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El nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, inició su mandato con un decreto que prohíbe la prostitución en las calles del centro histórico de la ciudad. La medida con la que pretende hacer frente al aumento de la criminalidad asociada a la trata de personas y la explotación sexual de menores, producto de la promoción de la ciudad como destino turístico sexual, ha sido celebrada y a la vez cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil.
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En Colombia, ejercer la prostitución no es ilegal, ni está penalizada. Está reconocida por la Corte Constitucional como trabajo sexual. Sin embargo, no hay un marco jurídico que proteja los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Por lo que, en contextos como el cartagenero, en donde hay una alta demanda de compra de actos sexuales, la línea para diferenciar qué es trabajo sexual voluntario y cuándo se está ante un contexto de trata de personas con fines de explotación sexual es difusa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OMI) .
El objeto de este decreto, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de mayo de 2024, es instaurar medidas contra el turismo sexual, la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, y garantizar la protección integral de los menores de edad. Además, en el documento se lee que se iniciará un proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para determinar zonas para la prostitución y así “garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las (los) trabajadoras (es) sexuales”.
Pero las trabajadoras sexuales del centro histórico se sienten criminalizadas, perseguidas y vulneradas por este decreto. El Espectador dialogó con algunas de ellas, cuyas identidades son reservadas por motivos de seguridad, y opinan que la medida de Turbay no hace frente realmente a la problemática de la trata de personas y que, por el contrario, fomentaría la clandestinidad. Ellas son voceras de un grupo de aproximadamente 32 mujeres cisgénero y 35 mujeres trans que ejercen la prostitución en el centro histórico de Cartagena.
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“Ha sido bastante fuerte porque en menos de una semana nos ha obligado a replantearnos cómo vamos a comer, qué vamos a hacer para sobrevivir y, sobre todo, para dónde nos vamos a ir”, cuenta una de las mujeres. “Nosotras somos las afectadas porque nuestro trabajo es el más visible, nos ven en la Torre del Reloj, en la Plaza de la Aduana, pero hay una cantidad de sitios en el centro que como son de forma más discreta, están como si nada. Nos tratan como si fuéramos lo peor de esta ciudad”, añade otra de las voceras.
Según las trabajadoras sexuales, el decreto les quita las herramientas sin brindar garantías para sus derechos. Además, sostienen que el otorgarle a la Policía la posibilidad de “adelantar las acciones necesarias para restablecer las condiciones de seguridad y convivencia”, puede desencadenar detenciones arbitrarias y hasta cobro de vacunas por parte de las mismas autoridades.
Ante estas declaraciones, El Espectador se comunicó con la Alcaldía de Cartagena para ampliar su perspectiva. “Tenemos claro que la prostitución no es ilegal, pero el problema se salió de control, porque la problemática del centro histórico que nosotros vamos a combatir es el de la trata de personas y el microtráfico, que utilizan a los niños, niñas y adolescentes como autores mediatos para este tipo de actividades criminales. Lo que debe estar claro, es que los bandidos se valen de mujeres víctimas de la trata de personas para, en algunos casos, encubrir su actividad criminal”, respondió la entidad a este diario.
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La administración también señala que el contexto que atraviesa la ciudad amurallada es complejo, sobre todo para rescatar a las víctimas de ese delito. Por eso, con esta medida inicial, buscan no solo restablecer el orden público, sino también, proteger a una población de especial atención como son los menores de edad. Asimismo, destacan que, durante estos primeros días de gestión, se ha dado el cierre de varios establecimientos comerciales que habían sido identificados por explotación sexual comercial de menores, proxenetismo y otras actividades ilegales.
Ahora, frente al reclamo que hacen las trabajadoras sexuales sobre no ser escuchadas por el distrito, la alcaldía sostiene que van a construir, junto a la ciudadanía, las trabajadoras sexuales y, en especial, con las víctimas de la trata de personas, la “política de inclusión e integración de las (los) trabajadoras (es) sexuales, garantizando la vinculación de estas personas a las mesas de trabajo para tales efectos”.
Sin embargo, las mujeres con las que habló El Espectador sienten que, por la forma en que se promulgó el decreto, no hay un interés por diferenciar el contexto de trata y quienes están tras estos delitos, del ejercicio legal del trabajo sexual. Asimismo, hacen énfasis en que en la ciudad son organizaciones civiles las que se han puesto la tarea de hacer pedagogía sobre qué es estar en condición de trata.
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Carolina Calle, activista y directora de la corporación Calle 7 Colombia, dice que es importante luchar contra el delito de explotación sexual de menores en Cartagena, pero que con el decreto no se va a erradicar. Según ella, medidas como esta “realmente lo que está haciendo es en un favor a las mafias de explotación sexual y comercial, en el sentido en que todo lo que es clandestino sube de precio. Se cubren porque dicen ‘ay van a molestar a las putas y nosotros podemos trabajar tranquilos’”.
Por otra parte, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que el decreto de Turbay referencia uno de los informes de la organización sobre el fenómeno de la trata de personas en Cartagena. No obstante, afirma que este fue malinterpretado por la administración local. “Nosotros sí dimos unas recomendaciones el año pasado, pero no esas que presentan redactadas en el decreto”.
Así, desde Caribe Afirmativo, argumentan que la medida temporal tiene un carácter más coercitivo que garantista, debido a que, en materia de derechos, pone en riesgo la vida de las personas trabajadoras sexuales. También enfatizan que históricamente las autoridades han perseguido a las víctimas y no a los victimarios y se suma “la persecución y aplicación selectiva de la ley por parte de la Policía a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, especialmente a las mujeres trans. Entre el 2022 y 2023, se presentaron en Cartagena 11 casos de violencia, persecución y aplicación selectiva de la ley”, añade la organización.
Fuentes cercanas le confirmaron a este diario que durante el fin de semana del puente de Reyes la administración local se reunió con organizaciones sociales y trabajadoras sexuales. Durante el encuentro, se discutieron las preocupaciones que tienen sobre el presente decreto y la posibilidad de establecer medidas que aseguren a corto plazo el ejercicio del trabajo sexual en la ciudad.
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No es la primera vez que una administración distrital instaura medidas de este tipo en la ciudad amurallada. “¿Les preocupa el fenómeno de la prostitución y trata o solo que no se vea?”, se pregunta Catalina Vela, historiadora, gestora patrimonial y directora ejecutiva de Imagina Cartagena. Según ella, en 2021, el exalcalde William Dau acordonó la plaza de los coches con el mismo propósito de restringir la actividad sexual paga; “quieren acabar con la prostitución expulsando a las prostitutas de la plaza, pero la actividad sigue, y peor en las calles aledañas”, añade Vela.
Pero durante el último año hubo un esfuerzo de la pasada administración en la lucha contra la trata de personas y explotación sexual. El programa Leona Fiera, liderado por Ana María González Forero, exsecretaria del Interior de Cartagena, generó que durante el 2023 las capturas de estos delitos aumentaran en un 900%. La ciudad pasó de tener dos casos judicializados en el 2022 a 42 y, además, 36 mujeres se autorreconocieran como víctimas de trata.
González Forero celebra el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Turbay en abordar la problemática de manera frontal y enfatiza en que hay que darle la oportunidad a la nueva administración para que establezca toda la estrategia. De igual manera, espera que, a pesar de que no esté mencionado en el decreto, la alcaldía continúe con el Consultorio Púrpura, un programa en el que a las mujeres que se reconocen como víctimas de trata se les brinda acompañamiento para salir de esa situación y ayudas para ingresar en un modelo de inclusión económica.
Sin embargo, la exsecretaria del interior sí cree que es problemático el hecho de que el decreto prohíba la prostitución al ser una práctica que en el país está permitida. “Yo creo que es un craso error criminalizar a las mujeres. Ellas son víctimas, a los que hay que criminalizar es a los dueños de los negocios y a quienes las captan”, menciona González Forero, quien se enuncia desde una postura abolicionista de la prostitución. Para ella, hay que mirar con lupa la palabra “trabajo sexual” porque, en unas condiciones de desigualdad como las que tienen Colombia, es cuestionable pensar que una persona decida autónomamente dedicarse a la prostitución.
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Todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en que las condiciones de precariedad, como el desempleo, el hambre y la falta de acceso a servicios básicos, son factores de riesgo para que una persona resulte víctima de la trata y explotación sexual. Pero, quienes critican las medidas que establece el decreto señalan que, para brindar garantía absoluta de los derechos de las víctimas de explotación sexual, criminalizar y judicializar el trabajo sexual en el centro histórico de Cartagena, podría ser contraproducente.
Por Mariana Escobar Bernoske
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