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Lograr la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue siendo una de las mayores apuestas gubernamentales del presidente Gustavo Petro, quien en 2024 ajustará sus dos primeros años como dirigente nacional. El mandatario, desde que era candidato al mayor cargo político del país, ha puesto la paz como el eje central de su mandato; sin embargo, ya montado en el poder, reconoció que Colombia no cumplirá con uno de los compromisos más importantes en temas de paz: el Acuerdo Final firmado con la guerrilla de las FARC en 2016, el más reciente antecedente exitoso de diálogo con grupos armados subversivos y de estatus político.
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A finales del año pasado, durante la posesión del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa, el presidente Gustavo Petro dijo que Colombia no cumplirá el Acuerdo de Paz que firmó en 2016 con las FARC por tres razones, principalmente: la tierra, el territorio y la verdad. “No se va a implementar el acuerdo de paz con las FARC, realmente se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado, más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra”, dijo el jefe de Estado en esa ocasión.
A pesar de la expectativa sobre si las negociaciones con el ELN tienen éxito y se llega a un acuerdo, el poder Ejecutivo, que avanza en lograr esa meta, dejó claro que lo que se había acordado con las FARC no se materializará. Esta postura, además, tiene otro sustento: desde 2022, la Corte Constitucional ha evidenciado cuatro grandes incumplimientos que ponen en tela de juicio la efectividad de lo acordado en La Habana: Reforma Rural Integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación de víctimas, y la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo.
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Protección de excombatientes de las FARC
La primera decisión de la Corte Constitucional en relación con el cumplimiento del acuerdo fue la sentencia 020 de 2022. En enero de ese año, el alto tribunal declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) sobre la seguridad de los excombatientes de las FARC. La decisión de ese momento, cuando Iván Duque era presidente, traduce que hay una vulneración masiva y constante de derechos fundamentales sobre las garantías de seguridad que se les prometieron a los reincorporados de la extinta guerrilla. La sentencia dio respuesta a ocho tutelas de excombatientes de distintas zonas de Colombia que le pedían al alto tribunal mediar para que los protegieran, porque, sencillamente, los están matando.
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Las denuncias daban cuenta de que después de la firma del Acuerdo de 2016, se recrudeció el conflicto en regiones donde habitan excombatientes, así como la multiplicación de amenazas y riesgos en la vida e integridad de ellos y sus familias. A pesar de la sentencia de 2020, en octubre de 2023 Colombia superó las 400 excombatientes de las FARC asesinados, según las cifras registradas por la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz). Además, en septiembre del año pasado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Rodrigo Londoño, alias Timochenko, manifestó que “hay ausencia de investigación en más de 90 municipios donde se han presentado homicidios de personas en proceso de reincorporación”.
Los incumplimientos con las tierras para la Reforma Rural Integral
A una semana de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia en 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional sacó una sentencia referente al incumplimiento al primer punto del Acuerdo de Paz: la Reforma Rural Integral, cuyo objetivo es facilitarle el acceso a la tierra a los campesinos. En ese momento, el magistrado Antonio José Lizarazo lideró una sentencia histórica para el problema de la adjudicación de terrenos baldíos en el país, en la cual estudió 13 tutelas que pusieron en evidencia la complejidad del asunto y dejaron ver que el Estado colombiano ha incumplido en promover el acceso a la propiedad de la tierra de manera equitativa.
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El alto tribunal determinó que el problema de los terrenos baldíos es una falla estructural del Estado, porque las ramas del poder, al menos desde 1936, no se habían puesto de acuerdo sobre cómo abordar el tema. Sin embargo, la Corte estableció que no podrán ser los jueces de la República quienes adjudiquen, sino que si alguna persona quiere acceder a ellas tendrá que hacerlo a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), única entidad con potestad de entregar terrenos. Esa misma Agencia se encargará de revisar y resolver los casos de aquellos que entre 1994 y agosto de 2022 hayan adquirido baldíos sin ser sujetos de reforma agraria (o sea, que no fueran campesinos) o que tengan el dominio de más de una Unidad Agrícola Familiar, es decir, de 10 a 15 hectáreas (que es lo que la ley permite tener).
La deficiente implementación del programa de sustitución de cultivos
Hace un mes, la Corte ordenó que se cumplan los acuerdos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y también que la erradicación forzada sea una medida excepcional, como está escrito en el Acuerdo de Paz. En Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo la implementación del PNIS ha sido muy deficiente, especialmente porque existe un déficit presupuestal y los líderes que han promovido la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos tienen grave riesgo de seguridad. La Sala dijo que es indispensable fijar los requisitos para ingresar y permanecer en el PNIS, iniciar los trámites para disponer de la asignación presupuestal suficiente y la fuerza pública debe abstenerse de realizar señalamientos públicos que indujeran a la estigmatización de las comunidades campesinas.
El fracaso del Estado en la protección de líderes sociales
Tras estudiar 20 tutelas, el 11 de diciembre del ño pasado, la Corte declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) “debido a la falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos”. Para el alto tribunal, la responsabilidad recae en el Gobierno, entidades territoriales y la Fiscalía, quienes no carecen de herramientas para proteger a estas personas, sino de articulación para que sean efectivas. Con esa sentencia, el alto tribunal cerró el paquete de cuatro decisiones en dos años que dan cuenta de que ninguna de las ramas del poder ha hecho lo suficiente para cumplirle a la paz.
Las dudas de cara a un posible acuerdo con el ELN
Fuentes cercanas a la Sala Plena de la Corte Constitucional le dijeron a El Espectador que hay una duda sobre la viabilidad de un posible acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con sus decisiones, los magistrados ven que el Estado no tiene, hasta ahora, cómo garantizarle la seguridad y respeto a la vida a quienes decidan dejar las armas. Además, siendo el de las FARC el único proceso exitoso en el tiempo reciente, consideran que es un antecedente importante para los planes del Ejecutivo. La postura la comparte una buena parte de expertos que le han seguido la pista a la implementación del Acuerdo, pero que prefieren reservarse el nombre porque siguen ligados a trabajos oficiales. Por su parte, desde la mesa de diálogos del Gobierno Petro con el ELN, fuentes cercanas sostienen que los incumplimientos evidenciados por la Corte Constitucional son temas que se han tocado en los distintos ciclos de conversaciones, pero que no se ha profundizado en él, debido a que se le ha dado prioridad a atender la coyuntura generada por acciones violentas desarrolladas por la guerrilla, como los secuestros.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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