dicen las denuncias, la fuerza pública no calculó “la cantidad de gente que había manifestándose y pues en un momento a otro soltaron los gases lacrimógenos”. En respuesta, la guardia campesina “empezó con el enfrentamiento, la gente entró y decían que se abrieran de ahí, que no se metieran en esa pelea, que no era con ellos”.
Por su parte, a la Policía, según cuentan personas que estuvieron allí, les decían “no se metan ustedes, que esto no es con ustedes, no se metan que ustedes son igual de pobres y nosotros somos los que les pagamos el sueldo a ustedes con los impuestos”. Aún así, el enfrentamiento se dio y “cuando ingresó la gente, un policía, el finado, el muerto, le propinó varias puñaladas a un campesino y lo mató”, narran quienes vieron los hechos. “Y pues la gente de una vez reaccionó y pues también le metieron una apuñalada muy contundente al patrullero. Tristemente murió”, cuentan los campesinos que hablaron con este diario.
Las seis peticiones principales:
- Un millón de dólares anuales, para proyectos y mantenimiento de la vía que conduce de San Vicente del Caguán, a Los Pozos.
- Un permiso de las autoridades ambientales para una cantera que se encuentra en el sector.
- La pavimentación de la vía San Vicente-Las Delicias.
- Se solicita que se cumplan los acuerdos con el Gobierno en el 2018, 2019 y 2020.
- Un reconocimiento y derecho al buen nombre para los líderes sociales de la región, ya que sufren estigmatización.
- Que se paguen las regalías, por ser un municipio petrolero.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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