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Ecuador finalizó el 2023 como el país más violento de Latinoamérica, y tras la fuga de alias “Fito”, el líder de la agrupación delictiva “Los Choneros”, una serie de motines en diferentes centros penitenciarios del país, la toma de una canal de televisión en vivo y el ingreso de criminales a instalaciones educativas, el 2024 se inicia con un estado de excepción y un decreto de reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno.
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Con una tasa de muertes violentas superior a 40 por cada 100.000 habitantes y un total de 7.592 casos en todo el 2023, según cifras otorgadas por la policía a The Associated Press, Daniel Noboa llegó a la Presidencia con la promesa de que cambiaría la situación en Ecuador. Con menos de dos años para lograrlo y con tan solo un mes en el cargo, al inicio de esta semana decretó un estado de excepción que permitía el apoyo de efectivos militares en las acciones de la Policía.
Este martes, la situación de violencia escaló. Noboa sacó el decreto 111 que reconoce “la existencia de un conflicto armado interno” y con el que se establece la “movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”.
“Se reconoce que hay un conflicto armado interno, se reconoce cuáles son los grupos que estarían poniendo en riesgo la seguridad del Estado y de los ciudadanos, y frente a eso lo que se hace es ampliar las causales por las cuales se decreta el estado de excepción previo. Esta declaratoria de un conflicto armado interno faculta para que el Consejo de Seguridad pueda establecer qué grupos armados pueden ser considerados como terroristas y no solo objetivos de la policía, sino también de los militares”, explica Santiago Cahuasquí, profesor de las universidades SEK y Hemisferios de Ecuador.
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Son en total 22 organizaciones criminales las que serán objetivo de las Fuerzas Armadas: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.
En mandatos previos, el estado de excepción había sido decretado para combatir las crisis de violencia y seguridad. Según Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, al menos 15 fueron establecidos en el mandato de Guillermo Lasso. En ese entonces, el expresidente hizo énfasis en lo necesario que era “contar con el apoyo del personal militar”, pues “la capacidad numérica del personal policial podría resultar insuficiente”. Además, se limitaban los derechos a la libertad de reunión, la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida y del domicilio. Dos meses después, el estado de excepción se renovó, con un periodo de 30 días.
Según la Constitución ecuatoriana, el estado de excepción puede decretarse en el territorio nacional, “en caso de grave conmoción interna, observando los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad” y son respuesta a “graves amenazas que afectan la seguridad pública y del Estado”. Cahuasquí asegura que una medida así es “lo que amerita una situación como esta”, pero los resultados “han sido muy pobres”.
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“En el pasado no fue útil. De hecho, si los estados de excepción hubieran tenido algún tipo de efectividad los homicidios no se hubieran disparado en la forma como se han disparado, sobre todo en las provincias donde se han decretado”, añade Rivera.
Aunque la medida especial se estableció el lunes, el martes cuatro policías fueron secuestrados, con el presunto asesinato de uno de ellos a manos del crimen organizado; se reportaron carros bomba en varias provincias del país; hombres encapuchados y armados ingresaron a las instalaciones del medio TC Televisión, así como a la Universidad de Guayaquil.
La situación en el país es crítica y el profesor enfatiza en que la medida “no está surtiendo ningún efecto, más bien se está recrudeciendo”. “El estado de excepción de ha convertido, en estas pocas horas que tiene de vigencia, en un estado de terror”, asevera Cahuasquí.
¿Qué implica el reconocimiento de conflicto armado interno?
Con el anuncio de un conflicto armado interno, la situación podría ponerse peor. El profesor explica que con esta declaratoria iniciará una intervención de las Fuerzas Armadas con “un rol más ofensivo respecto al combate frontal del crimen organizado” y con un “papel más protagónico”.
“Inmediatamente podría aumentar la violencia. Si bien las fuerzas armadas están facultadas para usar la fuerza, el crimen organizado lo que está mandando con estos mensajes con la toma del canal de televisión, son muestras simbólicas del poder que ellos tienen y va a haber mucho menos temor que las instituciones de utilizar la fuerza. Entonces, que el Estado ahora sea un objetivo para el crimen organizado va a generar una ola de violencia sin precedentes. Esperaría que no genere víctimas colaterales”, asevera Rivera.
El enfoque guerrerista preocupa a Cahuasquí, pues experiencias en países latinoamericanos demuestran que no hay garantías de que los niveles de conflicto disminuyan, sino que suelen escalar.
“No comprender el fenómeno de la inseguridad desde una multiplicidad de aristas, desde la complejidad, involucra tener una mirada esencialista de la seguridad y de la forma en la cual se da tratamiento a la inseguridad. Sin embargo, el crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado ecuatoriano, que tiene que responder. Sin lugar a dudas, la respuesta es ejerciendo el monopolio de la fuerza y precautelando la seguridad de los ciudadanos”, dice.
En medio de un estado de guerra interna, queda otra cuestión clave sin solucionar: el hecho de que Noboa “no tiene un horizonte claro en temas de la política de seguridad y hacia dónde la quiere encaminar”, como enfatiza Rivera. Hasta ahora, únicamente se ha mostrado una estrategia política que busca “emular el modelo de Nayib Bukele”, pero esto necesitaría de “políticas muy profundas que requieren sobre todo un conocimiento específico del entorno de criminalidad en el Ecuador y los ministros y las personas que ha nombrado Daniel Noboa no cumplen con ese criterio”.
Además, está pendiente todavía una consulta popular que prometió Noboa en su campaña, con los objetivos de la intervención del personal militar en la lucha contra el crimen, el apoyo del sistema de Justicia en el aumento de penas y la promoción del empleo. Aunque el Gobierno presentó las 19 preguntas ante la Corte Constitucional, esta todavía no se ha pronunciado. Con el nuevo decreto, no se sabe en qué quedará la consulta.
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Por María José Barrios Figueroa
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