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Los múltiples informes y comentarios de prensa producidos en estos días, dan la medida de la gravedad del fenómeno. La mayoría de ellos pone de presente la historia de abusos contra los ahorradores y el criterio de los especialistas sobre el fraude continuado de unos negocios que no duran mucho y que, fatalmente, generan como resultado una estafa masiva.
Más allá de la ortodoxia de los especialistas y de la heterodoxia de los críticos, el sentido común permite aventurarse a formular algunas inquietudes que se desprenden del drama de miles de ahorradores defraudados, en medio de la incapacidad de las instituciones para evitarlo. Los comentaristas de opinión han insistido en que el gobierno no supo detener a tiempo una crisis anunciada. Entre tanta dispersión informativa, el ex superintendente financiero fue el funcionario que mejor perfiló la situación, al exponer las dificultades del organismo que tuvo a su cargo para controlar la captación ilegal del ahorro privado.
En efecto, su despacho intervino frente a DMG, a Superservi, a Net-work y a DRFE, pero según sus palabras, la superintendencia sólo podía adelantar “actuaciones administrativas sobre captaciones que no son técnicamente legales”. Es decir, se limita a prevenir a la comunidad sobre los riesgos que corren sus ahorros cuando están por fuera del sistema financiero formal, y a preservar con todos los controles existentes los 460 billones colocados en el sistema formal, amenazado ahora por la crisis global a pesar de contar con las protecciones propias del sistema regulado.
Pero también dijo otra cosa el ex superintendente: en ese organismo público hay noticia sobre cerca de 230 presuntos captadores en el país. En otras palabras, tenemos más captadores irregulares que bancos legalmente autorizados operando en el sistema financiero colombiano. Surge, entonces, una pregunta obvia: ¿Cómo es posible que existan semejante cantidad de captadores ilegales de ahorro?
La respuesta también es obvia: porque hay clientes para ese mercado. Los hay porque, en general, el sistema bancario suele reducir su población objetivo a quienes tienen una capacidad de compra situada de la media hacia arriba. Claro, la gente es incauta, los controles insuficientes, existe una cultura del dinero fácil fomentada por la industria del narcotráfico, es imposible competir con intereses tan altos, en fin, todo lo que se quiera. Pero también hay viejas falencias institucionales.
Dos ex ministros de Hacienda, Rudolf Hommes y Juan Camilo Restrepo, interrogados por el Espectador, y un senador de la República, Jorge Enrique Robledo, a través de su oficina de prensa, reaccionaron de una manera muy lineal e incluso muy coincidente: “faltó gobierno”. Me temo que es una respuesta insuficiente. Personas de su condición deben orientar y, en casos como este, plantear fórmulas que contribuyan a resolver un problema que también es de naturaleza social.
Existen, por supuesto, responsabilidades oficiales, pero no basta con señalar eso. ¿Qué han hecho las instituciones, y con ellas los tres personajes referidos, o que han propuesto para incrementar el índice de bancarización del país y obligar al sector financiero a considerar sujetos de ahorro y de crédito a los hombres y mujeres que viven de su trabajo, incluyendo el inmenso escenario de la economía informal? Es una cuestión ética, pero también política y económica. Aquellos colombianos están demostrando que son muchos, que mueven recursos y que no son marginales.
Ex senador, profesor universitario.
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