Policía, Fiscalía, Gobierno y DMG

La Fiscalía dice haber estado trabajando largo tiempo en la investigación de tales hechos y sólo después de la intervención del Gobierno admitió tener pruebas sobre la eventual comisión de delitos. Aun cuando ignoro qué tan eficiente fue la labor de los fiscales en este caso concreto, debe tenerse en cuenta que con el procedimiento anterior la Fiscalía podía iniciar investigaciones con pocas pruebas e irlas completando a lo largo de varios meses antes de comparecer ante un juez.

La situación cambió con el actual sistema procesal penal, en el que la Fiscalía debe tener pruebas muy sólidas antes de iniciar formalmente una investigación, porque desde el momento en que esto ocurra, los términos de que dispone para acusar y solicitar una condena son muy breves. Eso puede explicar que mientras la Policía tenía información sobre posibles actividades delictivas desde hace muchas semanas, la Fiscalía haya tardado varios meses en recopilar las pruebas que le permitieran presentar un caso sólido ante los jueces.

El Gobierno, por su parte, debería haber tenido conocimiento de las informaciones con que contaba la Policía; las advertencias que el Secretario General de la Presidencia hizo a un familiar suyo para que no se involucrara con DMG, demuestran que el Ejecutivo estaba al tanto; desde ese momento debería haberse comunicado con la Fiscalía no sólo para indagar por el avance de las investigaciones, sino para tener una idea aproximada de lo que las mismas podían durar. Una vez precisado ese tiempo, el Gobierno debería haber adoptado medidas administrativas que permitieran enfrentar los problemas que ya estaba generando DMG, sin entorpecer la labor de la Fiscalía.

En lugar de eso, se dejó crecer el problema de manera considerable y se recurrió a una tardía y precipitada adopción de medidas que combinan descoordinadamente lo administrativo con lo judicial. Por ejemplo, es bien sabido que los bienes producto de actividades ilícitas deben quedar en poder de las autoridades judiciales y ser sometidos a un proceso de extinción de dominio; la misma ley prevé que las personas que de forma inocente hayan adquirido esos dineros, pueden comparecer dentro del proceso y demostrar su buena fe para que les sean reintegrados.

En lugar de seguir ese trámite, el Gobierno ha dispuesto devolver el dinero a los clientes de DMG, presumiendo respecto de todos ellos una buena fe que en los demás procesos de extinción de dominio debe ser probada. De ser cierto que en las arcas de DMG había dinero procedente del narcotráfico y que a través de esa compleja estructura se pretendía lavarlo, la decisión de reintegrarlo indiscriminadamente y sin trámite judicial previo no hace nada distinto a legalizar su origen, consumando involuntariamente el delito.