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Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, y quien fue considerado como el hombre más buscado de Colombia por estar al mando del grupo armado Clan del Golfo, está a la espera de su extradición a Estados Unidos, país en el que responderá por delitos relacionados con el narcotráfico. Por ahora, el capo dará esta semana el que sería su último testimonio ante la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) en suelo colombiano, sobre el macrocaso de los llamados falsos positivos. Aunque Úsuga tendría la oportunidad de seguir aportando a la verdad sobre el conflicto armado desde el país norteamericano, quedan serias dudas sobre si seguirá hablando allí.
El Espectador le cuenta lo que ha sido el paso del capo por la jurisdicción transicional.
Las audiencias a las que fue convocado Otoniel se llevarán a cabo este 19 y 20 de abril, por orden del magistrado Alejandro Remelli Arteaga, quien aclaró que son la continuación de la suspendida el pasado 29 de marzo, luego de que el abogado de Úsuga aludiera problemas de salud. Frente a la preocupación de las víctimas ante la extradición del capo, la JEP ha aclarado que, aunque la Corte Suprema emitió un concepto favorable sobre la extradición, él podrá “ser visto y escuchado las veces que sean indispensables, para la complacencia de los derechos de las víctimas”. De la misma manera, dice la JEP, en caso de que Otoniel “sea extraditado antes de la fecha reprogramada en esta decisión, el despacho contemplará una nueva fecha con el uso de las tecnologías de la información y comunicación a través de la cooperación internacional”.
El paso del capo por la justicia transicional ha sido bastante atropellado y polémico, pues provocó varios roces entre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, y las autoridades que lo custodian, por la dificultad para recopilar su testimonio. Robo de material, interrupción de audiencias e irregularidades en procedimientos, entre otros obstáculos, se presentaron desde que Otoniel pidió pista en la JEP en febrero de este año.
La primera citación de la JEP a Úsuga
En diciembre de 2021, la JEP citó a Otoniel a declarar en el macrocaso sobre la violencia de la región de Urabá, de la que fue testigo y protagonista. En ese momento, se precisó que esa declaración no significaba que se fueran a frenar las investigaciones en la justicia ordinaria ni que se fuera a detener el proceso de extradición concretado hace pocas semanas. En la primera versión que entregó a la JEP en el caso de Urabá, Úsuga aprovechó para asegurar que su captura fue realmente una entrega voluntaria, lo cual, hasta el día de hoy, es negado por el presidente Iván Duque y las autoridades.
La petición oficial de Otoniel a la JEP
En febrero de este año, y después de haber hablado ante la JEP por el macrocaso de violencia en Urabá, el capo del Clan del Golfo pidió formalmente ser recibido en esta jurisdicción en condición de tercero civil: como financiador y auspiciador de grupos paramilitares.
El antiguo líder del Clan del Golfo buscó ser aceptado específicamente para entregar información sobre supuestas “conductas de colaboración en acciones ilegales de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército colombiano y el DAS, así como la promoción, planeación, organización y financiación de grupos paramilitares sucesores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre los años de 2006 a 2008″. En la presentación que hizo de su petición a la JEP, Otoniel aseguró tener “complicidad en acciones ilegales de carácter criminal ordenadas, planeadas y ejecutadas por altos mandos del Ejército”.
En ese primer momento, el capo dijo que quería entablar diálogos con el Gobierno, para que buscaran la Paz con el Clan del Golfo, sosteniendo que como había participado tanto tiempo en la guerra, su colaboración sería útil para el país. Asimismo, su pedida de pista enlodó a algunos militares como el general Leonardo Barrero Gordillo. Según una investigación de la Fiscalía, el alto oficial sería la misma persona conocida como alias El Padrino, uno de los militares que, presuntamente, conforma la organización “La Cordillera”, uno de los tentáculos del Clan del Golfo.
Los roces con la Dijín
Diferencias entre las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (JEP y la Comisión de la Verdad)y la Dijín, que está a cargo de la custodia de Úsuga, han sido el pan de cada día en lo relacionado con el capo y sus testimonios. La interrupción de audiencias, el robo de material y la falta de garantías han enfrentado a las instituciones desde la captura del capo en octubre del año pasado hasta la fecha. Los constantes roces entre el Sistema y la institución han sido, básicamente, por el choque entre las vulneraciones de derechos de Otoniel y las medidas de seguridad.
En febrero de este año, las entidades del sistema enviaron una carta al director de la Dijín, general Fernando Murillo, en la que le solicitaron que garantice las condiciones para que Úsuga, pudiera rendir su testimonio. Según los firmantes, las medidas de seguridad dificultan la recolección de su versión y no pueden ser óbice para que no se le den las garantías al capo para que hable. En ese mismo mes, grabadoras y computadores donde estaban consignados los testimonios del capo fueron robadas. El hecho se sumó, de una manera distinta, a las trabas que ha tenido el aporte a la verdad de Otoniel.
El rechazo de la JEP y el proceso de extradición
El pasado 25 de marzo la JEP rechazó el sometimiento de Otoniel. Según dijo en ese momento esa jurisdicción, el capo no aportó lo suficiente para ser acreditado como tercero civil. Aún así, la jurisdicción transicional argumentó que Úsuga ya fue llamado en calidad de testigo en el caso que investiga la violencia en Urabá.
Ese mismo día, la Corte Suprema fue enterada de la decisión de la JEP y dos semanas después, la Sala Penal del alto tribunal avaló la extradición del capo, cortándole las alas a sus intenciones de frenar su extradición y ser gestor de paz. La Corte revisó para su decisión la petición de una Corte de Nueva York, la cual busca procesar por delitos relacionados con narcotráfico al jefe criminal, tras una investigación de las autoridades norteamericanas que data de 2009. Tras el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia solo faltaba el del Gobierno.
Dos días después de que la JEP le cerrara las puertas a Úsuga, el presidente Duque firmó la orden de extradición a Estados Unidos, completando el último paso que faltaba para hacer efectiva la decisión. El anuncio lo hizo el mismo mandatario en su cuenta de Twitter, en el que recalcó que el capo ha sido uno de los peores criminales en la historia reciente de Colombia y aseguró que, con su extradición, “las instituciones del país muestran su fortaleza y contundencia”.
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