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HACE UNAS SEMANAS, LA SECRETAria de Gobierno de Bogotá, Clara López, tuvo el valor de plantear que la desaparición de los jóvenes en Soacha y Ciudad Bolívar podría tratarse de una “desaparición forzada colectiva”. Le cayeron rayos y centellas. No sólo tenía toda la razón, sino que a partir de sus oportunas denuncias, hoy es evidente que se trata de una verdadera monstruosidad, tanto por lo macabro como por las dimensiones del hecho.
Entre enero de 2007 y junio de 2008, por lo menos 535 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la Fuerza Pública, según la CCEEU. La Fiscalía informa que 1.015 víctimas han sido asesinadas y presentadas como muertes en combate por las FF.AA., que hay 728 de sus miembros vinculados a procesos penales por “falsos positivos” y que 42 más han sido condenados. La Procuraduría tiene abiertos 2.878 procesos que involucran a 934 integrantes de la Fuerza Pública, la inmensa mayoría perteneciente al Ejército, por homicidio en persona protegida desde 2001.
La decisión del presidente Uribe de retirar del servicio a 27 oficiales y suboficiales del Ejército, incluyendo a 3 generales, es por tanto acertada. Sin embargo, no es suficiente ni está dirigida a corregir el fondo del asunto.
Sacar a unas cuantas “manzanas podridas” no sirve para nada si no se modifican radicalmente las condiciones que propician su podredumbre. Más que la maldad de unos pocos descarriados, se trata de la consecuencia en gran parte de unas doctrinas y estrategias implementadas por este gobierno.
Uno de los principios de la mal llamada seguridad democrática es el no reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, del cual se desprende que las guerrillas no son compatriotas alzados en armas hace décadas, sino enemigos de la sociedad que hay que eliminar a toda costa. A eso se suma la perversa noción de que el éxito del Ejército se mide por la producción de cadáveres, que se premia con permisos y ascensos.
Por ende, el principal responsable no es ni siquiera el ministro Santos, sino el propio Comandante en Jefe, cuya inteligencia superior se ingenió la nueva doctrina y que en más de una ocasión, sin poder ocultar la ira detrás de sus anteojitos oscuros, ha ordenado a sus subalternos: ¡acábenlos!
Existen elementos importantes al interior de las FF.AA. comprometidos con los Derechos Humanos y no todo se le puede achacar al gobierno actual.
Esta atrocidad es también el producto de la descomposición social y moral que está carcomiendo al país. De la cultura de la violencia a la que contribuye la barbarie de las guerrillas y los paramilitares. Del clasismo y racismo de las élites tradicionales truncados con los nuevos valores del narcotráfico, en la que la vida no vale nada, especialmente la de los pobres y marginados. Del reino de la impunidad que llevó a los involucrados a obrar bajo la certeza de que nunca se sabría nada.
Pero independientemente de que esas condiciones sean o no el resultado de las políticas del actual gobierno, le corresponde a quienes hoy tienen el mando garantizar que no vuelva suceder nunca más.
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Mi pronóstico: Obama 353, McCain 185. Obama ganará todos los estados que Kerry ganó en 2004, más Virginia, Florida, Carolina del Norte, Ohio, Colorado, Nuevo México, Nevada y Iowa. ¡Viva Obama!
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