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Cero y van muchas, demasiadas incluso. Pero aquí vamos de nuevo: el Gobierno presentó este martes su nueva reforma tributaria (ley de financiamiento), que busca unos $12 billones en recursos.
El nuevo proyecto del Gobierno, aunque busca reformar impuestos, lo hará en el marco de la financiación del presupuesto de 2025, por lo que no es una reforma tributaria en propiedad, aunque para efectos prácticos sí opere como una.
“La ley de financiamiento tiene una expectativa de un recaudo un poco mayor a los $6 billones en materia de nuevos impuestos. Traer la implementación de la regla fiscal de 2026 a 2025, nos entrega un escenario de $5,6 billones. Tenemos una combinación de las dos cosas”, explicó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, durante la radicación del proyecto.
Aquí es importante aclarar que la regla fiscal estableció unas condiciones que deberían empezar a cumplirse obligatoriamente en 2026. El Gobierno busca adelantar ese cumplimiento hacia 2025, lo que le generaría un espacio extra de endeudamiento (sin volarse los topes de la propia regla).
Es por esto que en las cuentas del Minhacienda hay cerca de $6 billones por este concepto en la ley de financiamiento. También es importante decir que las modificaciones a la regla fiscal deben ser aprobadas por el Congreso, por esto se incluyó en el proyecto que radicó este martes el Gobierno.
En términos generales, según el funcionario, “en la práctica, (la ley de financiamiento) identifica actividades no gravadas y que deberían estarlo. Nivelamos el IVA a plataformas de juego y azar, nivelamos el IVA para vehículos no eléctricos, ampliamos el impuesto al carbón y recuperamos la gobernabilidad de este impuesto en Colombia. Se mantiene la propuesta de la DIAN: entregar estímulos para quien delate evasores”.
Desde varios sectores políticos y económicos han advertido que la discusión de una tributaria puede ser compleja e inconveniente en este momento. A su vez, el Gobierno ha dicho que la iniciativa busca, justamente, impulsar la reactivación económica, con medidas como la baja en las tarifas del impuesto de renta para las empresas.
Las cuentas de la ley de financiamiento
De fondo, el Gobierno ve el proyecto como la suma de tres grandes mundos, por decirlo de una forma.
El primero comprende las medidas de reactivación de la economía (aquí se encuentran temas como la baja en el impuesto de renta a empresas e incentivos al turismo sostenible, por ejemplo). El segundo es la acción climática y desarrollo sostenible, renglón en el que se cuentan iniciativas como los cambios al impuesto al carbono y los incentivos para elementos del mundo de las energías renovables.
Y el tercero es una mejor administrativa en temas de impuestos. En otras palabras, una mejor operación de la DIAN y de las reglas alrededor del recaudo, por decirlo de cierta manera.
Como ya lo dijo el ministro Bonilla, casi la mitad de lo que busca en recursos la ley de financiamiento llegará por cuenta de la modificación que se le busca hacer a la regla fiscal. O sea, netamente en impuestos y mejoras tributarias el Gobierno está buscando $6 billones.
De estos recursos, un tercio llegarán por cuenta del ajuste de cuentas que la administración del Gobierno de Gustavo Petro quiere hacer con las apuestas y juegos de azar en línea, a los que se incluiría con tarifa plena del IVA (puesto que hoy están por fuera de las fronteras de este impuesto).
No sólo es una cantidad nada despreciable la que llegaría a las arcas del Estado, sino que sería un monto estable en el tiempo, a diferencia de otras contribuciones, que despuntan en 2025, pero comienzan a languidecer hacia 2030.
Además de esto, el Gobierno estima que este cambio no traería impactos inflacionarios, por lo que pareciera un gana-gana en términos tributarios.
Esta visión, casi sin sorpresa, no es compartida por la Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar, que dice de entrada que gravar con IVA esta actividad la vuelve inviable.
Sin embargo, el Gobieno “estima que este tipo de apuestas pasaron de registrar ingresos por $16 billones en 2021 a $35,6 billones en 2023. Este comportamiento demuestra la posición sólida que tiene el sector para contribuir más equitativamente al sistema tributario sin que ello comprometa su viabilidad económica”.
La renta para empresas
Una de las principales propuestas de la ley de financiamiento es la reducción en las tarifas del impuesto de renta de las empresas nacionales, que pasaría de 35 % a 30 %, de forma gradual (un punto porcentual menos por cada año entre 2025 y 2030).
Y, además crea una sobretasa para una serie de actividades, especialmente la extracción de hulla, carbón lignito y petróleo, en cuyo caso se sumarían hasta 15 puntos en la tarifa del impuesto (dependiendo de las condiciones de precio de estos productos).
Siguiendo con las sobretasas, para el caso de las hidroeléctricas, habría que sumar tres puntos adicionales en renta, pero estos incrementos estarían limitados en el tiempo: para las vigencias de 2024 hasta 2026.
También habría sobretasa de cinco puntos adicionales en renta para “las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas agropecuarias, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities y los proveedores de infraestructura del mercado de valores”. Esta liquidación extra se aplicará desde este año e iría hasta 2027.
Medidas ambientales
Además de las sobretasas a los sectores extractivos, en este apartado se encuentran las modificaciones al impuesto al carbono, que a grandes rasgos serán asuntos como una triplicación, aproximadamente, del precio por tonelada de CO2 equivalente o la nivelación del tributo entre combustibles, de manera que las mismas emisiones de CO2 paguen el mismo nivel de impuesto.
La ley crea los bonos de transición energética para que quienes inviertan en iniciativas de este renglón puedan deducir el 50 % de las inversiones efectivamente realizadas. “La implementación de este instrumento permitiría abaratar los costos de la inversión privada, lo que impulsaría su dinamismo. En efecto, se prevé que el impacto sobre el aumento de la inversión privada en 2025 sea de 1,1pp adicional, y en general, que el efecto neto sobre crecimiento económico sea de 0,1pp en este año”, dice el proyecto.
También se podrá aplicar una exención del IVA para “equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión e inversión de proyectos de generación de energía con fuentes no convencionales”. En la actualidad estos elementos están excluidos del IVA; el cambio implica un impacto fiscal de $81.000 millones que, sin embargo, “será más que compensado por los beneficios a largo plazo. Se espera que la medida impulse significativamente el empleo, acelere el crecimiento económico y atraiga nuevas inversiones en el sector energético”.
Impuesto al patrimonio
Este tributo sigue vivo en el país, pero su umbral se modifica y se reduce: pasa de 72.000 UVT en patrimonio líquido que están vigentes actualmente a 40.000 UVT (alrededor de $1.882 millones).
Además de este cambio, la tarifa se incrementa en 0,5 % para todos los renglones del impuesto y queda de esta forma:
0 a 40.000 UVT: 0 %.
40.000 a 70.000 UVT: 0,5 %.
70.000 a 120.000 UVT: 1 %.
120.000 a 240.000 UVT: 1,5 %.
240.000 en adelante: 2 %.
Ganancias ocasionales
El Gobierno quiere subir en 5 % la tarifa del impuesto a los nacionales, residentes y extranjeros que “enajenen activos fijos mantenidos por más de dos años”. En los tres casos el incremento haría que la tarifa llegase a 20 %.
Para rifas, apuestas y loterías también habría un incremento de 5 % en la tarifa de este impuesto, que se fija en 25 % en el proyecto que presentó el Gobierno.
Renta personas naturales
El Gobierno ha insistido en que no tocaría los umbrales ni la base gravable del impuesto de renta en personas naturales.
Sin embargo, propone en el proyecto dos modificaciones en este aspecto.
La primera es un aumento de dos puntos porcentuales en la tarifa máxima de la cédula general para declarar renta. “Gravar las ganancias ocasionales y aumentar la tarifa de renta máxima permitirá combatir la inequidad vertical que puede afectar al sistema tributario colombiano, reduce la incidencia de la desigualdad en el ingreso medida a través del Gini y aumenta el recaudo tributario para financiar otros fines del Gobierno”, argumenta el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley.
Así mismo, la pasada reforma tributaria estableció que “el trabajador podrá deducir, en adición al límite establecido en el inciso anterior, setenta y dos (72) UVT por dependiente hasta un máximo de cuatro (4) dependientes”.
La idea de la ley de financiamiento es acotar esta previsión a sólo un beneficiario por cada dependiente. “De este modo, se corrige una fuente potencial de abuso tributario que permite deducciones desmedidas por parte de contribuyentes con hijos u otro tipo de dependientes y establece que será solo un (1) contribuyente el que podrá beneficiarse de la deducción por cada dependiente”, dice el proyecto.
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