Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió hace poco la licencia ambiental a Ecopetrol, para que lleve a cabo el primer piloto de fracking o fractura hidráulica en Colombia. El proyecto se realizaría en Puerto Wilches, Santander, pero las comunidades piden frenar la decisión porque alegan que no participaron en el trámite en la forma como lo estipula la ley y solicitan la realización de estudios más rigurosos y diversos. (Las dudas sobre el “fracking” que revivió la licencia ambiental a piloto de Ecopetrol)
El Espectador habló con Ximena Quiñones, abogada colombiana que hizo una especialización de derecho ambiental en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y cuyo trabajo de grado se enfocó en analizar el primer caso de fracking en Argentina: Vaca Muerta, un yacimiento ubicado en la Patagonia, mayoritariamente en territorio indígena mapuche, y cuya explotación inició desde 2012.
En su tesis, Quiñones estudia el fracking, una práctica que muchos países han acogido para explotar recursos no convencionales, mientras que otros se han abstenido; establece una colisión de derechos e intereses; y explica cómo se pueden ponderar el crecimiento económico de un país versus el daño ambiental, a la salud y a las personas. “Básicamente lo que hice fue analizar una cantidad de diferentes variantes: derechos, intereses, impactos, normatividad. Para entender si al final todos estos factores guardan una debida consonancia con la Constitución, los tratados internacionales y la normativa que protege al medio ambiente”, asegura la abogada. (Los afanes del Gobierno en proyectos con interrogantes ambientales, según organizaciones civiles)
El gobierno argentino presentó el megaproyecto Vaca Muerta como la salvación a la crisis económica y energética del país. ¿Lo es? ¿Un proyecto de fracking puede tener ese alcance?
Antes de empezar con la explotación de los recursos naturales no convencionales, Argentina se encontraba en una crisis económica y energética muy grave. Una empresa española, que se encargaba de la explotación de estos recursos, solo hizo trabajos de explotación de recursos y dejó de lado el tema de la exploración, aniquilando de cierta forma esas reservas de energía que tenía la Argentina. (Lea aquí: ¿Y si hablamos de Bruno, el arroyo que desvió Cerrejón en La Guajira?)
Entonces, antes de explotar los recursos no convencionales, el país tenía que comprar gas que venía en grandes buques. Si Argentina no hubiera explotado este tipo de recursos, estaría en una deuda externa muy importante y no podría autoabastecer de la manera como lo está haciendo toda la nación. Es el segundo país con mayores reservas de gas y es el cuarto país en petróleo. Entonces, si hablamos de una revolución energética, efectivamente tuvieron un salto y sí funcionó o ha funcionado Vaca Muerta, a nivel económico y energético.
No podemos decir que estamos siempre hablando en un escenario de certeza. También hay escenarios de incerteza donde puede operar perfectamente un principio de precaución, porque no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los efectos adversos que va a generar esto al medio ambiente.
¿Cómo esos intereses económicos colisionaron con los derechos de las personas y la protección del medio ambiente?
Hay colisión entre intereses y derechos. Por un lado, vemos el deseo del país de tener un crecimiento económico, social y tecnológico, por medio de este recurso que, anteriormente, no se estaba explotando. Por otro lado, están en colisión los derechos de la comunidad, en especial de la neuquina y los habitantes en las zonas adyacentes a la operación.
Después 2012, cuando el gobierno kirchnerista toma la decisión de explotar este tipo de recursos, no se llevó a cabo la participación ciudadana como debería hacerse, como lo establece la Ley General del Ambiente y la Constitución política argentina. Entonces vemos que hubo apartamiento, por esa sed de crecimiento económico. Se dejaron de lado derechos como el de la participación ciudadana y el derecho a la información, donde lo que estaba en juego es el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Otro derecho involucrado es el del uso de agua, ya que este debe utilizarse procurando su uso sustentable en el tiempo.
Vemos cómo hay enfrentados muchos derechos, pero les puedo decir que si esta actividad se realiza de la mano de políticas orientadas a la protección al ambiente y al control y fiscalización de las entidades, prometiendo modelos de mitigación de riesgos y basados en las experiencias internaciones, esta actividad, que obviamente genera un gran impacto, puede ser realizada de manera tal que sea segura para el medio ambiente. Así, seguramente, podemos decir que se está realizando una actividad con transparencia.
¿Cuánto tiempo tiene este proyecto en Argentina?
Surge a partir de 2012, los recursos eran explotados por una empresa petrolera española. Se estaba realizando un trabajo sin vigilancia y sin protección al medio ambiente, dejando muchos pasivos ambientales. En 2012, surge esta ley de soberanía energética e YPF, que es la empresa nacional, empieza a hacer las explotaciones en este yacimiento “vaca muerta”. Muchas otras empresas hoy están trabajando en la explotación de estos hidrocarburos en el shale de Neuquén.
¿Cuáles serían, en su opinión, las recomendaciones para mitigar, controlar y vigilar esos posibles daños?
En 2012 inició la Ley de Soberanía Energética, con la que Argentina empieza este camino a la fracturación hidráulica de yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Faltó regulación, porque Argentina no tiene una regulación expresa de fracking, sino que tiene una normativa mucho más general. También faltó fiscalización. Faltaron sanciones y poder de policía ambiental, no se llevó a cabo un plan de gestión ambiental.
También faltó información y audiencias. Se falló en la participación ciudadana. Todas las personas, si muestran interés, tienen que participar, tienen que evacuarse sus inquietudes, para que conozcan que lo que se está haciendo con el ambiente, que es de todos, se esté haciendo de la forma adecuada. En el caso de la explotación de los yacimientos no convencionales, explotados antes de 2012, hubo mucha contaminación de tierras, erosión. No hubo mucho monitoreo en el tema de la segmentación de la misma fractura, para evitar filtraciones de estos elementos químicos.
El Estado nacional reconoce todo este tipo de pasivos ambientales. La verdad es que quedaron así porque nunca internalizaron estos costos ambientales, fueron externalizados y hoy en día todavía se siguen con planes de remediación y recuperamiento de terrenos. Entonces, una recomendación que yo haría, respecto a esta experiencia argentina, es el poder de policía que las autoridades necesitan ejercer sobre el funcionamiento y desarrollo de las empresas extractivas de energía, petróleo o gas. Que no se quede solamente con el estudio Impacto ambiental, que es un documento muy bonito, pero hay que llevarlo a la práctica. Se necesita ir campo, hacer visitas periódicas, pedir informes.
¿Podría ahondar en esas afectaciones en los derechos, por ejemplo, de qué manera se ha afectado la salud, el derecho al ambiente sano?
Argentina tomó la iniciativa de realizar este tipo de explotaciones sin tomar en cuenta a la comunidad, porque empezó la explotación de estos yacimientos sin proyectos piloto de investigación. Se han podido evidenciar movimientos de suelos en la zona de Neuquén, donde algunos habitantes cercanos al área de influencia han sufridod daños en sus viviendas, como, por ejemplo, roturas o grietas en sus paredes. Más allá de eso, es ver también el tema del uso del recurso hídrico, porque en Argentina, por ejemplo, lo utilizan directamente de los ríos.
En su momento hubo unos movimientos muy grandes en Neuquén, como el “movimiento antifracking” de las comunidades que se encuentran en la zona, justamente abogando por sus derechos. Porque si hay una degradación en el medio ambiente, su recuperación es muy difícil.
En Argentina no se hicieron estudios previos y se tuvieron unos impactos muy visibles. Haciendo un poco el paralelo con el caso colombiano, ¿qué cree que es fundamental ante tantas preguntas que se han generado alrededor del tema?
Los proyectos piloto de investigación integral funcionan como método para entender si este tipo de actividad extractiva es viable en el territorio colombiano o no, determinando diferentes factores tales como: las tecnologías de mínimo impacto ambiental, estudios científicos, personal idóneo, capacidad financiera, análisis de la energía que se invierte y la energía que se extrae, fortalecimiento institucional, generación de una línea base en salud, social y económica, transparencia en las operaciones, participación ciudadana, derecho a la información sobre eventualidades, entre otras. Todo esto será necesario si el país quiere impulsar el crecimiento económico, pero usando los recursos naturales de manera responsable y consciente, en procura de asegurar un desarrollo sostenible y sustentable para que las generaciones futuras no vean fragmentado su derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para su desarrollo. Una vez se tenga la certeza de los impactos que va a generar esta actividad, se deben tomar medidas definitivas al respecto.
Estas empresas han desarrollado un modelo con una serie de planes y se han basado también en la experiencia internacional, que es muy importante para poder desarrollar esta técnica. Pienso que, quizás, hay que afinar un poco más los conceptos para tener la seguridad de iniciar este tipo de pilotos, pero creo que van por buen camino. Es la posibilidad de que Colombia pueda darse cuenta si vale la pena o no continuar con este tipo de explotaciones. Pienso que Colombia, de alguna manera, está haciendo las cosas al derecho. Y si se ve que este tipo de procedimientos degrada el medio ambiente o tiene afectaciones que pueden llegar a ser irreversibles, debe abstenerse de continuar con las operaciones.
¿Cuál es la conclusión de su trabajo sobre el caso argentino?
No puedo dejar de lado lo que es el desarrollo económico, social y tecnológico de una nación. Es muy importante, y es un derecho que también está amparado, pero son políticas que tienen que ir encaminadas y siempre de la mano con la protección al medio ambiente, que es la casa de todos. Estamos hablando de un derecho que le puede brindar la posibilidad de desarrollarse a las generaciones presentes, pero también a las futuras. Y si ese derecho del ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano no se le puede dejar a las generaciones futuras, entonces lo mejor es abstenerse y evitar el desarrollo de ciertas actividades que puedan llegar a degradarlo.
Una conclusión muy importante es que si hay un control, seguimiento y monitoreo, por parte de las empresas extractivas de energía y del Gobierno, entonces creo que el proceso va a ser transparente. Y si las comunidades y las personas interesadas están al tanto de lo que se está haciendo, probablemente, se puede llegar a ese crecimiento económico protegiendo el medio ambiente.
En caso de que en Colombia se presenten ausencias en los puntos que se consideran fundamentales, ¿cuál sería su recomendación basada en lo que ha visto que ha sucedido en Argentina?
Mi recomendación es que sean sinceros, que realmente plasmen la verdad y no que ventilen una verdad meses o mucho tiempo después, cuando ya el daño está hecho. Porque es la única forma de manejar situaciones en las que se pueda contener, mitigar y quizás hasta prevenir un daño, porque un daño al medio ambiente es irreversible e irreparable. Sería adecuado que las empresas comuniquen a las autoridades cualquier factor de alarma y que todo lo tengan ventilado en un portal público en tiempo real, en el que la gente pueda acceder a esta información. Y si ven que, de alguna manera, esta actividad no la pueden manejar por diferentes factores, lo mejor es cesar las actividades y evitar que el problema sea mayor.
La clave se encuentra en la búsqueda del desarrollo sostenible y sustentable del ambiente, mediante una regulación clara y altos estándares de protección medio ambiental. Por ello, se ve la necesidad de implementar un régimen de Presupuestos Mínimos Ambientales para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que regule especialmente: técnicas y tecnologías necesarias para la ejecución de la actividad, la fijación de zonas de sensibilidad ambiental en las que se prohíban las practicas extractivas, los parámetros para realizar la fractura del yacimiento, los estándares del vertimiento del fluido de retorno, la distancia mínima para adelantar trabajos en relación a las zonas pobladas, y las distancias entre los yacimientos y las napas acuíferas. Todo ello en bajo los preceptos de los Tratados de Derecho Internacional.
Conoce más