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Después de una larga reunión a puerta cerrada, el alcalde Gustavo Petro logró ayer convencer a su secretario de Gobierno y funcionario estrella, Guillermo Alfonso Jaramillo, de que desista del amago de renuncia que el martes filtró a los medios de comunicación.
“No era el momento ni la forma de salir del gabinete”, aseguró más de una fuente cercana a la administración. Jaramillo, quizás el más curtido político de la Bogotá Humana, calificado el año pasado como el mejor secretario de la administración, ha jugado en los últimos meses un papel crucial para reconfigurar el mapa de poder en el Concejo de Bogotá y enfrentar las graves situaciones de orden público ocurridas recientemente en la capital.
Paradójicamente, fuentes de la administración y del Concejo aseguran que ha sido justamente el manejo que el secretario les ha dado a estos dos temas lo que ha generado las fricciones con el alcalde que condujeron a la amenaza de renuncia. Un choque involucra una diferencia en el estilo de gobierno, pero además una diferencia en las visiones que los dos tienen en torno a temas críticos como la coherencia del programa de gobierno y la política de seguridad.
Al igual que Antonio Navarro Wolff, uno de sus antecesores en el cargo, Jaramillo es un político experimentado, que no sólo comprende las complejas transacciones que se dan entre el ejecutivo y el legislativo (fue senador liberal en 1998), sino que además, como gobernador del Tolima en 1986, sabe de primera mano lo que implica la administración pública.
De ahí que Jaramillo llegara a la Secretaría de Gobierno en mayo pasado con una actitud políticamente agresiva pragmática y arriesgada. Petro se la jugaba entonces por la reforma al cobro de valorización, la aprobación del cupo de endeudamiento para megaobras de infraestructura y la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Aunque salió derrotado con el POT, Jaramillo supo moverse con las otras dos apuestas. “Su estrategia ante el Concejo es ofrecer más para lograr más”, dice una fuente cercana, y así logró romper la coalición opositora, dividiendo a las bancadas de Cambio Radical, el Partido Liberal y, especialmente, los Verdes, a quienes se les ofreció participación en el gobierno con la Secretaría de Ambiente.
“Lo que pasó con los Verdes fue un engaño”, asegura un concejal. “Cada uno presentaba una hoja de vida y Petro debía escoger al secretario, y a los demás les daban cargos directivos. Al final Petro se bajó de eso, escogió a Néstor García, que es muy cercano a él, y les dijo que había nueve cargos directivos que eran intocables”.
Pero si Petro le quedó mal a Jaramillo, a su vez el secretario de Gobierno le generó problemas al alcalde. Su pragmatismo político lo condujo incluso a ofrecerles a los concejales de Cambio Radical —abiertos opositores al modelo de gestión territorial y de vivienda de la administración— la cartera de María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat, y quien es quizás la más grande ideóloga técnica del modelo de ciudad que tanto defiende el alcalde.
Así, entre sesión y sesión en el Concejo, Jaramillo ha venido encontrando que su ímpetu y voluntad de negociación se han visto frenados por un alcalde impredecible, al que le incomoda que lo asocien con el clientelismo y que difícilmente encuentra funcionarios de confianza.
Pero los problemas no paran ahí. Sobre Jaramillo también ha recaído la responsabilidad de tomar decisiones frente a temas de orden público, desde la reducción de riñas y homicidios hasta el control de los disturbios durante las marchas de apoyo al paro campesino y el escándalo que produjo el domingo pasado el operativo policial en el amanecedero Night Club.
Frente a buena parte de estos problemas, las diferencias de criterio han emergido sistemáticamente entre Petro y su secretario. Jaramillo asumió un enfoque duro frente al consumo de licor en Bogotá, restringiendo los horarios de las tiendas de barrio donde se vende licor, hecho que levantó una polvareda entre los tenderos. De la misma forma, tomó autónomamente la decisión de decretar el toque de queda en varias zonas de la ciudad durante los disturbios de hace tres semanas.
Las medidas contra el alcohol fueron recibidas por algunos sectores como un giro a la derecha en un administración que ha defendido la postura de que las drogas, por ejemplo, son un problema de salud pública y no de seguridad. Sin embargo, el alcalde autorizó la medida. Pero no permitió lo mismo con los toques de queda. En palabras de un funcionario del gobierno: “El alcalde le tiene un gran temor a que se vuelva recurrente la opción policiva para solucionar cualquier problema”.
Por lo pronto, Jaramillo se queda. La decisión fue recibida con beneplácito tanto en el Concejo como en la administración, que en medio de un proceso de revocatoria y ad portas de comenzar el núcleo duro de su gestión, no puede darse el lujo de desestabilizarse.
En el Concejo el respiro fue similar. “Habría sido una tragedia”, asegura un progresista. Y otro más añade: “Se habría ido el único capaz de aterrizar el programa del alcalde. Y de hablarle duro”.
jmaldonado@elespectador.com
@donmaldo