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‘Petro no cumplirá meta de construcción de viviendas de interés prioritario’

La Contraloría de Bogotá además advirtió que las viviendas superarán el precio que por ley corresponde: $39.669.000.

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El contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, envió un preocupante control de advertencia fiscal al alcalde Gustavo Petro relacionado con la construcción de Viviendas de Interés Prioritario (VIP). El funcionario dijo que no se cumplirá con la meta propuesta en el Plan de Desarrollo de construir 70 mil unidades de vivienda y que además, éstas superarán el precio de $39.669.000, que por ley corresponde, en los proyectos de San Victorino y Plaza de La Hoja.

“En los predios que constituyen bienes fiscales conocidos como San Victorino y Plaza de La Hoja que el Distrito Capital aportará a título de subsidio familiar en especie no va a ser financieramente viable construir las pretendidas 743 unidades de vivienda de interés prioritario (…) cada una de las unidades superaría el límite de los 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecidos por el Gobierno Nacional”, reza textualmente la advertencia fiscal.

La Contraloría revisó las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016 con respecto a la vivienda de interés prioritario y se detectaron serias falencias con respecto a los pretendidos proyectos a desarrollar, al igual que con relación a los 40 proyectos presentados por la Caja de Vivienda Popular al Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA).

Las VIP van dirigidas principalmente a los estratos 1 y 2 por medio de un subsidio promovido por el Estado. Los subsidios podrán ser en dinero o en especie, este último podrá consistir en terrenos fiscales enajenables de propiedad de las entidades públicas municipales cuando así lo haya autorizado el Consejo Municipal, según el decreto 1168 de 1996 en su artículo 1.

Para las VIP, el porcentaje mínimo de suelo área útil residencial del plan parcial o del proyecto urbanístico en predios con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana es del 20%. Tanto en suelo de expansión urbana como en suelo urbanizable en el perímetro urbano y en ningún caso podrán ser inferiores a dicho porcentaje. El valor de las VIP no puede exceder los 70 salarios mínimos mensuales vigentes.

La Contraloría de Bogotá advirtió, por parte del Distrito, inobservancia del marco jurídico aplicable al convenio 043 de 2012 suscrito entre la Secretaría de Hábitat, Metrovivienda y Caja de Vivienda Popular con el Fonvivienda.

“El Distrito violó el artículo 68 de su mismo Plan de Desarrollo al haberse comprometido a vender en 62 SMLMV a Fonvivienda las viviendas que construiría atendiendo lo pactado en la cláusula 3 del convenio 043 de 2012”, dice la Contraloría, quien además señala que hay incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo en cuanto a la construcción de VIP y la consecución de suelo.

La meta de 70 mil viviendas de interés prioritario programadas en el Plan de Desarrollo presenta grandes dificultades para su cumplimiento, dice el organismo de control, pues para cumplir con la meta propuesta el Distrito debe gestionar 188 hectáreas de suelo útil distribuidas por las siguientes entidades: Secretaría Hábitat, Empresa de Renovación Urbana (ERU), Metrovivienda, Caja de Vivienda Popular.

“Si bien es cierto que se logró cumplir la meta de las hectáreas asignadas para la vigencia 2012, las mismas tan solo equivalen al 10,20% de un total de 188 hectáreas programadas para el cuatrienio. El avance demuestra escasa ejecución, lo cual resulta preocupante teniendo en cuenta la extensa tramitología que debe surtirse para la entrega de las VIP, tiempo que en promedio es de aproximadamente tres años en el mejor de los escenarios o más”.

Al respecto, la Contraloría asegura que para construir las 70 mil VIP implicaría entregar cada año 17.500, meta que resulta ambiciosa dada la escasez del suelo, teniendo en cuenta que proyectos como Operación Estratégica Nuevo Usme y Campo Verde están suspendidos.

“En cuanto al cumplimiento de las metas de gestión de suelo se tiene que con corte a 30 de abril de 2013 su avance es del 0%. Bogotá está en alto riesgo de no contar con la construcción de las viviendas programadas todo como resultado de la falta de planeación e ineficiencia de la gestión administrativa por parte de las entidades responsables. A mayo de 2013 no existía ningún avance en cuanto a la construcción de unidades de vivienda, lo cual implica un serio incumplimiento del objeto del convenio 043 de 2012”, dice la advertencia.

El ente de control puntualiza en que las viviendas de interés prioritario superarán el precio que por ley corresponde y lo argumenta así: Metrovivienda desarrollaría 417 VIP en Plaza de La Hoja y 326 en San Victorino. El Gobierno pagará al Distrito por cada vivienda 62 salarios mínimos ($35,1 millones) y el Distrito aportará 8 salarios mínimos ($4,5 millones) por cada vivienda.

La ley dice que cada vivienda no podrá superar los 70 salarios mínimos ($39.669.000), sin embargo, la Contraloría dice que éstas superarán este monto porque en el caso del proyecto Plaza de La Hoja el valor del terreno tiene un costo de $10.698 millones, lo que significa que si allí se van construir 417 viviendas se tiene que por cada unidad le correspondería por este concepto un valor de $25,6 millones, cifra a la cual restados los %4,5 millones, que normativamente le correspondería al Distrito, en la práctica éste perdería aportando de más por cada vivienda $2,1 millones.

“Igual situación pasaría con el proyecto San Victorino en donde se tiene programada la construcción de 326 viviendas. Los intereses del Distrito podrían verse afectados en cuantía de $34.522 millones, en atención a que en cada una de las señaladas soluciones de vivienda se cancelaría un mayor valor por cada vivienda de $105,8 millones. Así cada vivienda quedaría costando $75,3 millones”, agrega.

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Así las cosas, dice la Contraloría, el valor de los terrenos como aporte del subsidio familiar en especie en la Plaza de La Hoja y San Victorino no pueden tener un valor superior a los $1.890 millones y $1.477 millones y los mismo alcanzan cifras cercanas a los $8.807 millones y $34.522 millones, respectivamente.

El contralor de Bogotá le advierte a Petro que el monto del eventual detrimento patrimonial que se causaría al Distrito ascendería a $43.329 millones sin tener en cuenta costos de urbanismo.

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La Contraloría considera examinar si los proyectos de vivienda son jurídica, técnica y financieramente realizables en los señalados terrenos.

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