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Los representantes de las políticas de comercio de 166 países, incluyendo a Colombia, están reunidos en Camerún, en el corazón de África, para negociar en un ambiente marcado por tensiones geopolíticas y decidir sobre temas que, tarde o temprano, tocarán su bolsillo. El Palacio de Congresos en Yaundé, la capital, recibió el jueves 26 de marzo, entre tambores y trajes típicos, a las delegaciones que participan en la Décimo Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La OMC debe reformarse para no caer en la irrelevancia por su imposibilidad de avanzar en acuerdos en un mundo en el que los temas comerciales se están moviendo al antojo de la Casa Blanca, pero hay distintas posturas respecto a cómo hacerlo. Por un lado hay quienes sostienen que el consenso como regla es una piedra en el zapato, un obstáculo para sacar adelante acuerdos necesarios para mejorar el comercio en el mundo. Para otros, la organización necesita un “sí” rotundo para tomar decisiones como una garantía de que todos participan.
De contexto: Esto es lo que está en juego en la conferencia ministerial de la OMC
Para entender la reforma, dijo a este diario Diego Marín Ríos, representante de la sociedad civil en la delegación noruega y director de Attac Noruega, primero hay que entender cómo se define la crisis. Para países del Norte, el problema es que la OMC está “bloqueada” y no puede llegar a acuerdos porque se necesita el visto bueno de todos los países. “La narrativa que acompaña esa posición es que la mayoría de países del Sur quieren bloquear las decisiones y se escudan en los principios fundacionales, como el consenso. Pero esa es una narrativa falsa”, sostiene.
Para otros países, la crisis está en que las brechas comerciales se siguen ampliando y no se pueden tomar decisiones porque no hay voluntad de las grandes potencias. Durante la pandemia del covid-19, los países desarrollados bloquearon la propuesta de suspender las reglas de propiedad intelectual para liberar las patentes y poder producir más vacunas, en un momento en el que morían millones de personas. Este es uno de los ejemplos que citaron los analistas consultados por este diario.
El objetivo es que de esta conferencia salga una declaración ministerial y una hoja de ruta para avanzar en la anhelada reforma. Sin embargo, hay quienes advierten que el cambio, tal como se está planteando en este momento, solo beneficia a los países ricos y poderosos.
No hay un borrador, pero los representantes de los países sí están discutiendo sobre unos puntos básicos que, de llegar a un acuerdo, serían los objetivos de la reforma a esta organización creada hace 31 años.
En la lista hay cambios en el principio de consenso para que se permitan acuerdos plurilaterales. Hasta ahora, en las negociaciones deben participar todos los países miembros y, por ende, las decisiones que se tomen terminan afectando a todos. Con acuerdos plurilaterales se permitiría que algunos países negocien y acuerden reglas que sólo se aplicarían entre ellos. También se buscan cambios en el principio de trato diferencial para países en desarrollo, para reglamentarlo, considerando los cuestionamientos a que algunos permanezcan en esa lista: el caso más sonado es el de China.
Los reparos a la reforma de la OMC
Desde Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS, por sus siglas en inglés), una red internacional de organizaciones de la sociedad civil, sostienen que por perseguir el “éxito” de la reforma se corre el riesgo de autorizar un plan de trabajo que sólo beneficiaría a las potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, generando altos costos a largo plazo para países en desarrollo, como Colombia.
Aunque la narrativa predominante es que un fracaso de la reforma sería una muestra de la irrelevancia de la OMC y de sus limitaciones, el llamado de más de 50 organizaciones sociales es a decir “no” a los cambios que se están proponiendo. OWINFS coincide en que se necesitan nuevas reglas comerciales multilaterales, pero no las que hoy están sobre la mesa.
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Expertos de distintos países también se han pronunciado en este sentido. El profesor Mustafizur Rahman, investigador del Centro de Diálogo de Políticas de Bangladesh, sostiene que por la forma en la que avanzaron los preparativos para esta conferencia ministerial es difícil que se logre un consenso que realmente refleje los intereses de los países en desarrollo.
“Todos sabemos que los países poderosos están presionando por reformas en la OMC. No estamos en contra de la reforma porque creemos que la organización tiene que volverse más dinámica, pero debemos cuidar los principios fundacionales. Tiene que haber reglas claras para el comercio”, dijo a El Espectador.
OWINFS se opone a que se eliminen, entre otras cosas, el principio de no discriminación (que implica, por ejemplo, que si un país quiere imponer a otro un arancel del 10 %, debe aplicarlo a todos) y a los ajustes que permitirían que unos pocos actores poderosos dominen las decisiones.
Para la profesora emérita de Derecho Jane Kelsey, de la Auckland Law School (Nueva Zelanda), uno de los objetivos de los países más poderosos es alejarse del multilateralismo y migrar a subgrupos con las discusiones plurilaterales.
La consecuencia, sostiene, es que los países en desarrollo “serían marginados incluso más de lo que ya están”. Kelsey explicó a este diario que las prioridades de desarrollo de muchos de los países miembros de la OMC debían abordarse en la ronda de negociaciones de Doha, que inició en 2001 y hasta ahora no ha terminado. Ahora, la estrategia es cambiar las reglas para que esas preocupaciones nunca sean abordadas.
La profesora destaca que en la conferencia ministerial de 2017 se lanzaron tres negociaciones plurilaterales: una sobre regulación de servicios, otra sobre comercio electrónico y otra sobre facilitación de inversiones. La primera ya concluyó y fue adoptada, según Kelsey, a través de un proceso “por la puerta de atrás”. Las otras dos son temas vitales, y también polémicos, de la reunión actual.
“La regulación para el comercio electrónico y para las inversiones no pueden ser adoptadas de la misma forma que la de servicios, tienen que tramitarse bajo una disposición del Acuerdo de Marrakech, que es el tratado fundacional de la OMC. Es decir, debe haber consenso de los miembros”, dijo Kelsey. Las tensiones para aprobar la regulación de comercio electrónico, en particular una moratoria permanente a los aranceles para operaciones digitales que busca Estados Unidos, están moviendo las negociaciones en Camerún.
El profesor Rahman reconoce que es difícil que 166 países se pongan de acuerdo, como argumentan quienes defienden la reforma, y por ende considera que las discusiones plurilaterales, que ya se están adelantando por fuera de la OMC, son una opción. Desde su punto de vista, lo problemático es que con la reforma se buscaría que la Organización Mundial de Comercio se convierta en una plataforma plurilateral.
En concreto sobre la moratoria permanente, Rahman aseguró que debería levantarse la restricción para que los países puedan imponer aranceles aduaneros al comercio electrónico. Esta es una ventaja que existe desde 1999 y que debería terminar en marzo de 2026, especialmente para Estados Unidos como principal exportador.
Abhijit Das, experto en comercio internacional y exdirector del centro de estudios de la OMC, añade más contexto sobre los potenciales problemas de los acuerdos plurilaterales. “Colombia quiere, por ejemplo, algunas mejoras en las reglas sobre derechos de propiedad intelectual que podrían requerir que los países desarrollados asuman nuevos compromisos. En este escenario en el que la OMC se convierte en un foro para negociaciones plurilaterales, Colombia puede iniciar una negociación y concluir un acuerdo, pero seguramente los países desarrollados no harán parte”, dijo.
Además del contenido de la hoja de ruta para la reforma, las organizaciones sociales también cuestionan el cómo. Desde OWINFS hay críticas a este proceso, liderado por un facilitador (Petter Olberg, embajador de Noruega ante la OMC) designado por el presidente del Consejo General. El trabajo se organizó en reuniones de grupos pequeños que, sostiene la red, se asemeja al formato de “sala verde” (reuniones informales y exclusivas) al que se han opuesto miembros por su “limitada transparencia y débil rendición de cuentas institucional”.
Otra fuente consultada por este diario, que pidió no ser citada, sostiene que las discusiones que se están adelantando en Camerún buscan proteger los intereses comerciales de las grandes potencias desconociendo la realidad: “Nadie está hablando de cambio climático, nadie está hablando de la guerra en Medio Oriente y la situación del Estrecho de Ormuz”.
La conferencia ministerial terminará el domingo 29 de marzo. Ese día se sabrá si hay o no una hoja de ruta para avanzar en la reforma, cuestionada por unos y alabada por otros.
Las otras agendas de la reunión de la OMC
Ahora bien, este no es el único tema que se está negociando en Camerún. Colombia, de hecho, ha sido protagonista en otro de los debates clave: renovar la moratoria de las “reclamaciones no basadas en infracción”, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece las reglas mínimas de propiedad intelectual.
Como explicó en una columna para este diario la abogada Carolina Botero, cofundadora de la Fundación Karisma, sin la moratoria que propone Colombia quedaría habilitado el artículo 64 del ADPIC que le permite a los países demandar a otros ante la OMC “no por violar una norma, sino por afectar sus expectativas comerciales”. En la práctica, explicó Botero, significa que un país podría ser cuestionado por “aplicar flexibilidades legítimas previstas en su legislación y tratados internacionales”.
Este tema se discutirá desde este sábado y allí se medirán las fuerzas para aprobarlo, según dijo a El Espectador Mauricio Alberto Bustamante, embajador de Colombia ante la OMC. “Nosotros planteamos una moratoria de dos años más, pero todo dependerá de cómo se lleven a cabo las negociaciones y quizá lo que ocurra con otros temas, como lo que pase en la moratoria de comercio electrónico. Será una negociación difícil, de pronóstico incierto. La moratoria de propiedad intelectual es un tema de interés común. (…) Ha sido y sigue siendo importante ‘blindar’ de demandas varias políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con salud pública”, dijo Bustamante.
Colombia lo vivió en carne propia, como lo detalló la abogada en su columna: en 2016, cuando el país buscó aplicar una licencia obligatoria para el medicamento Imatinib, Estados Unidos amenazó con retirar recursos para la paz si se aprobaban licencias obligatorias para medicamentos genéricos.
Organizaciones como Acción Internacional para la Salud AIS, Fundación IFARMA y Global Humanitarian Progress Corp manifestaron su apoyo a la delegación de Colombia. En un comunicado, aseguraron que la iniciativa previene el uso injustificado de controversias en contra de los estados miembros, así como “interpretaciones restrictivas que puedan limitar la capacidad de los países de adoptar medidas legítimas en favor del acceso a medicamentos, la innovación y el desarrollo”.
El Espectador está en Camerún. En próximas entregas les contaremos qué pasó con la reforma a la OMC y con la propuesta de Colombia.
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