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Durante las manifestaciones de campesinos contra la petrolera Emerald Energy en Los Pozos, en San Vicente del Caguán (Caquetá), 79 policías fueron retenidos por la guardia campesina durante 31 horas, hasta que el Gobierno exigió su liberación para negociar. Ante los hechos, en los que también murieron un campesino y un uniformado, hay un debate sobre si lo que pasó con los miembros de la fuerza pública fue un secuestro o un “cerco humanitario”, como lo dijo el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada.
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Los relatos de algunos miembros de la fuerza pública que estuvieron retenidos por los campesinos apuntan a que durante su privación de la libertad fueron objeto de malos tratos y su vida estuvo en riesgo en todo momento. El intendente Juan Ávila y el patrullero Albeiro Carvajal, policías liberados, aseguran que además de impedir su movilización, los campesinos los alimentaban poco, “nos quitaron los celulares, billeteras y ahí nos subieron a los camiones como animales y nos dieron la vuelta al pueblo como si fuéramos un trofeo de guerra”, como se lo dijeron a Noticias Caracol.
¿Por qué dice el Gobierno que es un “cerco humanitario”?
El argumento del alto funcionario para decir que la retención se trató de un “cerco humanitario”, fue que “hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país, una movilización social y que esa movilización social hizo un cerco humanitario de la institución policial y de la empresa”. También, Prada señaló en la mesa de negociación con la comunidad el pasado fin de semana que esta connotación se da porque se respetó y protegió la vida de los uniformados y los trabajadores, además de que con la retención, dijo él, se evitaron enfrentamientos.
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Sin embargo, este lunes el mismo Prada respondió a las críticas de quienes señalan que el mensaje crea una brecha entre el Gobierno y la Fuerza Pública. “Rechazo total a cualquier atentado y hostigamiento contra nuestra fuerza pública. Rechazo total a cualquier frase que pretenda distanciar al gobierno nacional de las Fuerzas Armadas”, dijo el alto funcionario. Prada trató de dar respaldo al decir que los uniformados que fueron retenidos “tienen toda nuestra solidaridad y todo el rechazo a cualquier organización que pretenda afectar los derechos de nuestra fuerza pública, el gobierno la perseguirá”.
La demora en su respuesta a las críticas, dice Prada, fue que por estar en el territorio se desconectó de redes sociales donde escaló el debate. También, dijo que lo que el diga como ministro, o lo que diga el Gobierno en general sobre los hechos no tienen valor, pues determinar lo que ocurrió realmente es “función exclusiva, única de la Fiscalía General de la Nación en la calificación y en la acusación y naturalmente los jueces penales colombianos”.
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Decir que se trató de un “cerco humanitario”, sostiene el ministro, ocurrió, porque tomó la “información proveída en la mesa por ellos, por los líderes campesinos que describieron su actuación”. El argumento que le dieron los campesinos al alto funcionario fue que los retuvieron para protegerlos, en la zona podría haber infiltrados en las protestas que pudieran atentar contra sus vidas y hubiera podido ocurrir una tragedia que, según Prada, hubiera empeorado con la presencia militar y el objetivo era resolver el problema a través del diálogo.
¿Qué dice la ley?
Para el abogado penalista Fabio Humar, la retención de los uniformados es “claramente secuestro, que es un delito señalado desde hace siglos en el código penal y sanciona la conducta consistente en impedir la movilidad de una persona, en términos generales”. Para el abogado, resulta evidente que llamarle “cerco humanitario” a los hechos es una intención “con interés político de no calificar a los indígenas como delincuentes, ya que, si les dicen secuestradores, necesariamente, debía el mismo ministro, interponer las denuncias”.
Humar dice que con las primeras declaraciones dadas por el ministro Alfonso Prada “estamos ante el caso de una típica utilización del lenguaje con fines de crear nuevos relatos, más amables que los que presenta el código penal”. Aún así, insiste en que “las cosas deben ser claras: en el Caguán hubo secuestro” y aunque la protesta con la que inició todo es completamente legítima, no puede ser aceptado por el Gobierno que se lleve “hasta el grado de cometer delitos tan graves como el secuestro y homicidio”.
Por otra parte, considera que con lo ocurrido y escuchando los relatos de los uniformados que estuvieron retenidos, hay dos caminos: que el Gobierno haga las denuncias, pero duda que ocurra, porque “si sigue siendo fiel al relato del cerco, no hará nada”. La segunda, que sean entes de control y la misma Fuerza Pública la que lo haga: “La verdad es que la Fiscalía y los mandos militares están obligados a presentar las denuncias penales”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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