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Las medidas que anunció la Superintendencia de Servicios Públicos la semana pasada contra Vanti y Alcanos, empresas que distribuyen y comercializan gas, fueron bien recibidas entre los usuarios, que ahora esperan que las compañías les devuelvan o compensen los incrementos en las facturas que, según la entidad, fueron injustificados. Sin embargo, los abogados y expertos consultados por este diario tienen serias dudas sobre la decisión de la Superintendencia.
Vanti, según la orden de la entidad, tiene que devolver o compensar a 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca por los aumentos injustificados en las facturas en enero y febrero, cuando se registraron incrementos del 4,95 % y 35,5 %, respectivamente. Según la entidad, la empresa tenía las reservas suficientes para atender la demanda esencial con gas nacional, pero habría reportado una disponibilidad menor para justificar la importación e incrementar las tarifas.
La decisión contra Alcanos, que se conoció dos días después, es similar: la entidad sostiene que el aumento del 51 % a partir del consumo de enero, que sigue teniendo efectos hasta la fecha, no estaba justificada porque la empresa tenía reservas suficientes para atender la demanda esencial, pero decidió reportar irregularmente una disponibilidad menor para justificar la importación de gas y, como importar es más caro, el hecho “le sirvió de argumento para incrementar las tarifas a las familias”. En este caso, la decisión beneficiaría a más de un millón de usuarios en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima.
Después de que la Superservicios dio a conocer las medidas, ambas empresas, por medio de comunicados, se defendieron y anunciaron que interpondrán acciones legales. Vanti sostuvo que la decisión se tomó “con desconocimiento de la regulación vigente, errores de cálculo y extralimitación de funciones” e incluso dijo que se violó el debido proceso. Mientras tanto, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno celebraron la noticia y una vez más el presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a la “especulación” de las empresas con las tarifas del gas.
Desde hace más de un año la situación del gas en Colombia es objeto de debate, de ahí que el panorama ha sido y sigue siendo confuso para los usuarios que son, al fin y al cabo, los afectados. Durante meses, las empresas estuvieron advirtiendo que el país necesitaba importar gas desde diciembre de 2024 para atender la demanda, mientras que el Gobierno aseguraba que la producción nacional sería suficiente. Este año se ha importado cerca del 4 % de lo que se consume en el país (sin contar las plantas térmicas, para las que se importa desde 2016), pero ahora la discusión tomó otro rumbo: las compañías dicen que los precios subieron porque se importó el gas que se necesitaba, mientras que el Ejecutivo afirma que hubo especulación.
Lo que sí está claro es que el país ya no es autosuficiente y no lo será hasta que entre el gas del pozo Sirius, que llegaría al mercado mínimo en cuatro años. Para atender la demanda se han planteado varias estrategias, principalmente de Ecopetrol, que el año pasado le suministró el 95 % del gas natural al país (sin contar la demanda térmica).
Lamentablemente, el panorama sigue siendo confuso, al punto que Ecopetrol publicó un comunicado invitando “a los agentes de la cadena de gas a evitar especulaciones y basar sus declaraciones en información real”, argumentando que el incremento en el precio no es su culpa, como habrían dicho agentes del sector.
Los pronunciamientos de los actores involucrados en la conversación del gas demuestran que el caos sigue reinando. Según las fuentes consultadas por este diario, la decisión de la Superservicios abre otros frentes del debate y, lejos de lo que les gustaría a los usuarios, es probable que las devoluciones del dinero se demoren e incluso que no ocurran.
Lo que no convence de la medida de la Superservicios
Lo primero que hay que entender es que la Superservicios, en ambos casos, impuso un programa de gestión con el que ordena, entre otras cosas, recalcular y ajustar las tarifas y devolver o compensar a los usuarios por las sumas “cobradas en exceso y sin justificación”. La misma entidad reconoció que esta es la primera vez que se impone una medida de este tipo, aunque la figura está vigente desde 2015.
En el pasado, en varias ocasiones, se han acordado programas de gestión con las empresas, pero que se imponga es una novedad. Como dijo la semana pasada a este diario Julián López Murcia, director de Nalanda Analytica y exsuperintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la ley dice que se “podrán imponer” programas de gestión cuando las empresas amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente del servicio. Entonces, la entidad puede acudir a esta figura, pero no en cualquier caso, sino en aquellos en los que pueda probar que se cumplen las condiciones (que hay una amenaza grave a la prestación del servicio).
Un abogado experto en el sector, que pidió no ser citado, sostiene que la Superintendencia, con esta decisión, que en su opinión sí es una sanción, violó el debido proceso: “En Colombia, y en todos los países con un estado social de derecho, existe el debido proceso. Se abre una investigación, le explican a la empresa qué hizo mal, lo dejan presentar pruebas y al final, si el Estado considera que la compañía investigada se equivocó, le impone la sanción. Aquí se saltaron todo eso. Hubo una sanción sin surtir el debido proceso. Es una actuación ilegal y sin antecedentes”.
Para Felipe Serrano, socio de la Firma Serrano Martínez y abogado experto en competencia y en el sector de servicios públicos, la medida es “ilegal y equivocada” porque no se está teniendo en cuenta cómo funciona el mercado ni las razones reales porque las que se importó gas. Coincide, además, en que la decisión tiene “visos sancionatorios”, pese a que la entidad ha dicho que la medida no constituye una sanción.
Felipe Núñez Forero, socio de Perspectiva Legal y abogado experto en el sector, opina que la Superintendencia “está convirtiendo los programas de gestión en un mecanismo encubierto de control de precios, usándolos como pretexto para desconocer los costos reales que deben asumir las empresas para prestar el servicio”. Considera, además, que este es un precedente grave porque se está habilitando una intervención tarifaria arbitraria, por fuera de la competencia de la entidad, con una herramienta legal que no fue concebida para ese propósito.
Una fuente que conoce muy de cerca la Superintendencia de Servicios Públicos y el sector considera que en este caso la entidad acudió a los programas de gestión para “poder mostrar resultados rápidos, en lugar de esperar los resultados de una investigación administrativa, que toma más tiempo”. Este experto considera que se está “desnaturalizando” una figura que contempla la ley para obtener resultados políticos. Además, explica que en el pasado no se había impuesto esta figura, aunque sí se planteó en algún momento, porque es un instrumento de intervención que se debe usar con sumo cuidado y en casos excepcionales.
Otro abogado del sector dijo que esta “batalla” hace parte de una pelea más grande entre el Gobierno y las empresas de energía y gas, que comenzó cuando Petro llegó a la Presidencia, pues “querían tener una victoria ante la opinión pública, para mostrar que el Gobierno está del lado de los usuarios, pero la Superintendencia hizo algo que no puede hacer. Se le fueron las luces a la entidad”.
Consultamos a la Superservicios sobre el caso, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Las distintas posiciones respecto a la figura de programas de gestión y cómo se aplicó con Vanti y Alcanos harán parte del debate judicial que se avecina.
¿Devolverán el dinero? ¿Qué sigue?
Las empresas pueden presentar un recurso de reposición (apelar la decisión) y ya anunciaron que así lo harán. Los abogados consultados explican que si la Superservicios confirma la medida (que para este punto parece lo más probable), las empresas podrían solicitar la suspensión del acto administrativo ante un juez de lo contencioso-administrativo y, además, pedir que se suspendan los efectos hasta que el tribunal tome una decisión.
Vanti también interpondrá acciones jurídicas contra la entidad; este diario conoció que la empresa está analizando todas sus opciones. La compañía dijo en un comunicado que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría para la vigilancia del proceso.
Si la Superservicios confirma su decisión, buscará que las empresas compensen a los usuarios (mientras un juez no diga lo contrario). Si las compañías incumplen el programa de gestión, puede haber sanciones, pero además, según una fuente del sector, si tiene pruebas contundentes de que la prestación del servicio está en riesgo, la entidad podría considerar una intervención, aunque esa sería una medida extrema. La Superintendencia también avanza en las investigaciones administrativas.
Como dijo Pablo Márquez, abogado experto en regulación y profesor de la Universidad Javeriana, “habrá un debate complejo en la rama Judicial, seguramente centrado en la legalidad de las medidas adoptadas y en la forma de hacerlas cumplir”. Por eso es esperable que se pueda demorar la devolución del dinero o la compensación por los dineros que, según la Superservicios, se cobraron injustificadamente, y no se haría si un juez suspende o anula la medida.
Así las cosas, este sería el comienzo de una batalla judicial entre la Superservicios y las empresas. Lo ideal es que el panorama del gas, que sigue siendo incierto y confuso, se aclare, así como las muchas dudas que están sobre la mesa, incluyendo la pregunta de si las empresas importaron gas que no necesitaban para subir las tarifas. Por ahora, es clave que Gobierno y empresas trabajen en equipo, pese a las tensiones evidentes, para que los usuarios sigan teniendo asegurado el suministro.
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