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El presidente Gustavo Petro ajusta ya 16 meses en la Casa de Nariño. Un tiempo de aciertos y desaciertos que siempre ha tenido el vigilante ojo de la Rama Judicial sobre sus acciones. Las iniciativas de su gobierno, tanto en términos económicos, políticos y de paz, no han pasado desapercibidas, por ejemplo, en las altas cortes, que han terminado por tumbar o modificar los planes de gobierno del primer mandatario a través de sentencias judiciales. Tampoco se salvaron alfiles cercanos al ejecutivo que, también por decisiones de la justicia, quedaron por fuera del ruedo político. El Espectador presenta una radiografía de los “reveses” que han dejado sin piso políticas y hasta protagonistas del llamado gobierno del cambio.
La Paz Total
La ley de Paz Total (2272 de 2022), que faculta al gobierno del presidente Gustavo Petro para negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas, pasó una dura prueba en la Corte, y, aunque salió con vida, no resultó ilesa. El alto tribunal consideró que esta iniciativa, que según el propio presidente es la columna vertebral de su mandato, sigue en pie, pero le restó poder al Ejecutivo y lo repartió entre las otras dos ramas del poder —legislativo y judicial— para mantener el llamado equilibrio. El 30 de noviembre de este año, la Sala Plena consideró que, si bien la iniciativa podrá seguir su curso para buscar la paz, puntos sensibles como la libertad de presos no pueden quedar a disposición del Gobierno.
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Por ejemplo, la designación de personas privadas de la libertad como gestores de paz y su excarcelación dentro de la iniciativa del Gobierno, con la decisión de la Corte, pasa a manos del poder judicial, donde serán los jueces quienes determinen quiénes podrán salir y quiénes no. Por otra parte, el alto tribunal dejó en manos del Congreso la responsabilidad de tramitar un proyecto de ley con el que se establezcan las condiciones con las que se someterán los grupos y bandas criminales quienes se quieran sumar a la iniciativa de paz. La determinación de la Sala Plena es, según los magistrados, un recordatorio para “hacer una distribución clara de las funciones entre las ramas del poder público” y “minimiza el riesgo de abuso del poder o extralimitación de funciones”.
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El estado de emergencia en La Guajira
En la primera semana de octubre de este año, la Corte Constitucional decidió que el decreto mediante el cual el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira no se ajustaba a la Constitución. Ese decir, lo tumbó. Se trataba de una de las iniciativas más importantes del Ejecutivo en su primer año de mandato y, por decisión del alto tribunal, quedó sin ningún piso. De ahí en adelante, el paquete de 13 medidas, que incluía implementar un piloto de la reforma a la salud y crear una universidad wayúu, entre otras, fueron cayendo una a una. Para la Sala Plena, la emergencia decretada incluía tantas cosas y cambios que no iba a remediar las falencias históricas relacionadas con la salud, la alimentación y la economía en esa zona del país.
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Eso sí, la Corte dejó claro que, “aunque el cambio climático y la crisis humanitaria por la que atraviesa la población de La Guajira no constituyen, en sí mismos, hechos sobrevinientes, el decreto no se limitó a identificar esas situaciones como motivos para declarar el estado de emergencia”. Por otra parte, la Sala determinó que, para la crisis, más allá de medidas especiales, es necesaria “la acción decidida y la colaboración armónica de todas las instituciones del Estado, y llevarse a cabo, en primer lugar, a través de los instrumentos ordinarios que prevé la Constitución”, es decir, que el Congreso legisle sobre medidas que puedan hacerles frente a las problemáticas.
La reforma tributaria
Varios artículos de la medida con la que el gobierno de Gustavo Petro busca recaudar $80 billones para 2024 (ley 2277 de 2022) han sorteado en la Corte distintas demandas, como el que reglamenta los plásticos de un solo uso o el del cobro de impuestos a las bebidas azucaradas. El alto tribunal, por ejemplo, dejó con vida las dos medidas mencionadas dentro de la reforma tributaria, pero la que tumbó, y no le cayó muy bien a Petro, fue el artículo 19, que no permitía a las empresas mineras y petroleras deducir las regalías del impuesto de renta, por considerar que, según el fallo liderado por los magistrados Jorge Ibáñez y Cristina Pardo, el artículo aprobado por el Congreso vulneraba los principios de justicia y equidad tributarias.
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El Plan Nacional de Desarrollo
Dentro de las últimas decisiones que tomó el alto tribunal sobre iniciativas del gobierno Petro fue la de tumbar el artículo 97 de la hoja de ruta de Colombia entre 2023 y 2026. Ese numeral del PND obligaba a que todas las entidades públicas afiliaran a sus empleados a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Positiva. Aunque para el Ejecutivo esta medida era con el ánimo de “fortalecer el sistema de aseguramiento público, de cara a la incorporación de nuevas poblaciones de la comunidad en general”, para la Sala Plena “desconoce el principio de unidad de materia por cuanto no tiene relación con el objetivo general del PND 2022-2026 denominado seguridad humana y justicia social ni con ninguno de sus proyectos”.
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Las salidas por doble militancia
Roy Barreras, el alfil político más importante para el gobierno Petro dentro del Congreso, fue de las pérdidas más duras y sonadas este año. El ahora embajador de Colombia en Reino Unido perdió su curul el pasado mayo, debido a que el Consejo de Estado encontró que Barrera no había renunciado a su puesto como senador del Partido de La U 12 meses antes de inscribirse para las elecciones de 2022 —en las que participó como candidato del Pacto Histórico— como se lo pedía la ley. Aunque Barreras apeló la decisión diciendo que no tenía que renunciar, porque La U lo expulsó en 2020, el alto tribunal fue inflexible y acabó con su presidencia en el Congreso a los pocos meses de estar llevando las riendas de las iniciativas de Petro en el Legislativo.
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César Pachón fue la segunda ficha importante de Petro que salió del Congreso por decisión del Consejo de Estado. En agosto de este año, el alto tribunal concluyó que el entonces senador —que tenía el aval del partido MAIS— apoyó en las elecciones legislativas de 2022 al entonces candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá de la Colombia Humana, Pedro José Suárez Vacca. Sin embargo, MAIS contaba con su propio candidato para ese departamento y no fue apoyado por Pachón. En su decisión, el Consejo de Estado dijo que al entonces demandado le “existía un deber de fidelidad con el MAIS de manera que le asistía la obligación de respetar la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo”.
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El exsenador Alexander López Maya fue de las últimas fichas de Gustavo Petro en el Congreso que tuvo que abandonar su curul. El 9 de noviembre de este año, el Consejo de Estado determinó que el político incurrió en doble militancia, pues teniendo el aval del Polo Democrático a la hora de su elección como senador en las elecciones legislativas de 2022, apoyó a candidatos del Partido Alianza Verde. Su salida del Legislativo dijo en su decisión del Consejo de Estado, por “haber apoyado, durante la campaña electoral, a un candidato distinto al avalado por la coalición programática y política Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por el departamento de Santander para el período constitucional 2022-2026″.
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La caída del contralor Carlos Hernán Rodríguez
El Consejo de Estado anuló la elección del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien era el candidato de Petro para manejar ente de control fiscal. La decisión de sacarlo de la Contraloría la tomó la Sección Quinta del alto tribunal el 25 de mayo de este año. La alta corte encontró varias irregularidades en el proceso que elaboró el Congreso para elegir al reemplazo de Carlos Felipe Córdoba. Por ejemplo, que la sesión plenaria, en la que se hizo la elección, no fue convocada a tiempo, porque no transcurrieron los ocho días necesarios para que los miembros de la plenaria del Congreso pudieran estudiar y sustentar su voto.
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En su decisión, el Consejo de Estado también resaltó que para la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor se elaboró una tercera lista de elegibles sin justificación alguna y los parámetros de la convocatoria fueron cambiados de manera injustificada, luego de que se conocían los resultados de la prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida efectuada por la Universidad Industrial de Santander. La decisión en su momento la tomó el alto tribunal por una demanda que iniciaron los congresistas Jennifer Pedraza, Cristian Avendaño y Jorge Alberto Gómez. Tras su salida, no ha sido posible elegir un nuevo contralor general y, por ahora, el ente de control está en manos del vicecontralor Carlos Mario Zuluaga.
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Servicios Públicos
En febrero de este año, el presidente Gustavo Petro expidió el decreto 227, con el cual asumió, durante tres meses, las funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Dentro de las facultades que adquirió el primer mandatario, se incluía fijar las tarifas de servicios públicos, ya que, a juicio del jefe de Estado, los incrementos de este sector habían jalonado la altísima inflación del último año. Las demandas no demoraron en llegar y la que llevó la batuta en el Consejo de Estado fue la presentada por un grupo de ciudadanos argumentando principalmente que el proceso de fijación de tarifas de servicios públicos solo podía cambiarse con una ley tramitada en el Congreso.
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En julio de este año, el Consejo de Estado tumbó ese decreto, porque encontró que el Gobierno lo había expedido irregularmente. El alto tribunal señaló que la norma obligaba a que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, previo a la firma del presidente, publicara, al menos durante 15 días, este tipo de normas para recibir comentarios de la ciudadanía, pero solo lo hizo durante dos días, a pesar de que recibieron varias intervenciones ciudadanas. Además, compartió el argumento de que, según la Constitución, los mecanismos de fijación de tarifas de servicios públicos solo pueden ser modificadas por una ley tramitada en el Congreso. Nunca por decisión única del presidente.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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