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Hasta el corazón de Londres (Inglaterra), en un una oficina de expertos en derecho penal internacional, llegó el caso del jefe guerrillero colombiano, Jesús Santrich. La reputada firma Guernica 37 Chambers, con sede en esa ciudad, pero con oficinas en La Haya (Holanda), Madrid (España) y San Francisco (Estados Unidos), estudió durante varios meses la novela político y judicial que se desarrolló en Colombia durante mayo de 2018. Lo hizo a petición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que desde ese entonces le siguió la pista a las decisiones que tomó la Fiscalía dirigida por Néstor Humberto Martínez, en el momento en que esa justicia especial estudiaba si aprobaba o no la extradición del guerrillero.
(En contexto: La JEP denunció a funcionarios de Néstor H. Martínez por haber ocultado información)
Con base en ese análisis de la firma inglesa, este lunes 6 de marzo de 2023, la JEP denunció ante la Fiscalía que funcionarios de la administración de Martínez habrían cometido delitos, pues le habrían ocultado información que habría sido clave para el proceso. Eran momentos turbulentos en la realidad nacional. Santrich había sido judicializado, pues había pruebas y testigos en su contra que lo vinculaban a una operación de narcotráfico. En abril de 2018, ocurrió la primera captura que puso patas arriba el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, pues fue cogiendo fuerza la teoría de que el guerrillero habría sido entrampado y que todo se trataba de un ataque a los firmantes como él.
Sin embargo, las autoridades colombianas y estadounidenses defendieron su operación y, en cuestión de días, la justicia norteamericana lo había pedido en extradición. Como Santrich había firmado el Acuerdo de Paz, tenía derecho a que la JEP definiera si podía ser extraditado o no, una garantía a la que accedieron todos los exguerrillero firmantes. Néstor Humberto Martínez, desde el primer momento de la novela, defendió la tesis de que la jurisdicción especial no tenía velas en el asunto, pues solo la justicia ordinaria podía definir el futuro de Santrich. Como había vuelto a delinquir, sostuvo el exfiscal, el guerrillero perdía todos los beneficios y la JEP no podía seguir definiendo estos asuntos.
(Lea también: Fiscalía de Néstor H. Martínez habría cometido delitos en caso “Santrich”: JEP)
Así empezó Troya. La jurisdicción especial decidió estudiar el caso y, según el informe de Guernica 37 Chambers, ahí empezaron los problemas con la Fiscalía de Martínez. Los magistrados le pidieron al ente investigador que le enviara todos los documentos del procesos, en especial, lo relacionado al trámite de extradición que el mismo fiscal había confirmado públicamente que ya estaba en marcha. La respuesta fue sencilla: se negaron a enviarlos, argumentando que ese trámite no existía. Quien contestó fue la entonces directora de asuntos internacionales de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro, la única funcionaria con nombre propio que la JEP pide que se investigue penalmente.
La respuesta de Castro era contradictoria. Públicamente, la Fiscalía había dicho que Santrich había sido detenido cumpliendo una circular roja de la Interpol y que esa captura tenía fines de extradición, a solicitud de Estados Unidos. Por la magnitud de la información cruzada, la JEP suspendió el trámite de extradición y le volvió a pedir la información al ente investigador. La respuesta volvió a ser evasiva. Castro contestó que era la Fiscalía la que tenía que resolver ese asunto y le tiró la pelota a la jurisdicción especial, al pedirle que fuera ella quien le entregara todos los documentos relacionados con el guerrillero, incluyendo la defensa del propio Santrich.
Sin notificar a la JEP, la Fiscalía optó por pedirle a la Corte Constitucional que definiera quién era la instancia que debía resolver todo lo relacionado con la polémica extradición. Mientras ese conflicto de competencia seguía adelante, el 8 de junio llegó, por fin, la solicitud formal de extradición de Santrich. Esta cronología de eventos la analizó Guernica 37 Chambers en el análisis que le entregó a la JEP y que hoy hace parte de los anexos de la denuncia hoy hizo pública el presidente de la justicia especial, Roberto Carlos Vidal. En tiempo récord, el alto tribunal tomó una decisión y le dio la razón a la JEP, aclarando que una extradición de este tipo no se podía aprobar sin que la justicia especial la estudiara.
El 27 de junio de 2018 se conoció el fallo de la Corte, en donde quedó claro que la justicia especial sí podía conocer del proceso y que, además, la Fiscalía tenía que enviarle todos los documentos del caso. De acuerdo con el informe forense de Chambers, en julio de 2018 la Fiscalía, a través de la alta funcionaria Castro, le contestó por segunda vez a la JEP y, una vez más, no anexó documento alguno relacionado con Santrich, quien terminó retomando las armas junto a Iván Márquez y otros líderes de la guerrilla. En agosto de 2018, el CTI envió un informe a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y en el que mencionaron que todas las diligencias y allanamientos durante la captura de Santrich (abril de 2018) fueron enviadas a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
“Esta información no se dio a conocer a la JEP, la que tuvo conocimiento solo desde el 29 de septiembre de 2019, cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió el auto para declarar ausente a alias Jesús Santrich y vincularlo a investigación”, aseguró el documento de la firma londinense. Un mes después, la JEP volvió a solicitar el expediente que tenía la Fiscalía contra Santrich, orden que había sido emitida por la Corte Constitucional, y en la que se especificaba que debían ser anexados los soportes probatorios (audios y videos) que en su momento Martínez Neira señaló que existían y fueron pieza clave del expediente.
Ese mismo mes, la Fiscalía insistió que todo el expediente Santrich había sido enviado a la JEP y señaló que compartiría algunos elementos materiales recaudados en las investigaciones del caso, ya que el resto del expediente estaba en manos de las autoridades de Estados Unidos. En octubre de 2018, dice Chambers, la Fiscalía envió una USB en la que tampoco fue anexado material nuevo del ya conocido. Tras las negativas de la Fiscalía, la JEP solicitó a las autoridades de los Estados Unidos, también a través de Ana Fabiola Castro, las pruebas que en su momento fueron recogidas por la Fiscalía para sustentar que Santrich hizo parte de una asociación ilícita para enviar cocaína a Estados Unidos.
“El 3 de diciembre de 2018, Castro envió parte de la información requerida. Aunque se remitieron órdenes de interceptación, algunos registros de audio y formatos de cadena de custodia, todo fue en referencia a Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez y supuesto líder del grupo narcotraficante), no a Jesús Santrich. Respecto de las nueve grabaciones solicitadas, señaló que era inviable enviarlas por ser elementos recaudados a instancias de particulares y entregadas directamente a las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América”, dice el informe firmado por la reconocida abogada Almudena Bernabeu.
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