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En la primera entrega de este reportaje, El Espectador exploró la intervención de los carteles de droga mexicanos que está detrás de la guerra por el Catatumbo que libra el Eln contra las disidencias de las Farc. Además, el creciente acecho del Clan del Golfo a la región. A ese caldo de cultivo, se le suma otro fenómeno del conflicto del que poco se habla: el despojo de tierras.
Según las más recientes estadísticas departamentales, hay registro por al menos 134 homicidios, entre ellos 118 civiles y siete niños. La cifra de desplazados ya casi llega a 70.000, lo que corresponde a llenar dos veces el Estadio El Campín. Según fuentes expertas consultadas, esas cifras están relacionadas con la reconfiguración del territorio a través del despojo y el abandono de tierras.
El Espectador conoció el registro que el Estado está adelantando para mapear el despojo y el abandono forzado de predios y territorios en el Catatumbo. Si bien la cifra de desplazamientos se ha escalado a las decenas de miles, en gran medida por el fuego cruzado entre criminales, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha tomado nota de esos casos particulares en los que probablemente hubo despojo por decisión directa de un actor armado.
A través de entrevistas en los albergues temporales de los desplazados, en su mayoría ubicados en Cúcuta y Ocaña, la Unidad encontró 411 casos, en los que víctimas solicitaron la inscripción de su predio en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta).
Según las estadísticas, el interés de los armados por obligar al abandono de tierras se ha enfocado en el municipio de Tibú, pues, de los 411 casos, 307 se originan allí. La Gobernación de Santander confirma que, de hecho, ese es el municipio donde más homicidios se han registrado en los últimos meses, con 75 de los 134.
Segunda entrega: Las otras guerras en Catatumbo: carteles mexicanos y corredores del narcotráfico
También es la zona donde hay más firmantes del Acuerdo de Paz desaparecidos, con tres casos, y donde el presidente Gustavo Petro tiene pensado crear una Zona de Ubicación Temporal del Frente 33 disidente. Luego, el mapa del abandono es completado por El Tarra (36), Teorama (26), Convención (13), Sardinata (7), Cúcuta (7), Ocaña (6), San Calixto (6), y El Zulia, EL Carmen y Abrego (1).
“Los solicitantes han manifestado ser víctimas del despojo o desplazamiento forzado, o de acciones de amenazas o confinamiento, y principalmente han atribuido los hechos irregulares tanto de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y a los miembros del Eln. Adicional a la presencia de otros grupos armados al margen de la ley en la región del Catatumbo, como lo son: la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, y el Clan del Golfo, que pretende ingresar a la región”, explicó la URT.
Con la inscripción de los predios en el Rupta, la entidad impide cualquier tipo de negocio o transferencia de título de propiedad de los bienes, dado que tienen el antecedente sombrío del despojo y abandono forzado.
Según Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el despojo de tierras ha sido una herramienta histórica de los grupos armados que buscan apoderarse de esa región. Hay antecedentes claros de las Autodefensas Unidas de Colombia, de Los Rastrojos y más recientemente hubo compra masiva e irregular de tierras por parte del Frente 33 de las Farc.
“Así consolidan su forma de control social. Lo hacen a través del despojo o la adquisición de tierras a bajo costo. Ahora, el Eln viene apropiándose de esas tierras. Lo que hemos documentado es que una de las formas en las que la guerrilla se está estableciendo es a través del retorno de la población, bajo la condición de que ahora trabajen para ellos”, dijo el experto.
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Jorge Mantilla, investigador experto en conflicto y crimen organizado, aporta la teoría de la “araucanización del Catatumbo”, pues el ELN estaría buscando replicar una estrategia que le resultó exitosa en ese departamento. “Lo que está detrás de las dimensiones del desplazamiento forzado es una reconfiguración poblacional y territorial de la región. Un proyecto que se acompaña de otros mecanismos como la instalación de campos minados, como barreras para que parte de la población no vuelva”, explicó Mantilla.
Tal ha sido la instalación de barreras artificiales de minas quiebrapatas que la Fuerza Pública ha realizado 798 evacuaciones helicoportadas de víctimas, mientras que solo ha hecho 42 terrestres.
Mantilla agrega que las tierras despojadas son claves para la nueva inserción social del Eln en la población regional, con miras a aprovecharse de las negociaciones del proyecto “Pacto por el Catatumbo”, de Petro: el gran proyecto gubernamental para mejorar la economía y la presencia estatal allí.
“A través de eso pueden incidir electoralmente y profundizar esta estrategia de captura del Estado. Así que muy seguramente va a haber un repoblamiento con personas, o con, entre comillas, bases sociales. No se trata solamente de derrotar militarmente el Frente 33 y llevarlo hasta su desmovilización, sino también a sacar de la región a toda la gente que ellos consideraban bases sociales de las Farc”, concluyó en entrevista.
El mayor general Giovanni Rodríguez, comandante de la Segunda División del Ejército, explicó que el Eln cuenta con el apoyo de la organización de crimen transnacional del Tren de Aragua. Dice que la intervención de las Fuerzas Militares ha influido en la concentración armada sobre Tibú, pues los combates que han sostenido “han hecho que las confrontaciones en zona de frontera con Venezuela hayan disminuido y se corrieran los límites”.
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La guerra por el territorio sigue en vivo y las estadísticas son cada día más gruesas. Detrás de cada caso hay una familia que siente que perdió su proyecto de vida en un segundo y que vive la peor pesadilla del desarraigo. El Estado registra el problema, pero por ahora no tiene no parece tener una estrategia para solucionarlo.
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