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Bogotá está saliendo a buscar sus propios recursos con una mezcla de urgencia y pedagogía. En estos días, la Secretaría de Hacienda no solo habla de cifras, metas y billones; también se instala en parques, plazas y sedes locales para conversar cara a cara con los ciudadanos sobre impuestos, deudas y obras.
La ciudad, que viene de varios años de crecimiento sostenido en el recaudo, parece haber entendido que ya no basta con esperar a que los contribuyentes paguen. Hay que ir a encontrarlos, explicarles y, en algunos casos, convencerlos de que cumplir no es solo una obligación, sino una forma concreta de transformar el lugar donde viven.
El punto de partida es ambicioso. Para 2026, Bogotá se trazó una meta de COP 16,9 billones de pesos en recaudo y, en los primeros meses del año, ya suma cerca de 3,6 billones. La cifra confirma una tendencia que se ha consolidado en el tiempo y que muestra una ciudad con capacidad para generar ingresos propios. Desde Hacienda insisten en que ese crecimiento no es un espejismo, que se trata de un aumento real, por encima de la inflación, sostenido en una base de más de cuatro millones de contribuyentes que se mantiene estable, pero que se expande lentamente con cada actualización catastral.
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Recaudo y morosos
Sin embargo, ese mismo escenario deja ver las fisuras. Más de un millón de personas tienen deudas con la ciudad y la administración ha tenido que intensificar los mecanismos de cobro.
Los embargos, que hace apenas un par de años eran miles, hoy son decenas de miles acumulados en el tiempo reciente, una señal de que el recaudo también tiene un costado áspero. Aunque el tono de Hacienda sigue siendo que prefieren un cobro voluntario que un proceso coactivo, hay varios procesos de embargo que avanzan en los tribunales por conceptos tributarios.
En ese contexto aparece una estrategia que cambia el tono de la relación entre la administración y la ciudadanía. Bajo la iniciativa ‘Hacienda en tu localidad’, funcionarios salen a las 20 localidades para orientar, resolver trámites y explicar, sin intermediarios, cómo funcionan los impuestos y en qué se convierten. La apuesta no es menor, porque busca desmontar esa distancia que suele existir entre quien paga y quien administra.
En paralelo, la ciudad lanzó un concurso que mezcla obligación y recompensa, una invitación a que las manzanas se organicen para pagar el predial a tiempo y, con eso, aspirar a mejoras concretas en su entorno. La lógica es sencilla y al mismo tiempo reveladora, porque sugiere que el recaudo no solo se construye con normas y sanciones, sino también con confianza y con la idea de que el dinero público sí regresa a los barrios en forma de obras.
¿Cómo se están invirtiendo los impuestos?
Esa narrativa encuentra sustento cuando se mira el destino de los recursos. Una parte importante del dinero que entra a Bogotá se va en sostener aquello que no se puede detener, como la salud y la educación, que concentran la mayor porción del gasto, mientras que el transporte y las vías absorben otro bloque significativo que mantiene a la ciudad en movimiento. Lo demás se distribuye en áreas que, aunque menos visibles en las cifras, son igual de determinantes para la vida cotidiana, desde la seguridad hasta el ambiente o la cultura. En ese reparto hay una constante que atraviesa todo, y es que el margen de maniobra es cada vez más estrecho. La ciudad no acumula recursos en silencio, los pone a circular de inmediato.
El transporte, en particular, se ha convertido en una de esas piezas que pesan más de lo que se percibe a simple vista. El Fondo de Estabilización Tarifaria, que busca contener el costo del sistema para los usuarios, tiene asignados este año COP 3,2 billones de pesos. Es una cifra que se siente en el presupuesto y que obliga a tomar decisiones finas sobre dónde ajustar y dónde sostener. No es un gasto que pueda desaparecer de un momento a otro, porque está atado a la manera en que Bogotá se mueve, pero tampoco es neutro, porque condiciona otras inversiones.
La deuda de Bogotá
A esa presión se suma la deuda, que la ciudad maneja en niveles que la administración considera manejables, alrededor del 3 % del tamaño de su economía, con un servicio que ocupa una fracción del presupuesto. Buena parte de esa deuda se explica en obras que hoy están en ejecución y que avanzan con mayor velocidad que en administraciones anteriores, lo que refuerza la idea de una ciudad que no solo recauda más, sino que también ejecuta más rápido. Sin embargo, el margen para seguir usando esa herramienta no es infinito, advierte la secretaira de Hacienda, Ana Cadena, quien resalta que “cada nuevo proyecto compite con la capacidad de endeudamiento disponible y, en ese juego, los ingresos vuelven a ser la variable decisiva”.
Ahí aparece una discusión que ha quedado suspendida, pero que sigue latente. La posibilidad de crear o ajustar impuestos, como el cobro del alumbrado público, que podría representar varios cientos de miles de millones adicionales, se mueve entre la necesidad fiscal y la resistencia política.
No es una conversación sencilla, porque toca de frente la relación entre la ciudad y quienes la financian, y porque se da en un momento en el que la economía nacional también condiciona el panorama. La calificación crediticia de Bogotá no se define en aislamiento, depende en buena medida del rumbo del país, de su riesgo y de su estabilidad.
Lo que se ve al final no es una ciudad en apuros, pero tampoco una que pueda darse el lujo de bajar la guardia. Bogotá funciona como un sistema que se sostiene en equilibrio, donde cada peso que entra encuentra rápidamente un destino y donde cualquier desajuste, por pequeño que parezca, obliga a recalibrar.
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