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NADIE DUDA DEL AVANCE DE LA MUjer; en los últimos 50 años ésta ha logrado importantes conquistas de sus derechos, aunque este no ha sido un camino fácil. Su participación en la sociedad ha aumentado, pero todavía falta mucho por recorrer.
A pesar de las múltiples declaraciones para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la existencia, todavía perduran leyes y prácticas discriminatorias que limitan su plena participación en la vida laboral mientras persisten la violencia doméstica y el fenómeno de la feminización de la pobreza.
Las mujeres en Colombia –por lo menos en teoría– hemos avanzado y éste ha sido uno de los países que ha adherido y ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belem do Para y hace parte de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia de la mujer de 1994. Sin embargo, estamos lejos de erradicar la violencia contra la mujer en nuestro país, como lo muestra un estudio de la CEPAL, ya que aproximadamente el 30% de las mujeres que ha estado casadas o en unión libre ha sufrido alguna forma de agresión por parte de su pareja. Y, aunque no se crea, esto se da en todos los estratos sociales, incluidos aquellos que tienen un mayor nivel de educación.
Esta semana se festejó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y aunque contamos con legislación al respecto no necesariamente ésta se cumple; también existen prejuicios sociales en relación con el tema del abuso y la agresión. Y es que a las mujeres les da temor ir a denunciar bien sea a sus maridos o a sus agresores, pues todavía cuenta el “qué dirán”; además pesa la dependencia económica, sicológica o social de quienes las agreden. Por otra parte, cuando se atreven a denunciar, son atendidas generalmente por hombres que las juzgan y las señalan como culpables.
Es compleja la situación y el camino necesita no sólo de leyes, como la Ley 1236 de 2008 que aumenta las penas por delitos sexuales, sino de una aplicación apropiada y fuerte de ellas que haga de las condenas un ejemplo. Es necesario que se tengan en cuenta las particularidades de la violencia contra la mujer, niña, joven o adulta en el sistema judicial y es indispensable una formación más especializada en temas de género. Una mayor educación no sólo en la escuela sino en la familia, dar a conocer más los derechos de las mujeres y tener más organizaciones de apoyo estatal y privado ayudarían mucho. Por último, como dice el Secretario General de Naciones Unidas, “el Estado debe aumentar los recursos y programas y promover un entorno propicio para que se cumplan los compromisos de política vigentes”.
Esta debe ser una campaña de todos y no sólo de las mujeres; la violencia está demasiado impregnada en la vida nacional y son los más débiles quienes sufren más con ella, empezando con las mujeres. Es fundamental continuar en el esfuerzo de hacer pública la violencia doméstica, que es una violencia entre paredes, pero igualmente tenemos que continuar trabajando en la eliminación de todas las formas de violencia, incluida la de las calles, la verbal –a la cual son muy proclives algunos altos funcionarios públicos– y aquella que es producto del conflicto, la pobreza y la desesperanza a la que se ven sometidos millones de colombianos. El camino por recorrer es de toda la sociedad.