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Además de los interrogantes que persisten sobre la operación militar del pasado 28 de marzo en Putumayo, en la que murieron 11 personas y que ha desencadenado versiones encontradas entre el Ejército y las comunidades, los hechos han dejado claro un asunto: que los tentáculos del narcotráfico de Iván Márquez se extienden en varias zonas del país, incluido el departamento de Putumayo. Precisamente, el Gobierno ha defendido que esa acción militar iba dirigida contra los Comandos de la Frontera, grupo criminal que reúne a exparamilitares y disidentes de las Farc, y que hasta hace tres años era dirigido por narcotraficantes que estuvieron asociados a las autodefensas, pero que fueron recapturados.
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Cuando el grupo criminal quedó acéfalo, entre marzo y junio de 2019, el disidente de las extintas Farc Iván Márquez estaba al acecho. En ese lapso fue asesinado en una purga interna de la estructura criminal alias Sinaloa, un disidente de las Farc metido en el narcotráfico, y fueron capturados Henry Loiza Ceballos, alias Alacrán, un antiguo narcotraficante del cartel del norte del Valle, y Miguel Antonio Bastidas, alias Gárgola. Ese mismo año, en agosto, Márquez anunció que retomaría las armas con la autodenominada la Segunda Marquetalia, integrada por Jesús Santrich (muerto en mayo de 2021), alias Romaña y el Paisa (ambos muertos en diciembre de 2021).
Precisamente este último, según inteligencia de la Fuerza Pública, fue el encargado por Márquez para contactar con los Comandos de la Frontera, que en ese momento se denominaban como La Mafia: una mezcla entre narcoparamiltares y antiguos miembros de los frentes 32 y 48 de las Farc. Luego de varias reuniones entre la Segunda Marquetalia y la gente de La Mafia, se pactó la alianza con el fin de sacar cocaína a Centroamérica y Europa. Desde octubre de 2020, la Policía Antinarcóticos identificó que el Paisa se reunía con varios emisarios de carteles mexicanos y de los Balcanes, y, en diciembre pasado, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, confirmó que estas reuniones también se efectuaban en el estado de Apure (Venezuela).
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La jugada de Márquez, de aliarse con los Comandos tenía un fin: ser el puente entre los carteles internacionales y el grupo criminal de Putumayo, que se disputa el control de cerca de 20.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito. Hoy la estructura criminal es una de las que más envía cocaína a Ecuador, país inmerso en una crisis de seguridad a causa de las bandas criminales que dejó en 2021 cuatro masacres y 329 víctimas mortales en el interior de las cárceles. Según los reportes de la inteligencia colombiana, los Comandos de la Frontera de Márquez están aliados con los Choneros, la banda que ha protagonizado varios de los asesinatos registrados en las cárceles ecuatorianas.
La cúpula de la organización
Aunque solo hasta marzo de 2021 se conoció que los Comandos de la Frontera se sumaron a la Segunda Marquetalia, la inteligencia estatal indica que el pacto se realizó casi un año antes. Este diario conoció un documento de 17 páginas, fechado de mayo de 2020, en el que la estructura criminal se presenta como los Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano (CDF-EB) y aseguran ser una organización político-militar. Aunque en ese panfleto pregonaban ser una organización aliada de la población de Putumayo y que iban a respetar los terrenos ancestrales de las comunidades indígenas, el tiempo terminó confirmando su pasado criminal.
De acuerdo con las investigaciones, los Comandos de la Frontera están inmersas en el asesinato de civiles y líderes sociales, contaminación de ríos a través de la extracción ilícita de oro y confinamientos de resguardos indígenas en medio de su disputa con la disidencia del frente Carolina Ramírez, que está al servicio de alias Gentil Duarte. El documento también hace referencia a cómo sería la estructura interna del CDF-EB. En orden jerárquico, los comandantes superiores, comandantes de área, jefes de comisiones, oficial de tropa y la propia tropa. Aunque el documento no detalla quiénes ocuparían la cúpula de los Comandos, este diario conoció los perfiles de quienes serían sus cinco principales líderes.
A la cabeza está Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, un antiguo miembro del frente 48 de las Farc, a quien se le atribuye la muerte de civiles y varios miembros de la Fuerza Pública. El segundo es Carlos Carvajal Torres, alias Mojoso, un hombre que se desmovilizó en 2017 como jefe de las disidencias en Caquetá, pero que al poco tiempo retomó las armas para aliarse con Iván Márquez, a quien conoce desde hace décadas cuando militaban en las Farc. Otro viejo conocido de la guerrilla es el tercero al mando: Nelson Yaguará Méndez, alias Uriel, quien fue condenado por el ataque a la base militar en Teteyé (Putumayo), que dejó 23 uniformados muertos, en 2005.
El cuarto en el escalafón sería un hombre que hasta 2010 se creía muerto y estaría al mando de 45 hombres armados en el departamento de la Amazonas. Se trata de John Freddy García, alias Pitufo, de quien se reportó había muerto hace 12 años en un enfrentamiento con el Ejército en la frontera con Ecuador, que dejó otros 59 guerrilleros muertos. El quinto es un hombre conocido como Flaco Alberto, quien tenía más nexos con el paramilitarismo y la delincuencia común en Putumayo. Alias Bruno, contra quien iba dirigida la cuestionada operación militar en Puerto Leguízamo (Putumayo), no es considerado como una de las principales cabezas de los Comandos, pero era uno de los líderes financieros de una comisión.
Hasta el momento el paradero de alias Bruno es incierto y se presume que se refugia en territorio ecuatoriano. Por ahora, mientras la Fiscalía avanza para esclarecer en qué circunstancias murieron esas 11 personas el pasado 28 de marzo en la polémica operación militar, las comunidades siguen en medio de la disputa cíclica del narcotráfico. El negocio que en el pasado se disputaban las guerrillas y el paramilitarismo. Hoy sus herederos son los que generan un nuevo período de violencia en el departamento de Putumayo, que otra vez cobra vidas inocentes.
Por David Escobar Moreno
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