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Colombia está a pocas semanas de implementar un cambio sin precedentes en sus normas laborales: la reglamentación de las formas de contratación y los aportes a la seguridad social de quienes trabajan en plataformas de reparto como Rappi y DiDi Food.
Este fue uno de los puntos más llamativos de la reforma laboral, ya que reconoce estas nuevas formas de trabajo y sienta un precedente para posibles cambios en otros sectores.
Sin embargo, tras casi un año de la entrada en vigencia de la reforma, los cambios siguen sin implementarse. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explica que esto no es algo que se dé de la noche a la mañana, pues antes hay que adelantar mesas de conversación con los protagonistas de este sector, es decir, las empresas y los repartidores.
Como lo detalla José Daniel López, quien es el presidente del gremio de aplicaciones e innovación (Alianza In), el año pasado se tuvieron varias de esas reuniones. Finalizando 2025 hablaron con el ministro Sanguino y luego con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz. La cartera laboral también adelantó estos acercamientos con los representantes de los repartidores.
Con base en esos diálogos, se está elaborando el decreto que reglamentará lo ya establecido en la ley laboral. El ministro Antonio Sanguino señaló que este se expedirá en cuestión de semanas, con el objetivo de presentar el caso colombiano en la Conferencia Internacional del Trabajo en su edición número 114, que se llevará a cabo en junio en Ginebra, Suiza.
Lo que cambia para los repartidores
De entrada, Colombia zanjó una discusión que ha generado conflictos en otros países al determinar que los repartidores pueden ser tanto subordinados como autónomos.
Esta es una discusión que cobró protagonismo hace algunos años en el país, pues se señalaba que, en la práctica, los repartidores eran subordinados de las plataformas. Quienes tomaron esta postura argumentaron que el algoritmo presionaba a los trabajadores a laborar en ciertas zonas y horarios, además de aplicar sanciones si estos se rehusaban a realizar determinadas labores.
El debate sobre la autonomía y la subordinación de los repartidores llegó a ser uno de los puntos más álgidos durante el trámite de la reforma en el Congreso. Mientras el Gobierno y sus partidos insistían en que estos trabajadores fueran subordinados, los gremios y la oposición defendían la necesidad de mantener la figura del trabajador autónomo, dada la naturaleza de esta actividad, que se caracteriza porque los repartidores pueden decidir cuándo y dónde trabajan.
Lo que quedó en la reforma es que ambas figuras existirán, es decir, habrá repartidores autónomos y subordinados. Para el caso de estos últimos, tendrán las mismas obligaciones de cualquier empleado en el país, es decir, deberán cumplir con una jornada laboral, responderán a instrucciones dadas por superiores y se les asignará un sueldo (que no será inferior a un salario mínimo).
López explica que la modalidad en la que trabaje el repartidor dependerá de lo que este acuerde con la plataforma de reparto. Hoy, el 99,9 % de los repartidores son independientes y, como detalla el directivo de Alianza In, “habrá que ver qué decisiones toman las empresas cuando entre en vigencia la norma”.
Otro cambio sustancial tiene que ver con la seguridad social, ya que se establece un mecanismo para que los repartidores, así sean independientes, coticen a salud y pensión.
Esto es novedoso dado que este tipo de cotizaciones no se pueden hacer por debajo de un salario mínimo. Para este caso, las plataformas concurrirán en el pago de aportes a salud y pensión en un 60 %, mientras que el 40 % restante queda a cargo del trabajador. El cubrimiento en materia de riesgos laborales será asumido en su totalidad por la empresa.
“El ingreso base de cotización para los aportes a salud, pensión y riesgos laborales se calculará con base en el 40 % de la totalidad de ingresos que reciba el trabajador digital en servicios de reparto a través de la plataforma digital respectiva”, se lee en la reforma.
Para la afiliación a seguridad social de estos repartidores será necesario un nuevo sistema, el cual se creará con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Sanguino señala que la creación de esta plataforma será clave, pues su uso también podría facilitar el registro de otros trabajadores que busca formalizar la reforma, como quienes están en el servicio doméstico, así como el sector agropecuario.
López señala que esto será un desafío importante, pues en la práctica se tendrá que adecuar un modelo de seguridad social en el país que dé cabida a estas dos realidades distintas (los que cotizan por debajo del mínimo y los que lo hacen por encima).
“Muchos repartidores tienen un trabajo de libre conexión: pueden trabajar un mes, dejar de hacerlo por dos o seis meses, y luego volver. Entonces, el sistema debe adaptarse a una población fluctuante, con ingresos inconstantes o discontinuos. Un mes pueden ganar tres o cuatro millones y al siguiente COP 200.000. El gran desafío es que el sistema, técnica y operativamente, ofrezca soluciones que reflejen estas realidades del trabajo digital del siglo XXI”, explica.
Un paso hacia la formalidad
La informalidad en Colombia, medida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), básicamente consiste en el número de trabajadores que no realizan aportes a salud, pensión y riesgos laborales.
En enero, la tasa de informalidad en Colombia fue del 55 %. Históricamente, este indicador se ha mantenido alto debido a las complejidades del mercado laboral, donde cerca del 50 % de los trabajadores gana menos de un salario mínimo. Al no superar ese umbral, muchos quedan en condición de informalidad.
A la fecha, no se tiene certeza sobre cuántos repartidores de plataformas hay en el país. Las cifras de Alianza In muestran que,en 2024 hubo más de 600.000 cuentas de repartidores que entregaron al menos una orden en el año. No obstante, es importante aclarar que esta cifra no corresponde a 600.000 personas, sino a cuentas, ya que un mismo repartidor puede tener varias en distintas plataformas, un fenómeno conocido como “multiapping”.
Expertos en el ámbito laboral coinciden en que abrir la puerta para que más trabajadores puedan hacer cotizaciones por debajo del salario mínimo es una oportunidad para reducir la informalidad, dado que las cifras indican que esta población es representativa en el mercado laboral colombiano.
Sobre esto Sanguino también detalla que, en la aplicación de la reforma laboral, se está avanzando en programas (los llama “bases de protección social”) que beneficiarán a trabajadores informales como recicladores, artistas y trabajadores de la economía popular.
“Ya formalizamos 410.000 aprendices del SENA, aspiramos a formalizar 440.000 trabajadores de plataformas, 60.000 madres comunitarias y cerca de 500.000 trabajadoras domésticas. En el sector rural, donde la informalidad alcanza el 83 %, también avanzaremos en la formalización”, detalla.
La plataforma que se creará para los repartidores también servirá como herramienta para avanzar en la formalización de este sector. A través de ella, se apoyará la financiación de sus pensiones mediante los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un esquema en el que el trabajador aporta una parte de la cotización y, si cumple ciertos requisitos, el Estado complementa el resto.
Estas bases de protección social se financiarán con recursos del Ministerio y aportes de los trabajadores, apoyados por programas como BEPS.
Es evidente que estas obligaciones que tendrán las plataformas de reparto se traducen en mayores costos para su operación. Sin embargo, López detalla que esto no necesariamente se traducirá en que los servicios se vayan a encarecer, ya que los mismos podrían ser asumidos por la compañía para ser más competitiva.
“Esa es una decisión de cada empresa. Algunas asumirán el costo, otras lo trasladarán al usuario o a otros actores del ecosistema. Es una decisión de mercado. Lo que sí hay es una disposición general de asumir este esfuerzo económico, que es significativo, pero que se espera redunde en el bienestar y la formalización de los repartidores”, concluye.
En el papel, la reforma plantea un cambio importante en favor de los repartidores de plataformas. El desafío es que el decreto que está próximo a expedirse logre cumplir con la promesa de equilibrar la protección social con la flexibilidad que caracteriza a esta forma de trabajo.
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