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La idea de construir un puente de cemento en el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, para conectar a las localidades de Engativá y Suba, a través de los barrios Ciudadela Colsubsidio, Santa Cecilia y Lisboa, causó polémica desde el primer día que la alcaldía de Enrique Peñalosa puso el proyecto sobre la mesa.
Hoy, siete años después, la obra no ha podido ser culminada por una serie de batallas jurídicas y ambientales que han provocado demandas, sellamientos y toda serie de líos que han congelado su construcción. Tantos han sido los retrasos, que, en febrero de 2023, el proyecto contaba con un hallazgo fiscal de más de $16.000 millones.
En contexto: Obra de humedal Juan Amarillo tiene un hallazgo fiscal de más de $16.000 millones
Así lo denunció la Contraloría de Bogotá, cuando en aquella fecha la construcción del puente estaba a cargo del Consorcio Juan Amarillo, pero fue detenida porque dicha empresa dejó de construir. De acuerdo con Javier Mayorga, abogado del equipo jurídico del consorcio, las obras no continuaron porque los diseños que les entregó el Acueducto de Bogotá no correspondían a la realidad del terreno.
Y aunque la empresa intentó apropiar los diseños al terreno, no había relación con el espacio en el que se iba a desarrollar la obra. “Por ejemplo, señalaba puntos donde poner los pilotes, pero ahí no se podía”, contó el abogado. Es decir, los diseños indicaban construir en zonas prohibidas, teniendo en cuenta que el humedal es un área protegida desde 1994.
Además, el consorcio habría intentado construir sus propios diseños para adaptarse al terreno, pero el Acueducto los rechazó, no pagó tampoco la propuesta presentada y acabó el contrato. Asimismo, contrató al Consorcio Restauración Juan Amarillo y le pagó $13.000 millones adicionales, sin embargo, si la empresa de alcantarillado hubiera continuado con el contratista anterior, la adición sería de $7.000 millones, así lo informó la Contraloría de Bogotá.
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Ambos líos jurídicos dejaron sobre la mesa dos demandas. La primera, en contra del Consorcio Obras Juan Amarillo por no continuar con la obra, y la segunda, en contra del Acueducto por entregar unos diseños que no correspondían al terreno del humedal.
Por su parte, el Acueducto acusa al consorcio de abandonar la obra y según la empresa, se suscribió el contrato en 2018 para hacer el puente, se empezó a ejecutar en 2019 y finalizó en 2021, porque el contratista no cumplió con el alcance estimado.
¿Cuál es el estado actual de la obra?
La exsecretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, quien fue la líder de esa entidad durante la administración de Claudia López, conversó con El Espectador sobre el proyecto y sus avances.
Lo primero que recalcó que es que en 2017 la cartera de Ambiente fue quien le dio los permisos al Acueducto para construir el puente.
“En Bogotá para ese tipo de obras no existe licenciamiento, lo que existen son permisos específicos, sobre todo cuando una obra de infraestructura toca la ronda hídrica de un cuerpo hídrico, en este caso un humedal. Y para eso se necesita un permiso que requiere de lineamientos ecosistémicos que vigila cómo la obra puede afectar el ecosistema y el funcionamiento del cuerpo de agua, esos permisos se dieron primordialmente en la administración pasada”, informó la exsecretaria.
Urrutia menciona que cuando inició la administración de Claudia López, en la obra ya se habían invertido miles de millones y decidieron continuar con su construcción.
“Lo que buscaba el alcalde Peñalosa a través de estas intervenciones, que son de demasiado impacto para nosotros y que nunca hubiéramos hecho algo similar, era llevar a las personas a los humedales como si estos fueran parques, nosotros, en cambio, los vemos como reservas y realmente para nosotros su valor ecosistémico está por encima del valor que pueden tener para la recreación activa o pasiva, entonces la decisión que tomamos fue investigar a fondo esos permisos para tener claro si eran o no legales”, agregó la exsecretaria.
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La Secretaría de Ambiente encontró que había algunos incumplimientos de construcción en zonas en las que no se tenían el permiso de construir, “entonces investigamos y en este momento, tenemos ya multas al Acueducto por más de 7.000 millones de pesos y probablemente vayan a ser más”, dijo Urrutia.
“Le pedimos al Acueducto que hiciera todas las modificaciones posibles a esos contratos para que el impacto fuera menor, pero ya estaban pagados por 10 años. Sé que tuvimos las obras paradas un buen rato en el 2020, pero finalmente se reactivaron con algunos correctivos y con las multas”, agregó.
Finalmente, hoy las obras en el humedal están activas, es decir, la administración de López decidió seguir construyendo el puente y de acuerdo con la cartera de Ambiente, la obra estaría entregándose en el primer semestre de este 2024, si otro lío jurídico o ambiental no se atraviesa antes.
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Por Sara Caicedo
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