¿Vale la pena endeudar a la ciudad?

El próximo jueves el Concejo distrital votará en plenaria la aprobación del cupo de endeudamiento con el que la administración distrital piensa financiar obras como Transmilenio por la Avenida Boyacá, las que quedaron sin financiación por la reducción de valorización y los cables en Ciudad Bolívar y San Cristóbal, entre otras. Un debate en el que, según los cálculos del oficialismo, la mayoría de los concejales respaldará la iniciativa del gobierno Petro. Sin embargo, después de casi seis meses de discusión, todavía hay voces que afirman que el monto a aprobar es muy alto o que el cupo no es la forma de financiar las obras que necesita la ciudad.

El cupo, que inicialmente fue concebido por la administración por $4.3 billones, salió de la comisión de Hacienda del cabildo, en junio, por $3.2 billones. Una reducción con el que la administración estuvo de acuerdo. No obstante, han pasado casi tres meses en los que la oposición, a través de maniobras dilatorias, ha logrado que no se discuta el cupo en plenaria. La situación, más allá de paralizar el comienzo de las construcciones que el gobierno distrital necesita para resolver la crisis de movilidad y mostrar capacidad de ejecución, provocó que el alcalde anunciara la posibilidad de hacer las obras mediante concesiones.

La idea, que levantó polémica por la posibilidad de que empresas del ‘carrusel de la contratación’ sean beneficiadas, o que los privados se queden con el usufructo de infraestructura que fue planeada como pública, es defendida por la administración. «Una concesión no necesariamente tiene que estar mal negociada. Pueden ganar ambas partes, el empresario y la ciudad. Sin embargo, la primera opción para las obras sigue siendo el cupo», dijo uno de los asesores del despacho del alcalde Petro.

«Estábamos dejando grandes obras sin construir porque sobre las poblaciones que se benefician es imposible aplicar la valorización. La concesión tiene el problema de que hay que generar una fuente de riqueza, como un peaje y, además, la infraestructura solo podría ser aprovechada por las personas que pueden pagar ese peaje. La mejor opción es el cupo pues se paga con recursos de la ciudad, que vienen de impuestos generales, y eso , si usted tiene una estructura tributaria medianamente equitativa, como la nuestra, es más viable», dice Carlos Vicente de Roux, concejal progresista.

Darío Fernando Cepeda, uno de los férreos concejales de oposición, afirma que «el alcalde Gustavo Petro no ha podido, ni siquiera, ejecutar el presupuesto de este año. Tiene $3 billones congelados en los bancos. La vamos a hacer un daño dándole $3.2 billones más. El cupo debería reducirse a $1.8 billones que es lo que podría ejecutar en estos dos años». Además, señaló que, una vez aprobado el cupo, viene la adquisición del préstamo y que, si llega el momento de la ejecución, éste podría ser en el segundo semestre de 2014, cuando tan solo quede un año de gobierno.

Consultados por El Espectador, miembros del equipo asesor de Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda, afirmaron que «hay que recordar que, así la administración no pida créditos por los $3.2 billones, esa capacidad de deuda le queda disponible a la siguiente administración. Lo importante es que la ciudad contaría con una fuente de financiación para obras que resuelven la crisis de movilidad y que acaban con la segregación social pues muchas de las vías más urgentes se realizaran en sectores donde se quería construir cobrando valorización, así la gente no tuviera capacidad de pago».